La sangre que tiñó el calendario

Crónica del origen del Primero de Mayo

Hay una imagen que los libros de historia raramente muestran, pero que existió: la de un niño de ocho años despertándose a las cuatro de la mañana en un cuarto sin ventanas en Chicago, en el año de 1880, comiendo algo que apenas podría llamarse desayuno, y caminando solo bajo la oscuridad hacia una fábrica textil donde pasaría las siguientes doce horas de pie, entre telares que le comerían los dedos si se distraía. No era una excepción. Era la norma. Era el capitalismo industrial en su forma más desnuda, sin el barniz que con el tiempo aprendería a ponerse.

El siglo XIX fue el siglo en que el capitalismo se mostró tal cual era: no como un sistema de libertades y méritos, sino como una maquinaria de extracción. Los propietarios de las fábricas acumulaban fortunas que ningún rey medieval habría podido imaginar, mientras que los hombres, mujeres y niños que producían esa riqueza morían jóvenes, exhaustos, con los pulmones llenos de algodón o carbón o polvo de metal, sin derechos, sin descanso, sin voz. El liberalismo económico de la época tenía una respuesta para esto: era la ley natural del mercado. El orden divino del capital. La voluntad de Dios o de Adam Smith, que para muchos patrones venían siendo la misma cosa.

Pero los trabajadores empezaban a tener sus propias lecturas de la realidad.

En las tabernas y en los sótanos húmedos de las ciudades industriales de Europa y América, circulaban ideas que olían a pólvora. Marx y Engels habían publicado el Manifiesto Comunista en 1848, el mismo año en que Europa ardió en revoluciones que los ejércitos de la reacción aplastaron una a una. Los anarquistas debatían con los socialistas, los socialistas con los sindicalistas, los sindicalistas con los comunistas, y todos ellos debatían entre sí con una intensidad que solo produce la convicción de que el mundo puede —y debe— ser diferente. No era una discusión académica. Era una discusión de vida o muerte, porque el mundo que existía estaba matando a la gente.

En ese contexto llegaron al continente americano miles y miles de inmigrantes europeos que traían consigo, entre sus pocas pertenencias, esas ideas. Alemanes, irlandeses, polacos, italianos, checos, suecos. Muchos eran socialistas o anarquistas o simpatizantes de ambas cosas. Llegaban huyendo del hambre o de la represión política en sus países de origen, y encontraban en las ciudades industriales de Norteamérica una explotación que no era muy distinta de la que habían dejado atrás, pero que ahora enfrentaban con la experiencia organizativa que habían acumulado cruzando el Atlántico. Chicago, en particular, se convirtió en uno de los centros más vibrantes de ese fermento. Una ciudad violenta, febril, construida sobre pantanos congelados y ambición desbordada, donde el dinero y la miseria convivían a una distancia obscena.

La aritmética de la dignidad

La demanda que unificó al movimiento obrero norteamericano en la década de 1880 era, en su formulación, casi modesta: ocho horas de trabajo. Ocho horas de descanso. Ocho horas para lo que uno quisiera. Veinticuatro dividido en tres partes iguales. Una aritmética elemental que, sin embargo, representaba una ruptura radical con el orden existente, porque en el fondo lo que decía era esto: el trabajador es un ser humano, no una herramienta. Su tiempo le pertenece. Su cuerpo no es propiedad del patrón.

El movimiento por las ocho horas venía tomando fuerza desde la Guerra de Secesión. Hay algo significativo en esa cronología: fue la misma guerra que abolió la esclavitud formal la que abrió el espacio para que los trabajadores libres comenzaran a exigir que esa libertad tuviera contenido real. El presidente Andrew Johnson había firmado en 1868 una ley que establecía la jornada de ocho horas para los trabajadores federales, pero la ley era papel mojado: los empleadores la ignoraban, los jueces la interpretaban a su favor, y el Estado miraba hacia otro lado con la comodidad de quien no tiene ningún incentivo para mirar hacia adelante.

La Federación del Trabajo y la Orden de los Caballeros del Trabajo decidieron que la táctica de rogar al Estado había demostrado ya sus limitaciones. Fijaron entonces una fecha: el 1 de mayo de 1886 sería el día del ultimátum. Si para esa fecha los empleadores no habían adoptado la jornada de ocho horas, habría huelga general. No era una petición. Era una declaración.

Los meses previos al 1 de mayo de 1886 fueron de una organización febril y fabril. En Chicago, los líderes del movimiento eran figuras extraordinarias que la historia oficial ha tratado sistemáticamente de enterrar.

Albert Parsons, tejano, veterano de la Guerra de Secesión, había combatido del lado confederado de joven —una contradicción que él mismo resolvió convirtiéndose en uno de los militantes más comprometidos con los derechos de los trabajadores negros en Texas, lo que le costó tener que huir al norte con su esposa Lucy, hija de esclava, que era si cabe más radical que él—. August Spies, alemán de nacimiento, editor de un periódico obrero en alemán llamado Arbeiter-Zeitung, era un anarquista de convicciones sólidas y pluma afilada. Samuel Fielden, inglés, era un predicador metodista que había derivado del evangelio al socialismo con la lógica implacable de quien se toma en serio el sermón de la montaña. Oscar Neebe, Georg Engel, Adolph Fischer, Michael Schwab: nombres que el viento de la historia oficial intentó borrar y que sin embargo siguen ahí, tercamente grabados en el registro de quienes decidieron que la dignidad no era negociable.

El primero de mayo

El día llegó con una claridad que parecía cargada de sentido. En todo Estados Unidos, 340.000 trabajadores se declararon en huelga. Era el mayor paro laboral que había visto el país hasta ese momento. Solo en Chicago marcharon aproximadamente 80.000 personas, según las estimaciones más conservadoras —otras fuentes hablan de hasta 90.000—, avanzando por las calles con pancartas que pedían lo que hoy suena elemental: no morir en el trabajo. La ciudad amaneció con las fábricas mudas, las chimeneas apagadas por primera vez en la memoria de muchos. Era una demostración de poder que ningún discurso político habría podido producir: la prueba visible, material, irrefutable, de que sin los trabajadores no existía nada. Ni el acero, ni el grano, ni el humo, ni la riqueza de los hombres que esa riqueza llamaban suya.

Los empleadores respondieron con una mezcla de pánico y furia que también era aleccionadora. Contrataron esquiroles, llamaron a la policía privada —las infames agencias Pinkerton, mercenarios del capital que llevaban décadas especializándose en romper huelgas a golpes—, y presionaron a las autoridades para que actuaran. El Chicago Daily Tribune publicó editoriales que pedían mano dura. Los hombres de negocios se reunían en sus clubes y calculaban cuánto les costaba cada día de paralización, y la cifra les producía una angustia que confundían con indignación moral.

Pero el 1 de mayo, al menos, fue pacífico. La demostración de fuerza obrera fue tan masiva que incluso la policía se contuvo. Fue un día extraño y hermoso, de esos que abren una grieta en el tiempo y permiten vislumbrar, aunque sea por unas horas, cómo podría ser el mundo si quienes lo construyen tuvieran algo que decir sobre cómo funciona. La grieta se cerró dos días después.

El  preludio

Tres de mayo, planta de la International Harvester, empresa del magnate Cyrus McCormick Jr., heredero de una de las fortunas más grandes de Illinois. Los trabajadores de la fábrica llevaban semanas en huelga. McCormick había importado esquiroles para reemplazarlos y había pedido protección policial para garantizar que la producción continuara. Era el manual clásico: el Estado al servicio del capital, con la brutalidad directa de quien no necesita excusas.

Ese mediodía, cuando los esquiroles salían del turno, los huelguistas que hacían guardia afuera comenzaron a increparlos. La policía, que estaba allí esperando ese momento, cargó contra los trabajadores a golpes y disparos. Las versiones sobre la cantidad exacta de muertos varían entre dos y seis, dependiendo de la fuente, pero lo que no varía es el hecho central: la policía de Chicago disparó contra trabajadores desarmados que reclamaban su empleo.

August Spies estaba allí y vio lo que pasó. Regresó al periódico y escribió con una ira que lo sacudía entero. Esa noche redactó un llamado a reunirse al día siguiente en la Plaza Haymarket. El texto original contenía una frase —"¡A las armas!"— que Spies mismo retiró antes de imprimir la versión final, moderando el lenguaje para evitar provocaciones. El volante que circuló era una convocatoria a un acto de protesta, no a una insurrección. Ese detalle, que el juicio posterior ignoró sistemáticamente, es uno de los muchos que permiten entender lo que vino a continuación como lo que fue: no justicia, sino venganza de clase.

La noche que partió la historia en dos

Cuatro de mayo de 1886. La Plaza Haymarket, una intersección en el corazón del barrio industrial de Chicago, se fue llenando de gente a lo largo de la tarde. El tiempo era inestable, con nubarrones que amenazaban lluvia, y eso hizo que la concurrencia fuera menor de lo esperado: unas tres mil personas, según los reportes, aunque el número fue disminuyendo conforme avanzaba la noche y el frío se hacía más intenso.

El acto fue, en todos los testimonios contemporáneos —incluyendo el del alcalde Carter Harrison, que asistió para vigilar personalmente la situación—, completamente pacífico. Los oradores se alternaron en la improvisada tribuna. Spies habló. Parsons habló, recién llegado en tren de Cincinnati donde había estado en otro mitin. Fielden estaba terminando su discurso cuando, cerca de las diez y media de la noche, un contingente de casi 180 policías bajo el mando del inspector John Bonfield avanzó hacia la multitud con la orden de disolverla.

Bonfield era conocido por su brutalidad. Los trabajadores de Chicago lo llamaban "el carnicero". Era exactamente el tipo de hombre que el poder elige para sus momentos más sucios: alguien que no tiene escrúpulos y que puede siempre alegar que solo cumplía órdenes.

Fielden protestó desde el podio: el mitin era pacífico, dijo. La policía avanzó de todas formas.

Y entonces algo voló por el aire y explotó.

Una bomba casera, construida sobre un tubo de metal, detonó entre las filas policiales. El oficial Mathias Degan murió en el acto. Decenas de policías cayeron heridos. La policía, aterrorizada y desorientada, comenzó a disparar hacia la multitud —y también, en el caos, hacia sus propios compañeros—. La gente corrió en todas direcciones. El mitin se deshizo en segundos, reemplazado por el pánico y los gritos y el olor a pólvora.

El balance final fue de once muertos: siete policías y cuatro civiles. Más de cien heridos. Y una pregunta que nunca tuvo respuesta oficial satisfactoria: ¿quién lanzó la bomba? No se sabe. Después de 140 años, no se sabe. Hubo teorías, hubo sospechosos, hubo nombres que circularon. El nombre de Rudolph Schnaubelt apareció mencionado en algunos testimonios. Pero Schnaubelt escapó a Europa y nunca fue juzgado, y la identidad del lanzador de la bomba permanece como uno de esos vacíos de la historia que el poder no tuvo ningún incentivo en resolver, porque la incertidumbre le era más útil que la verdad. Lo que el poder necesitaba no era un culpable real. Necesitaba un ejemplo.

La farsa del siglo

Lo que siguió fue una caza de brujas que avergonzaría a cualquier sistema judicial mínimamente serio, y que sin embargo fue presentado durante años como la demostración de que la ley norteamericana funcionaba.

La policía de Chicago no fue a buscar al lanzador de la bomba. Fue a buscar a los líderes del movimiento obrero. En los días siguientes al 4 de mayo, la ciudad fue sometida a una especie de estado de sitio informal: redadas en imprentas, en locales sindicales, en casas particulares. Se confiscaron libros, panfletos, cartas privadas. Se arrestó a docenas de personas. La prensa —controlada, como siempre, por los mismos intereses que los huelguistas cuestionaban— publicó titulares que pedían exterminar a los "comunistas" y "anarquistas" que amenazaban el orden americano.

Ocho hombres fueron finalmente acusados de asesinato: August Spies, Albert Parsons, Samuel Fielden, Michael Schwab, George Engel, Adolph Fischer, Louis Lingg y Oscar Neebe. La acusación era que habían incitado a un desconocido a fabricar y lanzar una bomba. Era, en términos jurídicos, una teoría de responsabilidad que hubiera resultado inviable en cualquier tribunal medianamente imparcial.

Pero el juez Joseph Gary no era medianamente imparcial. El jurado fue seleccionado con un descaro que habría escandalizado a un estudiante de primer año de derecho: varios de sus miembros tenían vínculos directos con los empleadores contra los que los acusados habían estado organizando huelgas. El abogado defensor protestó. El juez Gary desestimó las protestas. La acusación presentó como evidencia los discursos públicos de los acusados, sus artículos periodísticos, sus convicciones políticas. Llamó al estrado a testigos que luego admitirían haber mentido bajo juramento.

El fiscal Julius Grinnell fue explícito en su argumento final: no se trataba de establecer la culpabilidad individual de cada acusado. Se trataba de condenar sus ideas. "Condenen a estos hombres", dijo, "hagan de ellos un ejemplo, salven a nuestras instituciones, salven a nuestra sociedad".

El 20 de agosto de 1886, el jurado deliberó durante tres horas y encontró a todos los acusados culpables. Siete fueron condenados a muerte. Oscar Neebe fue condenado a quince años de trabajos forzados porque incluso ese jurado no encontró suficiente evidencia contra él para algo peor, lo que en el contexto del proceso era una especie de absolución relativa que sin embargo significaba quince años de su vida.

La horca y el martirio

El mundo protestó. No todos, pero mucho más de lo que la prensa norteamericana quiso reconocer en su momento. En Europa, los movimientos obreros organizaron manifestaciones de solidaridad. George Bernard Shaw firmó peticiones. William Morris escribió sobre el caso. En América Latina, en Australia, en Gran Bretaña, en Alemania, el nombre de los condenados de Chicago se convirtió en una causa que trascendía las fronteras.

En Chicago mismo, la campaña por la clemencia reunió firmas de figuras que no eran en absoluto sospechosas de simpatías anarquistas: el poeta y novelista William Dean Howells, varios senadores estatales, ciudadanos que no compartían las ideas de los acusados pero que reconocían la injusticia del proceso.

No sirvió de nada.

El gobernador Richard Oglesby conmutó las penas de Fielden y Schwab a cadena perpetua. Los otros cinco permanecieron en el corredor de la muerte. Louis Lingg, el más joven de todos —tenía veintidós años—, se negó a esperar. La noche del 10 de noviembre de 1887, la víspera de la ejecución, introdujo en su boca un pequeño detonador de pólvora que alguien había conseguido hacerle llegar, no se sabe cómo, en medio del régimen de aislamiento. La explosión le destrozó la mandíbula. Murió seis horas después, lentamente, negándole al Estado la satisfacción de ahorcarlo. Fue, en su terrible lógica, un acto de soberanía absoluta sobre el propio cuerpo.

El 11 de noviembre de 1887, Albert Parsons, August Spies, George Engel y Adolph Fischer fueron conducidos al patíbulo. Los cuatro vestían de blanco. Los cuatro iban encapuchados. Antes de que la trampa se abriera bajo sus pies, Spies habló desde adentro de la capucha con una voz que los presentes describieron como completamente serena: "¡Llegará el día en que nuestro silencio sea más poderoso que las voces que estrangulán hoy!" Las trampas se abrieron. Los cuatro cuerpos cayeron.

Lucy Parsons, que había luchado durante meses por salvar a su marido, siguió luchando durante décadas más. Vivió hasta los ochenta y nueve años, y murió en 1942 sin haber dejado de ser comunista ni un solo día.

La exoneración que llegó demasiado tarde

En 1889, la Segunda Internacional Socialista se reunió en París —en el mismo año en que se inauguraba la Torre Eiffel, ese monumento al progreso capitalista— y tomó una decisión que ningún decreto gubernamental podía revocar: declarar el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. La fecha era deliberada. Era política. Era una forma de decirle al capital que por cada luchador que colgara de una horca, el movimiento obrero mundial convertiría esa muerte en un acto de memoria colectiva que ninguna represión podría borrar.

Tres años después, en 1893, el gobernador de Illinois John Peter Altgeld hizo algo que pocos políticos de su tiempo habrían tenido el coraje de hacer: revisó el expediente completo del caso Haymarket y llegó a la conclusión que era obvia para quien lo leyera con honestidad. El proceso había sido una farsa. El jurado estaba comprometido. Los testimonios habían sido fabricados. Los acusados que aún permanecían en prisión —Fielden, Schwab y Neebe— fueron puestos en libertad.

Altgeld sabía lo que hacía. Sabía que su carrera política acababa en ese momento, y así fue: nunca más fue elegido para ningún cargo. Pero la historia lo recordó con más honor que a todos los jueces y fiscales que construyeron la mentira.

La exoneración llegó demasiado tarde para los cuatro ahorcados y para Lingg. Pero llegó. Y eso importa, porque confirma lo que el movimiento obrero siempre supo: que el Estado no había condenado a esos hombres por lo que habían hecho, sino por lo que pensaban y por lo que representaban. Los había condenado porque eran el símbolo visible de una amenaza al orden de la propiedad privada y la explotación asalariada. Los había colgado, en el fondo, por tener razón.

Lo que Estados Unidos no quiso recordar

Hay una paradoja cruel en la historia del Primero de Mayo: el país donde ocurrió todo no lo celebra.

Estados Unidos estableció su propio Labor Day en el primer lunes de septiembre, una fecha elegida precisamente para evitar la carga simbólica del 1 de mayo. La decisión fue tomada durante la administración de Grover Cleveland, en 1894, el mismo año en que el ejército federal masacró a trabajadores en huelga del ferrocarril Pullman. Era la lógica de siempre: crear un ritual oficial vaciado de memoria para desplazar al ritual peligroso cargado de historia.

Funcionó, en gran medida. Hoy, millones de norteamericanos celebran el Labor Day haciendo barbacoas sin saber nada de Chicago, sin conocer los nombres de Spies o Parsons, sin haber escuchado hablar de Haymarket. El capitalismo ha demostrado una capacidad extraordinaria para domesticar su propia historia, para convertir incluso sus crímenes en ocasiones para vender carne a la parrilla.

En el resto del mundo, sin embargo, el 1 de mayo conservó su filo. En los países donde el movimiento obrero tuvo que arrancarlo a la fuerza de regímenes que no querían concederlo, la fecha tiene una densidad que en América del Norte se perdió. En América Latina, en Europa, en partes de Asia y África, el Primero de Mayo sigue siendo un día en que la gente sale a la calle no solo a conmemorar sino a exigir, a recordarle al poder que los que construyen el mundo no han olvidado que el mundo les pertenece más a ellos que a quienes simplemente lo poseen en papel.

Hoy

La jornada de ocho horas, por la que murieron esos hombres, se convirtió con el tiempo en el estándar laboral de buena parte del mundo. No porque el capitalismo se volviera humano, sino porque los trabajadores organizados siguieron peleando generación tras generación hasta que el costo político de negarla superó el beneficio económico de sostenerla. Y aun así, ese resultado nunca fue definitivo: en distintos momentos históricos, y también en el presente, esos derechos vuelven a ser erosionados, recortados o flexibilizados bajo nuevas formas de precarización que reabren, en otro lenguaje, la vieja disputa por el tiempo de la vida.

El derecho al descanso semanal. La prohibición del trabajo infantil. El salario mínimo. Los seguros de accidente. Las vacaciones pagadas. La jubilación. Ninguna de estas conquistas cayó del cielo, ninguna fue un regalo de algún patrón ilustrado, ninguna fue el resultado espontáneo del mercado libre. Todas fueron arrancadas por trabajadores organizados que en muchos casos pagaron con prisión, con el exilio, con la vida.

La historia del movimiento obrero es, en este sentido, la historia más honesta del capitalismo que existe: la que cuenta lo que el sistema es realmente cuando se le confronta con quienes lo sostienen, y lo que esos trabajadores fueron capaces de construir cuando decidieron que la explotación no era una ley natural sino una relación de poder que podía modificarse.

Los cuerpos de los mártires de Chicago fueron enterrados en el Cementerio de Waldheim, en Forest Park, Illinois. Sobre sus tumbas se levantó en 1893 un monumento, una escultura de bronce de una figura femenina que sostiene con una mano una corona de laurel sobre la cabeza caída de un obrero muerto. En la base, grabadas en piedra, están las últimas palabras de Spies desde la horca.

El monumento fue declarado Landmark Nacional de Estados Unidos en 1997. Es uno de esos gestos tardíos y un poco paradójicos con que los estados homenajean a quienes combatieron al Estado. Pero ahí está, en el frío de Illinois, con los nombres grabados en piedra: Spies, Parsons, Engel, Fischer, Lingg.

Cinco nombres que el primero de mayo convierte cada año en un acto de memoria activa, en la convicción de que la historia no es un depósito de cosas pasadas sino un argumento permanente sobre el presente. Una razón para no conformarse. Una razón para seguir.

Cada vez que en algún lugar del mundo un trabajador sale a la calle el primero de mayo, los que murieron en Chicago en noviembre de 1887 siguen siendo, de alguna forma imposible de explicar del todo, un poco menos muertos.