El caso del adulto mayor atropellado por un policía cumple dos meses sin fiscal identificado

La investigación por la muerte de Amadeo Linares Chávez, de 87 años, acumula reclamos de la familia. Una diligencia clave fue realizada una hora antes de la hora comunicada a sus abogados y ahora se pide su nulidad.

El 16 de julio, este medio informó que Amadeo Linares Chávez, de 87 años, murió atropellado en el carril exclusivo del Metropolitano, en la avenida Universitaria, en Comas, cuando se dirigía a un control médico para confirmar su recuperación de un cáncer. El conductor huyó del lugar y fue ubicado horas después en una clínica. Era Ángel Joel Torres Calderón, suboficial de tercera de la Policía Nacional asignado a la comisaría El Progreso, quien es investigado por homicidio culposo.

La familia denunció entonces que ni el efectivo ni la institución policial se comunicaron con ellos después de la muerte. Ahora, los documentos a los que accedió este medio muestran nuevos problemas en el desarrollo de la investigación: el plazo inicial para realizar las diligencias venció hace más de un mes y la defensa sostiene que todavía no cuenta, por escrito, con el número de carpeta fiscal ni con la identificación del fiscal encargado. A ello se suma un reclamo por la realización anticipada de una diligencia considerada clave.

Una investigación sin fiscal identificado

Un día después del atropello, el fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte —Cuarto Despacho— ordenó la realización de quince diligencias preliminares, para lo cual estableció un plazo de veinte días. Ese plazo venció hace más de un mes.

Jorge Linares, hijo de la víctima, se apersonó como agraviado el 30 de julio. Desde entonces, él y su defensa presentaron varios escritos para solicitar el número de carpeta fiscal y la identificación del fiscal responsable de dirigir la investigación. Según la ayuda memoria elaborada por la defensa, esos pedidos todavía no han sido respondidos por escrito.

La situación tiene una particularidad. En julio, la familia recibió información directa de un fiscal de esa misma fiscalía sobre el estado del caso. Sin embargo, semanas después, la defensa sostiene que no tiene formalmente identificado, en la documentación que ha recibido, al fiscal que conduce la investigación. Ese vacío es uno de los motivos de los reclamos presentados recientemente.

De las quince diligencias ordenadas inicialmente, la única cuyo resultado consta documentalmente es el dosaje etílico, que dio resultado negativo tanto para el conductor como para la víctima. Permanecen pendientes otras actuaciones, entre ellas la historia clínica del investigado, su registro biométrico y el certificado de constatación de daños del vehículo.

Una prueba clave se realizó una hora antes

El segundo reclamo surgió el 3 de setiembre. Ese día, la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UIAT) Norte, con sede en Ancón, había citado a la defensa de la familia para participar en la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad del accidente.

La diligencia había sido programada para las 11 de la mañana, según la citación firmada por el jefe de la unidad, comandante PNP José Antonio Suasnabar Vidarte.

El abogado de la familia, Marco Antonio Huamaní Soriano, llegó antes de la hora señalada. Sin embargo, un efectivo de turno le informó que la diligencia ya había terminado: había sido realizada a las 10 de la mañana.

Según la información recibida por el abogado, la defensa de la víctima habría sido considerada ausente. La instructora policial titular de la investigación tampoco estuvo presente durante la diligencia.

La defensa intentó comunicarse telefónicamente con el fiscal para informarle de lo ocurrido, pero, según el escrito presentado posteriormente, el fiscal señaló que se encontraba en una audiencia y no intervino en ese momento.

Ese mismo día, la defensa presentó una protesta ante la UIAT de Ancón y posteriormente formuló una queja ante el Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías de Tránsito de Lima Norte y otra ante la Inspectoría General de la Policía Nacional. También solicitó que se declare la nulidad de la diligencia.

La defensa pide anular la diligencia

El pedido presentado ante la Fiscalía sostiene que la visualización de las imágenes debe ser anulada porque la defensa fue convocada para las 11 de la mañana, pero la actuación se realizó una hora antes, sin sus abogados presentes.

La defensa invoca el derecho constitucional a la defensa y a no quedar en estado de indefensión, así como el artículo 150, literal d), del Código Procesal Penal, referido a las causales de nulidad absoluta. También cita un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta materia.

El argumento central es que la visualización de las cámaras constituye una diligencia que puede resultar irrepetible y cuya realización sin la participación de la defensa habría impedido que esta pudiera intervenir oportunamente.

La queja presentada ante la Inspectoría tiene un alcance diferente. La familia no atribuye de antemano una responsabilidad disciplinaria a ningún policía y pide que se determine quién ordenó modificar el horario de la diligencia y por qué ese cambio no fue comunicado a sus abogados.

El documento señala además que, después de lo ocurrido, la instructora policial habría ofrecido por WhatsApp enviar copias digitales de la diligencia, alegando razones de "urgencia". Según la queja, esas copias todavía no habían sido entregadas cuando fue presentada.

La defensa pidió a la Inspectoría que recabe, entre otras actuaciones, las comunicaciones realizadas por WhatsApp y la declaración del efectivo que atendió al abogado cuando llegó a la UIAT.

La familia pide que se esclarezcan las irregularidades

Los documentos presentados por la familia separan los hechos comprobables de las sospechas que todavía deben ser investigadas.

Hasta ahora, sostienen, existen tres hechos concretos: el plazo inicial de la investigación venció hace más de un mes; la diligencia de visualización de las cámaras se realizó a las 10 de la mañana pese a que la defensa había sido citada para las 11; y el fiscal no intervino cuando la defensa intentó comunicarle lo ocurrido.

La familia también quiere que se determine si existe alguna relación entre estas irregularidades y la condición de policía del investigado. Por ahora, esa posibilidad constituye una sospecha y no un hecho acreditado. Precisamente por ello, la defensa ha pedido que tanto la Fiscalía Superior como la Inspectoría de la PNP esclarezcan formalmente lo ocurrido.

El caso llega así a un punto particularmente delicado: una familia que todavía reclama conocer formalmente quién conduce la investigación y qué ha ocurrido con las diligencias ordenadas, mientras una prueba considerada central para determinar la responsabilidad del conductor —las imágenes del accidente— ha quedado bajo cuestionamiento por la forma en que fue realizada.

En julio, este medio también informó que, de 671 propuestas de expulsión de policías por faltas graves presentadas durante este año, solo 100 habían sido resueltas. Dos meses después de la muerte de Amadeo Linares Chávez, su familia continúa reclamando respuestas sobre una investigación cuyo desarrollo ahora deberá ser revisado por la Fiscalía y por la propia Policía.