Lo que oculta Edwin Oviedo

Edwin Oviedo se presenta como un hombre completamente inocente: invoca su absolución en el caso de “Los Wachiturros de Tumán” como prueba de su rectitud y repite en entrevistas que fue víctima de una cacería política y de una persecución pública y judicial. Incluso ha lanzado un libro con ese mensaje, presentado en la Feria del Libro acompañado de figuras como Cubillas y Gareca, buscando proyectar la imagen de un hombre limpio y reivindicado ante la opinión pública.

Sin embargo, pocos periodistas o declaraciones públicas destacan con la misma claridad que su batalla judicial no está cerrada. Aún enfrenta uno de los procesos más graves de la historia peruana en materia de corrupción: “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Este juicio pendiente no es una sombra menor, sino un expediente cargado de acusaciones graves, pruebas documentales, grabaciones y rastros financieros que lo ubican no como un simple actor pasajero, sino como un posible beneficiario directo de una trama destinada a corromper la justicia.

La acusación pendiente y las pruebas que la respaldan

El Ministerio Público lo imputa por cohecho activo genérico y específico, delitos que consisten en ofrecer, prometer o entregar beneficios a un funcionario público para que realice u omita un acto dentro de sus funciones de manera indebida. En el caso de Oviedo, la fiscalía sostiene que, mientras ejercía como dirigente futbolístico y todavía estaba bajo investigación por el caso Tumán, habría entregado generosas dádivas al juez supremo César Hinostroza Pariachi con el propósito de influir en sus decisiones judiciales. El cohecho genérico se refiere a cualquier acto indebido del funcionario favorecido, mientras que el específico implica que las dádivas estaban dirigidas a una actuación concreta, en este caso la revisión y eventual fallo favorable en los procesos legales que involucraban a Oviedo.

Según la Fiscalía, esas dádivas incluyeron entradas para partidos de la selección durante las Eliminatorias de Rusia 2018, S/ 3 300 mensuales, y transferencias en dólares destinadas a cubrir viajes, alojamiento y gastos personales de Hinostroza, su esposa y otros acompañantes durante el Mundial. No fueron actos de cortesía institucional, remarca la acusación: fueron pagos de influencia diseñados para impactar fallos judiciales favorables, en los que Oviedo tenía responsabilidad personal.

La articulación probatoria es contundente. Audios interceptados revelan conversaciones en las que Hinostroza coordina con el empresario Antonio Camayo —su intermediario— la entrega de entradas y menciona que en Rusia recibirá “lo demás” de su “amigo, el gordito”. La Fiscalía identifica ese “gordito” con Oviedo, lo que subraya que no se trató de casualidad ni cortesía, sino de un acuerdo con alta carga funcional. Además, colaboradores eficaces han sostenido haber visto flujos de dinero que incluso alcanzaron miles de dólares y se mantuvieron de forma regular.

En ese entorno, el Ministerio Público formalizó la acusación el 28 de junio de 2024, pidiendo seis años de prisión y diez de inhabilitación para Oviedo, mientras imputaba cargos similares a figuras como José Carlos Isla y Alberto Chang, lo cual muestra que no fue un caso aislado, sino parte de una red empresarial estructurada para influir en el sistema judicial.

El proceso ahora se encuentra en etapa de control de acusación. Si la acusación es admitida, pasará al juicio oral, donde fiscales tienen la oportunidad de exponer audios, testimonios, registros financieros y situar a Oviedo en el centro de una operación corrupta. La solidez de las pruebas contrasta radicalmente con el caso “Wachiturros”, donde los testimonios difíciles de corroborar jugaron un papel crucial.

Entre una absolución polémica y un proceso estructurado

El episodio de “Wachiturros” concluyó con una absolución firme el 22 de agosto de 2024, ratificada por unanimidad el 8 de abril de 2025. En ese fallo, los tribunales cuestionaron la calidad de la investigación fiscal, la dependencia de testimonios no corroborados e incluso sugirieron investigar al exfiscal Juan Carrasco Millones por su actuación. Hoy, Oviedo se presenta como un hombre redimido; sin embargo, omite mencionar que, según la Fiscalía, mientras afrontaba ese caso, habría realizado actos de corrupción para favorecerse ante uno de los jueces supremos más cuestionados del país.

Ese contraste –entre una absolución lograda con dificultades y condiciones cuestionables, y una acusación bien sustentada en otro frente penal– demuestra que el discurso de “victimización” de Oviedo puede ser soberbio y conveniente, pero no inocente. Aquí no hay testigos opacos ni declaraciones sueltas: hay audios filmados, pagos detectables, intermediarios identificados. Y, si el sistema funciona, veremos si la justicia que lo libró de uno de los procesos más graves lo considera responsable de otro, aún más elegante y peligroso en sus formas.