Narcos reemplazan al Estado en los barrios populares argentinos

En los barrios populares de la zona metropolitana de Buenos Aires (también conocidos como “barrios populares del Gran Buenos Aires”), las bandas de narcotraficantes ya no se limitan a vender droga: ofrecen alimentos, préstamos y empleos informales, y ejercen control social. Al mismo tiempo, el gobierno de Javier Milei —enfocado en una política de ajuste profundo al gasto público— ha sido señalado como generador de un vacío institucional que el crimen organizado ha sabido ocupar con rapidez, según una investigación publicada en The Guardian.

Desde su llegada al poder, a finales de 2023, Milei ha aplicado una política de austeridad extrema para reducir el déficit fiscal. Pero las consecuencias en los sectores más vulnerables son evidentes. Los comedores comunitarios redujeron drásticamente sus servicios, los programas de capacitación laboral fueron suspendidos y los centros de salud barrial y atención a adicciones dejaron de recibir fondos. En los asentamientos de Buenos Aires, donde antes funcionaban redes de asistencia sostenidas por el Estado o la Iglesia, hoy sobreviven con donaciones privadas o con la ayuda —cada vez más visible— de grupos vinculados al narcomenudeo.

El Estado se retira, el crimen avanza

La ausencia estatal no deja un espacio vacío, sino un territorio disputado. En las villas y periferias urbanas, las bandas de narcotraficantes comenzaron a ocupar funciones básicas: financian comedores, organizan actividades para niños y ofrecen préstamos a cambio de lealtad o silencio. Así se configura un poder paralelo que impone su propio orden, sustituyendo al Estado no sólo en lo material, sino también en lo simbólico. Líderes comunitarios y curas villeros advierten que el problema ya no es únicamente el tráfico de drogas, sino el control territorial. Cuando el Estado “seca de liquidez a los barrios”, los grupos criminales ganan legitimidad y construyen poder desde abajo.

Aunque Argentina mantiene una tasa de homicidios inferior a la media regional, los vecinos de zonas populares denuncian un aumento sostenido de tiroteos, extorsiones y ajustes de cuentas. En municipios como San Martín o La Matanza, la sensación de inseguridad se mezcla con el abandono: patrulleros que no llegan, ambulancias que demoran, autoridades que no aparecen. En ese contexto, el trabajo narco ofrece una alternativa inmediata a los jóvenes sin opciones. En muchos barrios, ganar dinero como “soldadito” resulta más viable que estudiar o conseguir un empleo formal, reflejando el fracaso de las políticas de inserción social desmanteladas por el gobierno.

La responsabilidad del gobierno de Milei

El crecimiento del poder narco no puede desligarse del vaciamiento estatal promovido por la administración libertaria. Las denuncias contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la paralización de la distribución de alimentos y la falta de transparencia en los programas sociales, simbolizan un modelo que prioriza el ajuste antes que la protección social. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llegó a afirmar que el gobierno “está muy lejos del pueblo en las calles” y que “Argentina sangra por la desigualdad”, en una clara crítica al rumbo económico y moral del Ejecutivo.

El impacto de estas políticas trasciende el plano social. En apenas un año de gobierno, el modelo de Milei ha generado una ola de protestas, con sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de base denunciando que el “liberalismo extremo” destruye los lazos comunitarios y deja terreno fértil al crimen organizado. En los barrios, el desencanto crece: la promesa de libertad y prosperidad se ha convertido en desilusión y miedo. Los comedores desbordados, los jóvenes sin horizonte y la violencia cotidiana muestran una cara del país que el discurso presidencial prefiere ignorar.

El costo de la “libertad”

El experimento libertario argentino está mostrando sus límites. Al reducir al mínimo la intervención estatal, el gobierno ha permitido que otros actores —más violentos, más inmediatos, más despiadados— ocupen su lugar. Si el presidente prometió “liberar al mercado”, el resultado es un mercado donde los narcos ofrecen los servicios que el Estado abandonó. La “libertad” que Milei defiende en sus discursos se traduce, en los barrios, en la ley del más fuerte.