La política criolla y el desprecio por la vida del intelecto

¿Qué ocurre cuando las ideas desaparecen del debate público?

“Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.

Umberto Eco

“Los algoritmos te aíslan en una cámara de eco, polarizan el pensamiento y fabrican realidades paralelas. No buscan la verdad, solo buscan retener tu atención”.

Ney Briones

1.- El rechazo del conocimiento como estandarte de combate ideológico

Los tiempos de tribulación que vivimos han puesto en cuestión no solo la vigencia de la democracia liberal y sus instituciones, sino también el valor de la vida del intelecto como fuente de comprensión (y de resolución) de nuestros problemas. Esto se explica en parte por la violencia que destila la sociedad peruana cuando se trata de enfrentar campañas electorales como la que acabamos de vivir y por la forma en que las insustanciales “batallas culturales” han sustituido a la discusión cívica. Las ideas han abandonado los espacios del debate político, que se ha convertido en una suerte de “guerra religiosa” sin sentido de trascendencia, repleta de slogans, etiquetas y agravios personales de diverso calibre. Quienes alientan la “batalla cultural” son vendedores de doctrina o influencers, no son personas comprometidas genuinamente con las ciencias naturales, las ciencias humanas y sociales (y tampoco con las artes).

El fenómeno es conocido. Todos hemos tenido que alternar con amigos de la infancia o de la adolescencia -tiempos del colegio, la parroquia, algún club deportivo, etc.- que se sienten autorizados a pronunciarse sin reserva alguna sobre el estado de la democracia liberal, los derechos humanos, las estrategias de seguridad, o las políticas educativas, sin contar con ninguna información sólida sobre la materia, pero sí con mucha visceralidad y encono con quien piensa distinto. Algunos de ellos evocan con nostalgia el régimen de Fujimori y denostan de los ideales de la transición del año 2000. Defienden las leyes pro-crimen y de amnistía sin rubor, e incluso se pronuncian en favor de la eliminación de personas si ello contribuyese a reducir la criminalidad callejera. Usan las redes sociales como improvisada trinchera para transmitir estos puntos de vista sin mediación alguna de revisión crítica.

Estas expresiones se convierten así en armas arrojadizas en el espacio compartido. Confunden la opinión con el conocimiento, consideran que emitir un juicio sobre los asuntos públicos constituye un tema de voluntad antes que una cuestión de discernimiento. Cualquier réplica a tales presuposiciones fundada en el trabajo del argumento y la evidencia son desestimadas y tachadas de “sesgadas”, arraigadas en alguna presunta “ideología” (de izquierda, por supuesto). Las durísimas expresiones de Umberto Eco que sirven de primer epígrafe a este ensayo resultan, en este sentido, profundamente reveladoras. Eco llama “idiotas” no a quienes piensan de diferente manera, sino a quienes se rehúsan a pensar y a confrontar sus opiniones con el conocimiento disponible en fuentes fiables. El apelar a la mera beligerancia y refugiarse en las emociones más básicas, a su juicio, perjudica seriamente a la comunidad.

El término griego idiotés aludía al habitante de la pólis que prefería permanecer en casa, preocupándose de las cuestiones relativas a su patrimonio personal e intereses familiares (lo que le es propio, idión), desvinculándose de los asuntos públicos y renunciando a acudir al ágora a debatir con sus conciudadanos acerca de la búsqueda de bienes comunes. En principio la participación en la asamblea -la ekklesía- constituía una dimensión esencial del ejercicio de la ciudadanía. Este aislamiento voluntario de la vida de la comunidad no era un delito, pero era muy mal visto por los ciudadanos de Atenas, quienes encontraban en la práctica de la política uno de los rasgos distintivos del quehacer propio del animal humano.

En la medida en que se autoexcluye de las facetas de la acción cívica -la deliberación pública y la movilización-, el idiotés se ve privado de un uso adecuado del lógos (pensamiento / capacidad comunicativa) y de noús praktikós (razón práctica). Es, a la vez, una actitud de desprecio frente al cuidado del pensar como un alejamiento de la pólis. Con el tiempo, “idiota” se asoció a la carencia de disposición para pensar y acudir al espacio común disponiendo de información fidedigna. Cuando Umberto Eco usa la palabra, se refiere a la persona irresponsable que gusta de pronunciarse sobre asuntos comunes sin el menor manejo de tales materias y sin un mínimo interés por resolver este problema específico.

En el Perú, esta actitud coincide con el desmantelamiento de la ley universitaria, perpetrado por el Congreso anterior. La supervisión del cumplimiento de los estándares mínimos de calidad académica en las universidades peruanas de parte de Sunedu se debilitó y finalmente se suspendió. Nuestra “clase política” ha favorecido la proliferación de centros de educación superior sin credenciales de excelencia, instituciones que no aportan absolutamente nada al desarrollo del país. Numerosas universidades privadas se han convertido -salvo honrosas excepciones- en empresas sin otro propósito que el lucro. Algunas universidades jóvenes de perfil humanista se han entregado a una implacable competencia económica; en la vorágine de esta desgarrada confrontación, estas casas de estudio han terminado sacrificando su identidad originaria. No han dudado en tomar decisiones funestas y desesperadas, como someter sus programas de posgrado a la lógica de la rentabilidad en detrimento del rigor académico. Se ha debilitado así la búsqueda de las excelencias del saber en nombre de la exclusiva supervivencia empresarial.

Como resulta más que obvio, no se trata de un fenómeno estrictamente local. El auge de la ultraderecha en Europa y Norteamérica trajo consigo la sospecha frente al discurso liberal y socialdemócrata, la negación del cambio climático y el Covid-19, así como un abierto desprecio por la contribución de los intelectuales a la marcha de la sociedad. En los Estados Unidos, esta tendencia se manifiesta en la hostilización de la administración Trump contra las mejores universidades del mundo -Harvard entre ellas-, y en la declaración del vicepresidente J.D. Vance de que “las universidades son el enemigo” ^[1].

El antiguo asesor republicano Steve Bannon se ha propuesto desde hace una década exacerbar las pasiones más primitivas en el ala más conservadora de la política estadounidense -aquella que llevó al poder a Donald Trump-, en desmedro de la salud del debate público^[2]. La extrema derecha ha endurecido sus posiciones frente a la ciencia y la investigación social, favoreciendo más bien la visceralidad y los sentimientos que alientan la pertenencia nacional y tribal, el asedio al “globalismo”, la exaltación de las emociones viriles y el culto de la fuerza. Esta tendencia converge con los factores que sirvieron de caldo de cultivo del surgimiento del fascismo hace un siglo. George L. Mosse ha descrito aquella era en términos de la brutalización de la política, un fenómeno que guarda una estrecha relación con el clima antiliberal del sector conservador en occidente^[3].

Los intentos de las grandes potencias por erosionar el orden internacional basado en reglas, para promover el mero imperio del más fuerte, revela un evidente “aire de familia” con la agenda del fascismo originario. En uno y en otro caso, las ideas comienzan a perder densidad y sustancia hasta desaparecer de la discusión pública.

Quien haya leído este ensayo hasta aquí, podrá sospechar que estoy llevando agua hacia mi molino, que se trata de otro “intelectual de izquierda” que expresa su preocupación por el estado del debate público desde la convicción de que se ostenta alguna clase de “superioridad moral” cuando se abordan las cuestiones de orden práctico que se discuten aquí. No asumo ese tipo de presuposición. En primer lugar, los intelectuales no tienen una visión privilegiada de la realidad que nos circunda; el punto de vista que trae al espacio público tiene las mismas pretensiones de validez que las perspectivas que defienden otros ciudadanos. Y como sucede con ellas, está expuesto a la crítica.

En segundo lugar, los intelectuales progresistas no parten de un horizonte de virtud o de perfección moral, sino que razonan desde lo que autores como Michael Walzer y Adela Cortina describen como una ética de mínimos, a saber, un conjunto básico de principios y valores públicos liberales que resultan indispensables para garantizar la convivencia justa y razonable en sociedades complejas^[4]. En un tercer lugar -este es un punto central- la capacidad de intervenir en el diálogo político recurriendo al apoyo de las evidencias y de los mejores argumentos no solo constituye una exigencia para los académicos interesados en el fenómeno político; se trata de una obligación para cualquier ciudadano que esté interesado en participar de la deliberación en la esfera pública. El compromiso cívico informado constituye una vía fundamental para contrarrestar los efectos de la visceralidad política.

No obstante, es preciso advertir que esta nebulosa situación se agrava todavía más. Ya no se trata solamente de la participación activa de personas en el enrarecimiento de la confrontación política, ahora incluso se propicia la aparición de trolls digitales que suscitan la “sensación de mayoría” en lo que es propiamente un debate simulado. Las recientes revelaciones del siniestro “caso Cerimedo” revelan la posible existencia de un complejo aparato logístico, financiero y tecnológico que subyace al proyecto político de promoción de las campañas de la ultraderecha en América Latina, aparentemente en estrecha conexión con la propuesta de MAGA en Estados Unidos.

Las investigaciones nos hablan del funcionamiento de un sistema de bots que generarían la proliferación de fake news y acusaciones difamatorias contra las candidaturas rivales, con el fin de saturar los espacios de comunicación, manipular el algoritmo y así polarizar la escena política hasta el paroxismo^[5]. Hasta donde se sabe, este ecosistema de desinformación habría sido decisivo para el triunfo de un buen número de políticos conservadores en la región, incluida la victoria del fujimorismo en nuestro país^[6]. Esa sería la hipótesis que manejan algunas investigaciones todavía en curso. Los ciudadanos debemos estar al tanto de los avances en la indagación periodística en torno a este caso. No obstante, este breve ensayo se ocupará fundamentalmente del impacto del desprecio por el saber en el marco de la raquítica y degradada cultura política que hoy padecemos.

2.- La cuestión de la memoria y la situación del Lugar de la Memoria

Uno de los temas en los que esta clase de visceralidad se ha potenciado es el de la reconstrucción pública de la memoria en torno al conflicto armado interno. Desde la publicación del Informe Final de la CVR hace veintitrés años la “clase política” criolla ha bloqueado todos los intentos emprendidos por la sociedad civil organizada de someter a debate las conclusiones del documento, así como incorporar su lectura y análisis en los planes de estudio de la escuela y la Universidad peruana. Asimismo, esta actitud virulenta y hostil impidió que las recomendaciones de la Comisión se pudiesen implementar como políticas de Estado.

La CVR nunca sugirió que su investigación pronunciase la última palabra sobre lo ocurrido en el período de violencia vivido; más bien sostiene que su retrato del Manchaytimpu -un estudio interdisciplinario riguroso acerca del conflicto- constituye un relato perfectible, susceptible de revisión crítica y eventualmente de reformulación^[7]. Lo curioso del asunto es que los “censores” de la Comisión no han logrado plantear ninguna observación basada en argumentos o en evidencias que cuestione alguna tesis sustancial del Informe Final; antes bien, no se han tomado el trabajo de leer el texto (ni siquiera en su versión abreviada) y han elegido seguir la senda del negacionismo.

El sector conservador se propone en este punto que se omita toda referencia a los delitos contra la vida y la integridad cometidos por algunos agentes del Estado durante el conflicto armado interno. Tales crímenes realmente ocurrieron, el peso de las evidencias y los testimonios es abrumador. La CVR ha sostenido que el PCP-Sendero luminoso es el principal perpetrador de muertes y desapariciones en aquel período, pero asevera asimismo que “en ciertos lugares y momentos del conflicto”, las fuerzas del orden incurrieron en violaciones sistemáticas de los derechos humanos (Conclusión N° 55). La ultraderecha ha procurado contrarrestar el trabajo de la memoria crítica siguiendo una doble estrategia.

Por un lado, ha promovido desde el Congreso leyes que disponen -en contra de los acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado peruano y desafiando el sano sentido común- que los crímenes de lesa humanidad producidos antes de 2002 prescriban, en abierta disonancia con el sistema global de justicia; han promulgado una amnistía que pretende consagrar la impunidad y el olvido forzoso para quienes mancharon el uniforme vulnerando los derechos básicos de compatriotas inocentes. Por otro, se han dedicado a descalificar falazmente la interpretación general del conflicto, buscando intervenir sobre la línea museográfica del Lugar de la Memoria (LUM) desde la invocación del prejuicio y la conveniencia política.

Es cierto que no existe la memoria a secas, existen las memorias. El trabajo de la razón anamnética implica el debate y el contraste de diversas experiencias en torno al pasado conflictivo^[8]. Que existan diversos relatos no significa -como sugieren algunos académicos- que estemos ante un escenario de relatos equivalentes y contrapuestos acerca del Manchaytimpu y que carezcamos absolutamente de criterios para examinar qué relatos son válidos o son mejores para describir de manera fidedigna un evento del pasado o una etapa de la historia. Claro que existen criterios para pronunciarnos sobre las pretensiones de validez de aquellos relatos que aspiran a convertirse en expresiones legítimas de la memoria de experiencias de conflicto. Se trata de criterios de carácter cognitivo, vale decir, pautas en torno a las condiciones de posibilidad de la reconstrucción legítima de la memoria. En primer lugar, α) el relato debe asumir como punto de partida la escucha atenta de las víctimas, de todas las víctimas. El testimonio de las víctimas debe sustentarse a la luz de las evidencias y los indicios disponibles sobre los mismos incidentes que ellas narran y evocan; dichas narraciones deben, asimismo, contrastarse con las versiones de otros afectados, testigos e incluso victimarios.

En segundo lugar, β) este relato debe estar abierto a la deliberación pública. Cualquier interpretación que busque convertirse en una memoria legítima del pasado conflictivo tiene que estar expuesta al escrutinio racional de los ciudadanos. Todos los miembros de una sociedad que ha afrontado procesos de violencia o que ha experimentado interrupciones del orden constitucional tienen derecho a intervenir en el debate público. Si se han visto afectados por estos eventos de la historia, tienen algo que decir sobre qué debemos recordar a toda costa y qué podemos olvidar. Como es natural, esta discusión debe seguir estrictamente la disciplina de la argumentación y la admisión de la crítica en espacios plurales de intercambio comunicativo. Los foros del Estado, los partidos políticos, las universidades, las iglesias son escenarios en los que los ciudadanos podríamos discernir juntos acerca de cómo encarar lúcidamente nuestros conflictos. De modo similar, existen espacios de memoria (museos, monumentos y otros), edificados explícitamente para meditar sobre la tragedia vivida.

Siguiendo esta línea de reflexión “cognitivista”, resulta claro que los relatos conservadores que abogan por silenciar lo sostenido por el Informe Final y defender la apuesta oficialista por el olvido y la impunidad no cumplen con las exigencias de la reconstrucción pública de las memorias. En algunas de sus versiones, las narraciones conservadoras han apostado por “pasar la página” sobre el conflicto armado para “no reabrir viejas heridas”, privando, en el plano de los hechos, de voz a las víctimas en el espacio común. Se han propuesto así minimizar los crímenes cometidos por la represión estatal, tachándolos de “excesos” de carácter exclusivamente individual, negando cualquier política de “guerra sucia”. En el plano específicamente político, se han pronunciado en favor de las leyes de amnistía y del retiro del Estado peruano del sistema internacional de derechos humanos. Se persigue así destruir cualquier huella que permita lograr justicia para las víctimas. Cabe recordar, en contra de la reivindicación de la amnesia moral y política, que sobre la base del bloqueo de la memoria y la supresión de la justicia no puede plantearse ningún proyecto de “reconciliación nacional”.

Quienes defienden las narrativas enraizadas en el proyecto de transición democrática -cuyo corazón es el propio Informe de la CVR- sostienen que estas narrativas parten de una estricta atención a lo vivido por los peruanos que sufrieron daño a causa de las acciones de los grupos subversivos o la represión estatal. Yo mismo estoy comprometido con esta posición intelectual y moral. Como puede constatarse, la CVR organizó audiencias públicas en diferentes lugares del país que fueron golpeados por la violencia; la Comisión recabó cerca de diecisiete mil testimonios, que fueron incorporados en la elaboración y redacción de la investigación.

La CVR sometió su trabajo al escrutinio de la sociedad civil y del Estado para generar un debate riguroso acerca del proceso de violencia. Más allá del inspirador estudio que realizó la Comisión, importantes historiadores y científicos sociales han producido trabajos fundamentales para comprender el conflicto armado interno. Asimismo, en la última década, han aparecido notables escritos de literatura testimonial que narran las vivencias de personas que afrontaron conflictos desgarradores durante aquellos años de terror y dolor. Pese a las complejas dificultades que han enfrentado los trabajos de la memoria en el Perú, la perspectiva transicional ha aportado argumentos y evidencias a la deliberación pública sobre la materia.

El LUM se ha convertido en una delicada materia de controversia política. Recientemente, el flamante ministro de cultura ha declarado que este lugar de reflexión tiene como objetivos promover el “reunificar” a los peruanos y propiciar el perdón. Se equivoca. El propósito de cualquier espacio de memoria no es la “reunificación”, sino el aprendizaje ético y político a través del diálogo y la meditación sobre la tragedia vivida. Se trata de que los ciudadanos se vean realmente interpelados por un pasado doloroso, un período que expuso lo peor de nosotros, que emprendamos la revisión de situaciones que no debemos eludir si queremos corregir nuestros errores y edificar una sociedad libre y justa. En resumidas cuentas, el ministro no está enterado de la razón de ser de los espacios de memoria.

A pesar de ello se pronuncia sobre el asunto con severidad. Beingolea indica que hay que hacer reformas radicales en este espacio con el fin de que el LUM se transforme en un órgano de “reunificación”. El recurso a esta improvisada categoría llama poderosamente la atención, pues sugiere que la ciudadanía debería abandonar la pluralidad de miradas y convicciones que le es constitutiva para abrazar una “unidad” de perspectiva. Esta cuestionable actitud dista del talante democrático-liberal que protege la diversidad como un preciado tesoro político.  

3.- ¿Cómo resistir ante la erosión del espacio público? Algunas ideas para tiempos adversos.

El paisaje político es agreste. Nunca como hoy -en lo que va de este siglo- la brutalización de la política había funcionado a la vez como arma de corte y de estoque. Impera el elogio de la fuerza y la cerrazón frente a los argumentos del otro. Cuando el suscriptor de la narrativa transicional invoca los múltiples trabajos que sostienen su enfoque del conflicto, el censor de la causa de los derechos humanos desconoce el aparato crítico empleado, aduciendo que sencillamente “el papel aguanta todo”, deslizando la tesis de que esa clase de investigaciones respondería a las expectativas de grupos de interés financiados por ONGs foráneas que sirven al programa de acción de la “izquierda internacional”. La remisión a la conspirancy theory ha sustituido a la discusión académica y cívica.

El algoritmo, por su parte, refuerza la posición de las facciones en pugna, pues ofrece a cada uno de los bandos el contacto con versiones de los problemas afines al credo militante de cada persona. Una parte importante de la sociedad maneja sus creencias políticas como si fuesen convicciones de fe, y no está dispuesto a considerar la validez de ciertos enunciados, aunque estén respaldados por evidencias y sólidos argumentos.

El fortalecimiento actual de la extrema derecha se debe no solamente a la propagación del desencanto democrático-liberal y a la amplificación de mensajes de violencia dirigidos a la gente a través de la red. También ha tenido que ver la casi exclusiva dedicación de las izquierdas a cuestiones de justicia cultural -relativas a las identidades colectivas y a las políticas de discriminación positiva- y dejar a sus rivales los asuntos que conciernen a la justicia material: empleo, acceso a servicios de salud y educación, etc. Los asuntos de reconocimiento colectivo son relevantes, no hay duda de ello, pero también lo son los asuntos de empleo, seguridad y justicia básica.

De hecho, son los grupos conservadores y neoliberales los que se han detenido recientemente en las consideraciones sobre la estabilidad económica, la disciplina fiscal y la solidez de la moneda. Hay buenas razones para dirigir hacia ese punto el objeto de observación y discusión. La controversia en torno a la continuidad de la Dirección del BCR se entiende en esta clave de interpretación. En ese sentido, ha enganchado con las preocupaciones cotidianas del ciudadano común sobre el futuro inmediato de sus finanzas.  la derecha no se ha sentido le conmovida en demasía por el tema de la desigualdad material, pero sí ha concentrado su atención en la cuestión de la seguridad económica.

Resulta complicado resistir a una disposición ideológica que ha cobrado tanta fuerza en la escena política. La actitud brutalista -en su versión actual- se ha instalado con gran eficacia en nuestro medio; ella no retrocede ante la dirección que toma la deliberación pública. De hecho, la política brutal considera que la deliberación misma constituye un signo de raquitismo moral, debilidad espiritual. Razonar se convierte en una concesión al “enemigo”, en la medida en que el creyente recurre a las herramientas del rival (el intercambio de ideas, la conversación cotidiana, etc.) y apela a su lenguaje (la tolerancia, los valores públicos liberales). A su juicio, la verdad no tiene por qué someterse al escrutinio de nadie.

Nuevamente, los eventos históricos de los años treinta del siglo XX echan luces sobre la tendencia que parece seguir el conservadurismo político actual^[9]. Sí, la extrema derecha está evolucionando no tan silenciosamente a posiciones cada vez más autoritarias y reaccionarias. Peter Thiel -uno de los padres de la autodenominada Nueva Reacción-, ya sostenía en 2009 que la democracia y la “libertad” producida por los mecanismos de mercado en el capitalismo avanzado no iban más de la mano^[10]. La gente común que participa del ecosistema digital de la derecha desde X, Tik Tok o Instragram se está acostumbrando al uso del vocabulario antiliberal. Su discurso contra la distribución del poder, los derechos humanos y la construcción de la ciudadanía está erosionando poco a poco las bases mismas de la democracia liberal.

En el país el ascenso del nuevo gobierno ha fortalecido las posiciones de ultraderecha. El tema de la memoria es un buen ejemplo de esto. Un gran sector de la opinión pública en Lima ha visitado el LUM, pensando en que el ejecutivo podría ordenar su cierre o modificar su línea museográfica en una clave negacionista. No es verosímil que el fujimorismo disponga la clausura del edificio, porque su construcción y diseño ha involucrado financiación alemana, lo cual implicaría rendir cuentas ante el gobierno alemán si se desactiva el LUM o si se hace uso distinto del lugar. El fujimorismo sí podría disponer la alteración de la propuesta del museo. El edificio podría convertirse, siguiendo órdenes superiores, en un espacio que trasgreda su dirección y su misión. Podría perder cualquier conexión con el predicamento de las víctimas de la violencia. La vocación por la distorsión de la historia está presente en la agenda fujimorista.

El nuevo ministro de justicia, Ernesto Álvarez, ha decidido cambiar el nombre de la sala de reuniones del MIMJUS – la sala Valentín Paniagua- a Carlos Torres y Torres Lara. Se trata de una medida que produce un profundo pesar entre los peruanos, un movimiento que pinta al régimen de cuerpo entero. Se sustituye el homenaje a un personaje que contribuyó a la reconstrucción de la democracia, el imperio de la ley y la lucha contra la corrupción con la apelación a un funcionario de la más reciente dictadura que ha sufrido el Perú. Estoy seguro que numerosos ciudadanos considerarán este gesto como lesivo de la dignidad nacional.

¿Cómo es posible resistir en estos tiempos de desarticulación del juicio político, la ética de la memoria y de la relevancia del pensamiento crítico en la esfera pública? Es complicado responder, como resulta evidente. La respuesta contempla diversos niveles. En primer lugar, es preciso que no se extinga el espíritu cívico, la disposición del ciudadano a intervenir en la vida pública, resistiendo a las múltiples fuerzas que nos exhortan a convertirnos en idiotái, en personas que solo se involucran en sus asuntos privados. Si te preocupas únicamente por tu “metro cuadrado”, entonces estás contribuyendo a la erosión del espacio público^[11]. Necesitamos gente que actúe en coordinación desde la sociedad civil y desde el sistema político. Necesitamos, asimismo, “intelectuales públicos”, individuos dedicados a pensar los asuntos políticos desde diversas expresiones del saber.

El intelectual público, como es natural, no sustituye la voz del ciudadano comprometido; antes bien, dialoga con ella. La gente ha percibido, a menudo, en la voz de algunos intelectuales un cierto tono de soberbia cuando se pronuncia sobre temas políticos. En otros casos, visualizaba un lamentable alejamiento de los temas que conciernen al desarrollo de la comunidad política. Un tercer grupo de académicos está dedicado a promover la conversación cívica en condiciones de horizontalidad y simetría. La calidad del debate público requiere el incremento de este decisivo tercer grupo.

Resulta penoso constatar que carecemos del marco político y legal que pudiese abonar el terreno para recuperar la discusión pública. Las leyes vigentes hoy han debilitado la calidad académica de la escuela y la universidad peruanas, han distorsionado el rol de la investigación en los foros académicos y han alentado la educación exclusivamente como negocio. La enseñanza de la historia prácticamente ha desaparecido como tal en el curriculum escolar, y lo mismo podría decirse del cultivo de otras ciencias humanas y sociales. Se ha pretendido erradicar conceptos clave en los textos escolares para la formación de futuros ciudadanos y se ha eliminado la educación sexual integral en el plan de estudios de primaria y secundaria. No se trata de un fenómeno estrictamente local, pero sí es una realidad que conspira decisivamente contra cualquier forma elemental de ethos democrático.

No puedo dejar de mencionar que es preciso legislar en torno al desarrollo de una industria de fake news y manipulación del algoritmo con propósitos políticos que daña la vida común. Soy consciente de que se trata de un asunto de abogados, pero también es un tema ético de primera importancia, sobre el cual el ciudadano debería alzar la voz. La simulación digital de corrientes de opinión pública debería ser sancionada en tanto de que constituye una forma de deformación de la vida cívica. Tendría que examinarse el caso para prevenir este dipo de distorsión del proceso de comunicación política sin recortar los derechos básicos y las libertades sustanciales. Por desgracia, quienes gobiernan hoy parecen ser, de acuerdo con la información que traen las más recientes investigaciones periodísticas, los principales favorecidos por la práctica de aquellas malas artes. A primera vista, la “batalla cultural” siempre estuvo sobredimensionada y dirigida por intereses de facción. Se la percibía multitudinaria mientras disfrutaba de la amplificación de los bots.

Este es un tiempo adverso para la democracia y para la acción cívica, qué duda cabe. Tanto en el frente nacional como en el internacional el talante liberal, la defensa de la justicia y los derechos básicos parecen estar retrocediendo. Lo mismo sucede con el ideal socrático de la “vida examinada” como un modus vivendi. Más de uno alegará que lo que corresponde aquí es deponer toda actitud ética / política frente a esta tendencia general y limitarse a observar lo que sucede para informar a las generaciones futuras acerca de los hechos. Más de uno afirmará que existen muchas razones para perder la fe en el ethos democrático. Pero no, no es hora de rendirse.

Las autoridades que socavan el sistema de derechos y debilitan el pensamiento crítico cuentan con que nuestro desaliento fortalezca su progreso. Debemos discernir qué podemos hacer para combatir la concentración del poder, la amnesia y la impunidad desde el lugar que ocupamos en nuestras comunidades, esto es, en las universidades, en los sindicatos, en las iglesias, así como otras organizaciones sociales. Está claro que los vientos del Estado soplan a contracorriente de las exigencias de los valores públicos liberales. Esta no es la paródica y retorcida “batalla cultural” que he criticado líneas arriba, sino un auténtico combate ético, intelectual y cívico, orientado a proteger nuestros derechos esenciales. No podemos retroceder ante el avance de la lógica de la fuerza. Luchamos en el fondo de una cuesta empinada, sí, pero somos agentes políticos, no meros espectadores.

[1] Cfr. Lassabe Sheperd, Lauren “'Las universidades son el enemigo': por qué la derecha detesta el campus estadounidense” The Guardian 6 de mayo de 2025 en: https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/may/06/maga-republicans-us-universities.

[2] “Estados Unidos: quién es Stephen Bannon, el controversial asesor de Trump cercano a los grupos de ultraderecha despedido de la Casa Blanca” https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38817934 .

[3] Véase Mosse, George L. Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza 2016.

[4] Consúltese Walzer, Michael Moralidad en el ámbito local e internacional, Madrid, Alianza 1995; asimismo consúltese Cortina, Adela Ética mínima Madrid, Taurus 2000.

[5] “Fernando Cerimedo, el polémico asesor que tejió vínculos en la sombra con la derecha latinoamericana” https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20260901-fernando-cerimedo-el-pol%C3%A9mico-asesor-que-teji%C3%B3-v%C3%ADnculos-en-la-sombra-con-la-derecha-latinoamericana .

[6] “La red que conecta a Keiko Fujimori con el operador de bots preso por intento de feminicidio” en: https://www.elsalmon.info/post/la-red-que-conecta-a-keiko-fujimori-con-el-operador-de-bots-preso-por-intento-de-feminicidio .

[7] Comisión de la Verdad y Reconciliación Informe Final, Introducción, p. 34.

[8] Revísese Jelin, Elizabeth Los trabajos de la memoria Lima, Instituto de Estudios Peruanos 2012, capítulo 2.

[9]Lepenies, Wolf “La intolerancia, esa terrible virtud” en: Varios autores La intolerancia Buenos Aires, Gránica 2007 pp. 92-93.

 [10] Thiel, Peter “The education of a Libertarian” en: https://www.cato-unbound.org/2009/04/13/peter-thiel/education-libertarian/ .

[11] Consúltese Gamio, Gonzalo La crisis perpetua. Reflexiones sobre el Bicentenario y la baja política Lima, UARM 2022, sección I, capítulo 3.