4 graves denuncias que pesan sobre el jefe de la PNP

El general Víctor José Zanabria Angulo, actual comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), se encuentra en el centro de una tormenta judicial e institucional tras acumular diversas denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos, abuso de autoridad, favorecimientos personales y vínculos con actividades ilícitas. A continuación, se presentan las principales acusaciones en su contra.

1. Uso de policías como obreros en obras públicas

Según seis testimonios, en 2020, cuando Víctor Zanabria era jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, al menos 15 agentes de patrullaje fueron obligados a realizar trabajos de albañilería, electricidad y carpintería en la sede policial. Las labores incluyeron la remodelación del patio de armas, pintura de ambientes y mantenimiento de oficinas, tareas ajenas a sus funciones de seguridad ciudadana. Los policías fueron retirados de sus rondas en horario laboral y, en varios casos, amenazados con sanciones si se negaban a colaborar. No se emitió ninguna orden formal que justificara este desvío de funciones, lo que refuerza las sospechas de abuso de autoridad. La Fiscalía cuenta con testimonios de los agentes afectados y del obrero Claver Colquehuanca, quien declaró haber recibido un pago de S/17,600 cuando solo se le debía S/200, y que se le habría pedido devolver la diferencia a oficiales superiores, lo que indicaría un posible intento de apropiación de fondos públicos. El caso ha sido declarado complejo y la investigación, que abarca los delitos de peculado doloso, negociación incompatible y abuso de autoridad, fue ampliada por ocho meses. La Procuraduría General del Estado ha solicitado una reparación civil de S/20,000.

2. Compras sobrevaloradas en la Escuela Nacional de Formación Policial

Durante su gestión como director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) entre 2022 y 2023, Zanabria autorizó adquisiciones por más de S/ 42 millones en uniformes, colchones, y mobiliario para los cadetes, sin convocar proceso de licitación. El argumento oficial fue una supuesta situación de emergencia por desabastecimiento.

Sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República identificó que se manipularon las especificaciones técnicas para beneficiar a empresas determinadas, resultando en la compra de productos de mala calidad a precios inflados. La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior ha abierto una investigación que incluye a Zanabria y a otros 18 funcionarios por presunta colusión, direccionamiento contractual y malversación de fondos.

3. Contratación irregular de su hijo en el Gobierno Regional de Arequipa

En 2023, Víctor Ethiem Zanabria Bacigalupo, hijo del general Zanabria, fue contratado como asistente administrativo del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) del Gobierno Regional de Arequipa. Una auditoría de la Contraloría reveló serias irregularidades: su contratación se financió con recursos destinados a obras públicas paralizadas o en proceso de liquidación, y además no cumplía con el perfil profesional exigido para el cargo.

Aún más grave, los registros muestran que el hijo del general fue rotado hasta en ocho diferentes proyectos, sin evidencia de haber desarrollado función alguna. El caso es investigado como posible direccionamiento y uso indebido de recursos públicos con fines personales o familiares.

4. Vínculos con minería ilegal en Caravelí

En uno de los casos más delicados, el general Zanabria ha sido mencionado por un colaborador eficaz en la investigación sobre un conflicto minero en Caravelí (Arequipa) ocurrido en 2020, que dejó 14 personas muertas. El colaborador identificó a Zanabria bajo el alias de “El Canario” y lo implicó directamente en supuestas coordinaciones para brindar protección policial a la empresa Intigold Mining, vinculada a minería informal e ilegal.

Se alega que Zanabria habría ordenado que los agentes bajo su mando resguarden las instalaciones de la empresa durante enfrentamientos armados, presuntamente a cambio de dádivas o beneficios económicos. El caso es seguido por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, y de confirmarse los vínculos, se trataría de un grave delito de colusión con economías ilegales.