La Amazonía en venta: el plan ambiental del fujimorismo

El Poder Ejecutivo ha pedido al Congreso facultades para legislar por decreto sobre sectores clave de la economía y los recursos naturales. La Proposición Legislativa 098-2026-2031-CD incluye hidrocarburos, minería, pesca, recursos hídricos, bosques y áreas naturales protegidas. Un análisis de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advierte que, detrás de la llamada “simplificación administrativa” y la “promoción de inversiones”, se abre la puerta a una serie de cambios que reducen los controles ambientales y recortan derechos de los pueblos indígenas.

Callar también será aprobar

Uno de los cambios más importantes del paquete es aplicar el silencio administrativo positivo a la evaluación de impacto ambiental. En simple: si la autoridad no responde dentro del plazo, el proyecto podría quedar aprobado aunque nadie haya terminado de evaluar sus posibles impactos. La SPDA advierte que esto contradice el carácter preventivo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que busca precisamente que los riesgos sean revisados antes de autorizar un proyecto.

La propuesta también alcanza las opiniones técnicas que deben emitir entidades como el Sernanp, la ANA, el Serfor y el Viceministerio de Interculturalidad. Si estas instituciones no responden a tiempo, sus informes podrían darse por cumplidos. En la práctica, un trámite que hoy requiere una evaluación técnica podría resolverse simplemente dejando pasar el plazo.

Concesiones que pasarían por encima de territorios indígenas

Uno de los puntos más preocupantes aparece, además, escondido en la exposición de motivos y no en el articulado. La propuesta plantea que los bosques de producción permanente y las concesiones forestales tengan prioridad frente a cualquier derecho considerado “posterior e incompatible”.

El problema está en qué se entiende por “posterior”. La SPDA advierte que el Estado no crea el derecho de una comunidad indígena sobre su territorio cuando le entrega un título de propiedad: reconoce legalmente un derecho que ya existía por la ocupación y posesión ancestral de ese territorio.

Por eso, si una comunidad obtiene su título después de que se otorgó una concesión forestal, su derecho no nació el día del título. Ya existía antes. Considerarlo un derecho “posterior” podría permitir que una concesión termine teniendo prioridad sobre un territorio ocupado ancestralmente por una comunidad. Una fórmula aparentemente técnica podría, así, abrir la puerta a que concesiones forestales se superpongan a territorios indígenas y dejen a las comunidades en una posición mucho más vulnerable.

Hidrocarburos donde no debería haber contacto

El punto más delicado del paquete tiene que ver con los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). La propuesta busca modificar la Ley PIACI para garantizar la continuidad de derechos sobre hidrocarburos dentro de las reservas indígenas, incluso si para ello deben ingresar trabajadores, equipos o contratistas. El problema es evidente: permitir actividades petroleras en estos territorios significa abrir la puerta al contacto con pueblos cuya protección se basa precisamente en evitarlo.

El riesgo no es solo cultural o territorial. Los PIACI tienen una alta vulnerabilidad frente a enfermedades comunes para el resto de la población, debido a su aislamiento. Cualquier ingreso de personas externas puede exponerlos a contagios y afectar su vida, salud e integridad. La propuesta busca asegurar la continuidad de actividades de hidrocarburos, pero no explica cómo se evitarían esos riesgos ni cómo se garantizaría el principio de no contacto.

El problema se extiende a las áreas naturales protegidas. La exposición de motivos plantea modificar la ley para permitir que estas áreas sean reducidas cuando un proyecto sea declarado de “necesidad pública e interés nacional”. El argumento incluye el potencial gasífero de la cuenca de Madre de Dios, que se superpone con zonas como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Se trata de áreas donde la extracción de recursos naturales está prohibida. En el caso de Amarakaeri, además, una zona destinada a la promoción de hidrocarburos se superpone en más del 40% con la reserva e incluye lugares como el Rostro Harakbut y la Casa del Inca, reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación. La modificación propuesta podría, por tanto, abrir una vía para reducir la protección de áreas creadas precisamente para conservar ecosistemas y territorios que no deberían quedar subordinados a nuevos proyectos extractivos.

El paquete también propone dotar a los guardaparques de equipos no letales para enfrentar las amenazas que encuentran durante su trabajo. La medida puede parecer razonable, pero la propuesta genera dudas porque no explica por qué sería necesario incorporarla mediante estas facultades legislativas cuando ya existe, desde 2024, un régimen especial para el Cuerpo de Guardaparques que contempla medidas de seguridad, seguros y protocolos frente a los riesgos de su labor.

Lo que aparece detrás de este paquete es una apuesta política bastante clara: quitar obstáculos a las actividades extractivas, aunque para ello haya que debilitar los controles que las regulan. Opiniones técnicas, protección de bosques, territorios indígenas, áreas naturales protegidas y el principio de no contacto aparecen una y otra vez como límites que pueden ser recortados, acelerados o subordinados a los intereses de la inversión. Y ahora la decisión está en manos de un Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados, que tendrá que decidir si entrega al Ejecutivo las herramientas para avanzar por esa vía. Si las entrega, también tendrá la responsabilidad de fiscalizar después los decretos que podrían convertir esta orientación política en cambios concretos sobre el territorio y los recursos naturales.