La sacaron por decir “conflicto armado interno” y por denunciar plagio de Patricia Benavides

La salida de la abogada Giovanna Vélez del Ministerio del Interior no fue un trámite administrativo: fue un mensaje político. Según declaró el propio ministro Vicente Tiburcio Orbezo, su desvinculación se produjo tras conocerse que en su tesis usó el término conflicto armado interno en lugar de terrorismo. La explicación, expresada por la máxima autoridad del sector, no es un detalle retórico: es un reconocimiento explícito de que el lenguaje —y no el desempeño— fue el gatillo de su salida.

Vélez negó que su retiro respondiera a ese criterio académico y aseguró que la decisión ya se había tomado antes. Pero la declaración del ministro instaló la narrativa oficial: la razón de su apartamiento fue un concepto, no un cargo funcional; una categoría histórica, no un incumplimiento laboral. Eso abre una discusión mayor que excede a la trabajadora: cuando el propio Estado usa un término como argumento para expulsar a una funcionaria, no hay debate historiográfico, hay sanción política.

Una palabra que activa castigos

Conflicto armado interno no es un concepto clandestino ni de circulación marginal. Es una categoría empleada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, por sentencias judiciales, por organismos internacionales y por la academia durante décadas. Sin embargo, en el Perú de los últimos años ha sido reconvertida por sectores de la ultraderecha en una etiqueta de sospecha ideológica. No se discute su validez histórica; se fiscaliza a quien la usa. No se le rebate: se le castiga.

Que el ministro del Interior invoque esa expresión como causal de separación es un precedente grave: naturaliza la idea de que ciertas palabras habilitan represalias laborales en el servicio público. No se apartó a Vélez por fallas en su trabajo, sino por usar un término que contradice el diccionario político de los sectores más duros del conservadurismo. No fue evaluación institucional; fue vigilancia ideológica.

La salida de Vélez también estuvo precedida por un episodio que ella misma calificó como revelador. Según declaró, un intermediario le informó que desde el Congreso existía presión al Ministerio del Interior por una supuesta “lista” de personas vinculadas al Instituto de Defensa Legal (IDL) y que su nombre figuraba en ella, versión que negó de manera tajante. Vélez aseguró no tener relación alguna con esa institución ni con el periodista Gustavo Gorriti, también mencionado en el mismo señalamiento.

La denuncia de plagio contra Patricia Benavides

Pero la historia no empieza ni termina en un concepto académico. Semanas antes de su salida, Vélez denunció públicamente que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, plagió un artículo suyo de 2007 de manera íntegra —incluidas las conclusiones— para usarlo posteriormente en su propia tesis doctoral. La acusación no es reputacional: es académica, concreta y verificable. Diversos medios recogieron la denuncia y una abogada confirmó la similitud literal entre ambos textos.

Benavides no ha ofrecido, hasta el momento, una explicación pública de fondo que desvirtúe el señalamiento. Tampoco hay una investigación institucional concluyente que aclare el caso. Lo que sí hay es una cronología nítida: tras hacer pública la denuncia, Vélez quedó identificada como una voz incómoda para un sector del poder que hasta hace poco controló nodos clave del sistema de justicia.

El caso muestra dos dinámicas peligrosas que convergen. Por un lado, la normalización del castigo por idioma político: usar un término validado por la propia historia oficial del país puede costar un empleo si no coincide con los marcos narrativos que ciertos grupos pretenden imponer. Por otro, la fragilidad del sistema frente a denuncias que tocan a figuras de alto poder: señalarlas tiene consecuencias, pero ser señaladas no necesariamente.

No es casual que la salida de Vélez se explique desde el lenguaje y no desde el expediente laboral. En lugar de discutir si hubo o no plagio, se instaló un debate sobre una palabra. En lugar de esclarecer una acusación académica contra Benavides, se sancionó a la denunciante por una categoría histórica.

Lo que deja el caso

Este no es solo el episodio de una funcionaria retirada. Es la confirmación de un clima institucional donde las ideas pueden ser tratadas como faltas disciplinarias, donde los conceptos se leen como delitos de opinión, y donde denunciar hacia arriba puede ser más costoso que ser denunciado.

Si el Estado permite que el lenguaje sea causal de expulsión laboral mientras guarda silencio frente a acusaciones de plagio documentado, lo que queda al descubierto no es un criterio institucional: es un sesgo político. Y una advertencia implícita para cualquiera que, desde dentro, decida nombrar lo que no se quiere oír.