La nueva poligonal de Nasca es una mutilación del territorio patrimonial, legalmente respaldada

Celeste Asurza Matos
hace 2 días
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El Ministerio de Cultura ha dispuesto, mediante la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, una significativa reducción en el área protegida de la Zona de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. Como arqueóloga comprometida con la defensa del patrimonio cultural, esta decisión me preocupa profundamente.

Dicha resolución aprueba la modificación de la poligonal originalmente establecida, reemplazando el plano aprobado mediante la Resolución Directoral Nacional N.º 654/INC del año 2004. La diferencia entre ambos límites es considerable: se han eliminado 2,397 km² de territorio previamente protegido.

Área anterior: 5,633.47 km² (perímetro de 297.12 km)
Área actual: 3,235.94 km² (perímetro de 249.96 km)

A pesar de esta evidente reducción, el Ministerio sostiene que la modificación “no afecta el área inscrita como sitio del Patrimonio Mundial ni su zona de amortiguamiento”, y que “no compromete su Valor Universal Excepcional”. Sin embargo, no se menciona que más de cien sitios arqueológicos y paisajes registrados en el SIGDA han quedado fuera del nuevo polígono. Algunos de ellos han sido incluso divididos, quedando parcialmente incluidos y parcialmente excluidos del área protegida.

Este cambio representa no solo una disminución significativa en la extensión de la zona de reserva, sino también una amenaza para la conservación e investigación del patrimonio arqueológico en la región.

La memoria descriptiva y los informes técnicos adjuntos a la resolución argumentan que esta nueva delimitación “fortalece la gestión territorial” y permite centrar los esfuerzos en los bienes principales. Pero, ¿en qué momento proteger algunos sitios justifica excluir otros como los Petroglifos de Tinyayoc Sector II, los Petroglifos de Paras (A y B), Illatoro o incluso un tramo del Camino Prehispánico como Paredones de Nasca?

Lo más contradictorio es que, mientras se dejan fuera sitios arqueológicos de alto valor, el nuevo polígono mantiene dentro de la zona de reserva sectores urbanos como la ciudad de Nasca, el distrito de Vista Alegre, tramos de carreteras y otra infraestructura moderna.

Además, muchos de los sitios excluidos no cuentan aún con un polígono aprobado, sino apenas con un punto de referencia registrado en el SIGDA. Esto implica que, al quedar fuera de la zona de reserva, pierden toda protección efectiva, ya que sin una delimitación formal no pueden ser objeto de supervisión, fiscalización ni medidas preventivas reales.

A esta preocupación se suma una aún más grave: varias de las áreas ahora excluidas coinciden con zonas donde existen concesiones mineras en proceso de formalización. Estas incluyen concesiones de oro, caliza, cobre, entre otros recursos. La coincidencia entre la reducción del polígono y el mapa de estas concesiones exige una explicación urgente.

Esto no es una actualización técnica: es una reducción territorial que puede tener impactos graves e irreversibles sobre el patrimonio arqueológico. Y lo más alarmante es que se realiza con el aval técnico del propio Ministerio de Cultura y su Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, así como de direcciones clave como la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, la Dirección de Gestión de Monumentos y la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial, como señala la propia resolución.

Por ello, resulta llamativo que en los recientes pronunciamientos públicos se exija la destitución de ciertos funcionarios, pero se omita a quienes tienen funciones directas y decisivas en estos procesos. Defender el patrimonio no puede hacerse con parcialidad. Si vamos a exigir responsabilidades, hagámoslo con coherencia, sin omisiones ni conflictos de interés.

El patrimonio no se defiende recortando sus fronteras.