Los costos de la ineficiencia y la corrupción

El ministro del Interior, César Astudillo, defendió su gestión y la labor de la Policía Nacional (PNP) ante la Comisión de Defensa del Congreso el pasado lunes 7 de septiembre. Era esperable que minimizara la preocupación ciudadana sobre la situación de la seguridad pública y buscara distraer la atención hacia lo que denominó “la migración irregular” para justificar así la necesidad de futuras expulsiones. Usó una frase que debió escandalizar, pero no lo hizo: “En el Perú hay más venezolanos que aymaras; hay cerca de 2 millones de venezolanos y de esos, con muchísimo esfuerzo, hemos sacado 1,635 expulsados del país; ser ilegal en el país no es delito”.

Como vemos, la intervención de Astudillo era la esperable de un funcionario de sus características. Sin embargo, hubo un asunto que debió merecer mayor atención. Dijo que para fortalecer la capacidad de la Policía Nacional del Perú, el ministerio había solicitado la aprobación de un presupuesto especial, para la compra de “equipamiento tecnológico avanzado y la modernización de los laboratorios de criminalística en el país”.

Días después, el 12 de setiembre, el diputado Harvey Colchado presentó un proyecto de ley modificatorio de la Ley 31473, para suspender la pensión de jubilación de militares y policías en retiro que, además de cobrar por un cargo de elección popular, reciban una pensión del Estado. La propuesta busca suprimir un beneficio que permite a excongresistas y actuales legisladores con pasado en las Fuerzas Armadas o la PNP acumular ambos ingresos sin ningún límite.

Astudillo y Colchado pusieron sobre la mesa aspectos presupuestales que, seguramente, es el menos debatido pero el más importante cuando consideramos la situación de la seguridad pública. Pero ambos, lamentablemente, parecen haber hecho un saludo, muy pequeño, además, a la bandera. 

Un primer aspecto, el más general, es que el presupuesto peruano en 2026, equivale alrededor del 20.6% del PBI, mientras que el promedio en los países de OCDE suele representar entre 35% y 50%. Incluso, en Estados de bienestar más amplios (como los nórdicos) superan el 45%. De otro lado, en América Latina, el presupuesto público suele estar entre 20% y 30%. En suma, estamos entre los Estados más pequeños y con menor capacidad redistributiva, que lo ubica en el rango bajo de la región.

Por sí solo, esto significa que tenemos un Estado con limitada capacidad de inversión y redistribución. Además, si gran parte de ese 20% se destina a gasto corriente (sueldos, pensiones), la capacidad de inversión en infraestructura y servicios sociales se reduce aún más.

En el presupuesto público del Perú para el 2026, aproximadamente el 65% del gasto total está destinado a gastos corrientes, y dentro de este rubro, sueldos y obligaciones sociales representan cerca del 32% del mismo. Esto significa que casi 1 de cada 3 soles del presupuesto público se dedica directamente a remuneraciones y pensiones.

Esto nos está indicando una alta rigidez presupuestal, porque más de la mitad del presupuesto se consume en gasto corriente, lo que limita el margen para inversión pública. De otro lado, el predominio de sueldos y pensiones, hace que el Estado peruano sea, en gran medida, un sistema de empleo y previsión social, especialmente en sectores como Educación, Salud, Interior y Defensa. Asimismo, hay un asunto de sostenibilidad fiscal, ya que el incremento en remuneraciones y pensiones (11.8% más que en 2025) presiona las cuentas fiscales y reduce la capacidad de financiar proyectos de infraestructura.

Entonces, todo esto permite discutir cómo el presupuesto nacional se orienta más a mantener la estructura estatal que a impulsar inversión, reforzando el debate sobre la sostenibilidad del modelo: ¿es legítimo que el Estado destine casi dos tercios de sus recursos a gasto corriente en lugar de inversión social y productiva?

Pero, si nos circunscribimos a los sectores responsables de la seguridad, tenemos que en el presupuesto 2026 del sector Defensa, más del 90% del gasto total se destina a gastos corrientes, y dentro de este rubro las remuneraciones y pensiones absorben más del 70%. En el sector Interior, alrededor del 82% del presupuesto del sector corresponde a este rubro, y dentro de él, la masa salarial (sueldos y obligaciones sociales) absorbe aproximadamente 55% del total sectorial.

Del lobo, un pelo. Un general de la Policía Nacional del Perú (también de las fuerzas armadas, porque están homologados), recibe actualmente un salario base aproximado de S/ 11,659 mensuales. Pero, este ingreso puede aumentar significativamente gracias a diversos beneficios adicionales como bonificaciones, asignaciones por función, compensaciones por riesgo y pensiones reajustadas.

En la práctica, el ingreso real puede superar los S/ 15,000–18,000 mensuales, dependiendo de los complementos y beneficios como acceso a programas educativos, salud, vivienda institucional y viáticos en caso de comisiones de servicio. Además, tener en cuenta que el vigente Decreto Ley 19846, estipula que los generales en retiro reciben pensiones equivalentes al 100% de la remuneración en actividad, lo que asegura continuidad de ingresos.

Esta situación es semejante a la que podemos observar en el Poder Judicial. Un juez supremo tiene una remuneración básica de 15,600 soles, a la que se suma bonificaciones jurisdiccionales (7,617), gastos operativos (7,800), bonificación adicional (11,700) e incrementos (3,382). En tanto, un juez superior tiene una remuneración básica de 3,005 soles, bonificaciones jurisdiccionales (4,500), gastos operativos (11,068), bonificación adicional (9,360) e incrementos (2,706).

En contraste, los maestros de escuelas públicas, tienen un salario promedio entre S/ 2,800 y S/ 3,500, con bonificaciones menores (CTS, escolaridad, gratificaciones). Mientras que los maestros representan la mayor masa salarial del Estado, los jueces y generales concentran ingresos altos por persona, reflejando desigualdad en la estructura remunerativa estatal.

Hasta aquí, si bien se muestra un grave desfase en las remuneraciones del Estado peruano, no lo es todo.  Más grave aún es la distancia existente entre el gasto/inversión realizada por el Estado peruano y la correspondiente tasa de retorno, el indicador más claro de su eficacia y legitimidad.

Si estas tasas de retorno las colocamos en función, por ejemplo, de objetivos de desarrollo, no demoraremos en constatar que lo gastado en justicia y seguridad por el Estado peruano -fundamentalmente, alta inversión en salarios- da como resultado una baja tasa de retorno social, porque persisten la desconfianza hacia las instituciones públicas, crecientes tasas de criminalidad y alta percepción de corrupción. De otro lado, la inversión educativa, aun con sus enormes deficiencias, como muestra los últimos resultados PISA, muestran tasas de retorno en capital humano, productividad y cohesión social.

Es decir, los altos salarios en seguridad y justicia no garantizan legitimidad ni confianza, mientras que la inversión en educación, aunque menor por persona, genera un retorno mucho más tangible en desarrollo. En otras palabras, cuando el Estado destina enormes recursos a justicia y seguridad (jueces, policías y militares) pero la ciudadanía mantiene una alta desconfianza institucional y percibe niveles elevados de corrupción, la tasa de retorno de esa inversión es prácticamente nula o incluso negativa en términos de desarrollo. La ineficiencia no es solamente dejar de hacer y sumar los daños que provoca esta inacción sino, también, pagarla -y bien- con nuestros impuestos.