Las otras leyes procrimen

Se acaban de derogar los lineamientos de la Educación Sexual Integral para reemplazarlos por los de “Educación sexual con base científica, biológica y ética”, como ya ocurrió con la sustitución de la Política Nacional de Igualdad de Género por la llamada “Política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. También se promueve retirar la figura del feminicidio del Código Penal para reemplazarla por la de “asesinato de la pareja”. A ello se suma la intención de introducir el delito de “denuncias falsas” en los casos de violencia familiar.

A primera vista, estos cambios terminológicos podrían parecer inocuos. Sin embargo, en todos los casos se trata de graves retrocesos en la protección de la vida y el bienestar de mujeres y niñas, además de fórmulas que facilitan la impunidad o incluso terminan protegiendo a los perpetradores de violencias de género, como el maltrato, las violaciones sexuales y los feminicidios. Sí, también estamos frente a leyes procrimen.

¿Qué hay detrás de estas iniciativas legislativas? En esencia, un negacionismo militante de las desigualdades estructurales de género; es decir, la negación de un machismo que maltrata, viola y asesina.

La pastora Aguayo y su sector político, responsables de los mencionados despropósitos legislativos, afirman que el enfoque de género, cuyo fin es proveer las explicaciones estructurales que permiten entender y abordar las raíces profundas de la desigualdad y la violencia entre hombres y mujeres, y también hacia disidencias sexuales, son pura ideología. “Ideología de género”, dicen. Para ellos, esas desigualdades sociales son reflejo de un mandato natural (“diseño natural”), y en la defensa de ese credo patriarcal, se basa su afán de retirar el enfoque de género de la política pública. Para ello, niegan la vulnerabilidad a la violencia, que enfrentan específicamente mujeres y niñas en una sociedad machista como la nuestra. 

En el templo, la pastora gritaba a voz en cuello su defensa de la desigualdad: “[a las mujeres] muchas veces nos puede parecer que somos más inteligentes que el hombre y es tan triste porque no nos damos cuenta de la posición que dios nos dio, el señor nos creó para ser ayudas idóneas de nuestro esposo […] para rodear a nuestro esposo con todas esas habilidades que dios nos ha dado para sostener su liderazgo, para sostener su sacerdocio y para sostener el manto profético que tiene en el hogar. Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa, esa es la posición que dios le dio al hombre y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que dios le dio”. Como en el terreno de la política pública, esta convicción de corte religioso no puede ser expuesta de forma tan evidente, recurre a maromas terminológicas.

Así, por ejemplo, la ley 32535, que logró aprobar en noviembre de 2025, cambia la política nacional de igualdad de género por “política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” y con esto, de fondo, erradica el enfoque de género de toda la política pública. Ahí la mesa quedó servida para traerse abajo la Educación SexuaI Integral, intentar hacerlo con la figura penal de feminicidio y todas aquellas políticas públicas que visibilizan y buscan revertir las desigualdades estructurales de género.   

La mencionada ley prescribe eliminar toda referencia a la Educación Sexual Integral (ESI) y de ahí se deriva la normativa reciente del MINEDU que deroga los lineamientos de ESI, un modelo pedagógico integral y especializado para trabajar la educación sexual con parámetros establecidos a partir de un acumulado de evidencia e investigación a nivel global, respaldado por organizaciones expertas como UNFPA y UNESCO, entre otras, y que incorpora los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.

Este modelo pedagógico, tan sólido tenía una implementación insuficiente en el país y lo que se requería era fortalecerlo, no reemplazarlo por un invento improvisado como la “Educación Sexual con base científica, biológica y ética”, algo que no existe como enfoque probado ni cuenta con estándares que posibiliten seguimiento y evaluación. El nombre rimbombante puede despistar, pero es pura cáscara y de fondo solo debilita un enfoque que sí era integral. 

Entre los recortes producto de este cambio, se retiró, por supuesto, el enfoque de género, un marco crucial para trabajar de manera efectiva la prevención de violencias y la importancia del consentimiento. Se trata de un debilitamiento normativo inaceptable en un país con altísima prevalencia de violencia sexual sobre todo en niñas y adolescentes, donde la violación de muchas de ellas ocurre en sus propios hogares y hasta en sus escuelas – como es el caso de niñas indígenas Awajun y Wampis –  y donde, según la ENARES 2024, el 56% de los varones adultos peruanos, llega a justificar casos de violencia sexual. Los abusadores sexuales encontrarán más allanado el camino gracias a estos cambios. 

La pastora congresista y sus aliados políticos no consideran suficiente debilitar políticas que podrían prevenir la violencia sexual, quieren además, facilitarles la vida también a feminicidas a través del Proyecto de Ley N.° 10342/2024-CR que busca eliminar la figura de feminicidio del Código Penal. Esta figura surge con la intención de visibilizar la vulnerabilidad letal que enfrentan las mujeres como parte de una sociedad machista, con un ordenamiento jerárquico de género. En el Perú, los casos de feminicidio ascendieron en un 83% en una década, si comparamos cifras de 2015 (84) y 2024 (154), llegando a sumar un total de 1,345 asesinadas en dicho periodo (MIMP). 

No existen cifras semejantes de hombres asesinados por sus parejas u otras mujeres en un marco de relaciones de poder. La desigualdad estructural de género cuesta vidas de mujeres y es lo que la ley busca hacer visible y sancionar de manera agravada, para desalentar a los perpetradores. Por eso, el reemplazo de “feminicidio” por “asesinato de pareja” que propone la pastora en el mencionado PL, debilita la atención a la problemática de vulnerabilidad particular que enfrentan las mujeres y reduce el alcance, pues un feminicidio no solo se perpetra por la pareja, como lo demuestra el caso de Eivy Agreda, quemada en un bus por un hombre que no soportó ser rechazado por ella. Pero para la pastora, el negacionismo de las desigualdades de género es un fin mayor que la protección de la vida de las mujeres. 

Otra iniciativa legislativa que busca hacerle más tranquila la existencia a quienes cometen delitos de género, es el Proyecto de Ley N.º 11561/2024-CR del congresista Alejandro Muñante, también de Renovación Popular, que pretende criminalizar y castigar con cárcel a las mujeres que realizan denuncias por violencia familiar si estas no llegan a sentencia firme. Es decir, que la responsabilidad por las fallas de un sistema de justicia tan inoperante como el peruano – donde tantos procesos quedan inconclusos y donde suele haber tanta indolencia frente a los casos de violencia de género – se trasladará a las denunciantes, a quienes se culpará entonces de “denuncias falsas”. Una ley como esta solo lograría más temor, menos denuncias y más impunidad. Pero bien servidos quedarían los perpetradores.

Las iniciativas legislativas mencionadas son solo algunas de las muchas presentadas en esa misma línea por Aguayo y Muñante. Hay varias, por ejemplo, que buscan dificultar el acceso al derecho al aborto terapéutico, legal en el Perú desde 1924. Esto, incluso, cuando se trata de niñas violadas con embarazos forzados, lo que constituye tortura y pone en riesgo sus vidas. Aquí, las propuestas legislativas buscan extremar la posición del Estado como perpetrador de violencia criminal de género, pues forzar a un embarazo es una forma de violación del cuerpo de las mujeres desde el propio Estado. 

Aguayo, Muñante y el pakto que los sostiene, dicen legislar contra una “ideología de género” peligrosa, pero la ideología realmente peligrosa y criminal, en el terreno del género, es el machismo que viola y mata y que sus iniciativas legislativas facilitan, defienden y buscan perpetuar. Estas otras leyes también deberían ser de enorme preocupación para los sectores políticos democráticos. Una alternativa de gobierno que se enfrente al pakto, debe plantarse con fuerza y firmeza contra ellas y derogar las que ya alcanzaron ser aprobadas. 

No es casual que ambos paquetes de leyes procrimen provengan, sobre todo, del mismo sector político. La mafialidad político/corrupta y la de los crímenes de género confluyen en una voluntad permanente de rapiña sobre cuerpos y bienes comunes. Ambas se decantan por un sistema voraz que en lo social, político y económico, deben transformarse profundamente.