Francia y España: dos historias de imperio, un mismo capitalismo europeo

Dos socios europeos, dos historias de imperio muy distintas, y una misma pregunta de fondo: ¿a quién sirve el modelo económico que cada país construyó sobre las ruinas de su pasado colonial? El duelo en semifinales del Mundial 2026 es apenas el pretexto para mirar algo más profundo.

Vecinos desiguales

Francia y España comparten frontera, moneda, membresía en la Unión Europea y un Mundial que este martes 14 de julio de 2026 los enfrenta en semifinales, en el AT&T Stadium de Dallas, con España llegando de eliminar a Bélgica 2-1 y Francia de superar a Marruecos 2-0. Pero detrás de la vecindad geográfica hay dos trayectorias históricas y económicas que se parecen mucho menos de lo que el mapa sugiere.

Francia llega a este siglo XXI como una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y heredera de uno de los imperios coloniales más extensos de la historia moderna. España llega como una potencia media que perdió el grueso de su imperio ultramarino en 1898 —frente a Estados Unidos, con Cuba, Puerto Rico y Filipinas— y que pasó buena parte del siglo XX sumida en una dictadura que la mantuvo al margen de la construcción europea de posguerra. Esa asimetría de origen todavía se nota hoy en el peso relativo de cada país dentro de la arquitectura de poder global.

Economía: la potencia central y la periferia del euro

El diagnóstico económico de ambos países en 2026 es menos simple de lo que el estereotipo del "norte próspero, sur precario" sugeriría. La tasa de desempleo general de España se ha mantenido este año en torno al 9,8-10,4%, todavía de las más altas de la Unión Europea, frente a un 7,7% en Francia. La brecha se agranda entre los jóvenes: el desempleo juvenil español ronda el 23,5-24%, uno de los más elevados del bloque comunitario, mientras que en Francia se sitúa entre el 17,5% y el 21% según el mes de medición —alto para los estándares de Europa occidental, pero notablemente menor que el español—. En conjunto, España y Francia concentran cerca del 40% de todos los desempleados de la Unión Europea, pese a representar solo el 26% de su población, lo que retrata el peso desproporcionado del paro en ambas economías dentro del mercado laboral continental.

En materia de desigualdad, el panorama es más matizado de lo que suele repetirse. El coeficiente de Gini español se ha reducido de forma sostenida hasta situarse en 30,8 en 2026, su nivel más bajo desde 2007. Sin embargo, ello no significa que el país haya resuelto sus problemas sociales más profundos.

Pero esa cifra convive con una realidad incómoda: el propio Gobierno español reconoce que el país sigue liderando entre las grandes economías europeas tanto en tasa de pobreza —que ha ido en aumento— como en concentración de riqueza en manos de los más adinerados, arrastrando problemas estructurales de vivienda y precariedad laboral que el indicador de ingresos por sí solo no refleja. Francia, por su parte, mantiene un desempleo más bajo pero enfrenta su propia batalla distributiva, protagonizada por un conflicto que estalló con fuerza en 2018 y que no ha dejado de resurgir desde entonces.

El acceso a la vivienda resume buena parte de esas contradicciones. Durante los últimos años, el fuerte incremento del precio de compra y de los alquileres ha convertido este problema en una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado medidas como la Ley de Vivienda y distintos programas de ayuda, sus resultados siguen siendo objeto de debate y amplios sectores consideran que no han logrado frenar el encarecimiento del mercado inmobiliario, especialmente en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades.

A esos problemas económicos se suma una profunda crisis de confianza en las instituciones. El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta un creciente desgaste político debido a las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno y a diversos casos que la oposición presenta como ejemplos de corrupción y utilización partidista del poder. Esa situación ha debilitado la imagen del Ejecutivo y ha intensificado una polarización que también se alimenta de los antecedentes de corrupción del Partido Popular y del clima de confrontación permanente entre los principales partidos.

El termómetro social: chalecos amarillos y reformas de pensiones

Si hay un episodio que resume la tensión de clase en la Francia reciente, es el movimiento de los "chalecos amarillos". Nacido el 17 de noviembre de 2018 como protesta contra una subida al impuesto a los combustibles, escaló rápidamente hacia un cuestionamiento más amplio de la desigualdad económica y la percepción de que el gobierno de Emmanuel Macron favorecía a las élites urbanas mientras castigaba a la Francia periférica y rural. Las protestas se prolongaron durante años, dejaron una decena de muertos y cientos de heridos por la represión policial, y forzaron concesiones del gobierno —cancelación del alza al diésel, un bono para trabajadores de bajos ingresos, aumento del salario mínimo— sin resolver el malestar de fondo.

Ese malestar volvió a estallar en 2023 con la reforma de pensiones de Macron, que elevó la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y aumentó los años de cotización necesarios, pese a que Francia —hasta esa reforma— tenía una de las edades de jubilación más tempranas de la Unión Europea. Millones de personas salieron a las calles en jornadas sucesivas de huelga general, y el propio Macron tuvo que sobrevivir a mociones de censura en el Parlamento para sacar adelante la ley. España, por contraste, exige actualmente 37 años y nueve meses de cotización para la pensión completa —varios años menos que los 43 franceses— y ha optado por actualizar las pensiones según la inflación en lugar de congelarlas, una diferencia que sindicatos franceses han llegado a señalar como ejemplo a seguir frente a la ortodoxia fiscal de su propio gobierno. Esa política ha sido bien valorada por los sindicatos, pero también ha abierto un intenso debate sobre su sostenibilidad financiera en un país que envejece rápidamente y mantiene elevados niveles de deuda pública.

El debate sobre el gasto público tampoco se limita a las pensiones. En los últimos años, el gobierno de Pedro Sánchez ha afrontado presiones de la OTAN y de varios de sus socios para incrementar el gasto en defensa, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el deterioro de la seguridad europea. Ese debate ha generado tensiones dentro de la propia coalición de gobierno y entre quienes sostienen que el aumento del presupuesto militar puede terminar compitiendo con recursos destinados a vivienda, sanidad o educación. Francia, por su parte, parte de una realidad distinta: como potencia nuclear y uno de los principales ejércitos europeos, mantiene desde hace décadas un gasto militar mucho mayor y una industria de defensa de importancia estratégica.

Historia e imperio: dos maneras de perder un imperio

La huella colonial de ambos países en el presente es profundamente distinta. Francia construyó, entre los siglos XIX y XX, un imperio que llegó a abarcar Argelia, gran parte de África occidental y central, Indochina y territorios en el Caribe y el Pacífico, y que se sostuvo mediante un sistema de extracción de recursos y mano de obra que hoy sigue siendo objeto de debate en la propia sociedad francesa, particularmente en torno a la guerra de independencia de Argelia (1954-1962), uno de los conflictos coloniales más sangrientos y traumáticos del siglo XX, con cifras de muertos que los historiadores todavía disputan pero que se cuentan por cientos de miles.

Ese pasado no es solo historia: la llamada Françafrique —la red de relaciones económicas, militares y monetarias que Francia mantuvo con sus antiguas colonias africanas tras la independencia formal— ha sido señalada durante décadas por analistas y movimientos africanos como una forma de neocolonialismo, sostenida hasta hace pocos años mediante monedas atadas al Tesoro francés (el franco CFA) y bases militares permanentes en el continente.

España, por otro lado, ya había perdido el núcleo de su imperio americano en el siglo XIX, y el golpe final llegó en 1898 con la derrota frente a Estados Unidos. Lo que le quedó —el Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial, el protectorado en el norte de Marruecos— fue un imperio residual y empobrecido, que la propia dictadura franquista administró de forma errática hasta las últimas descolonizaciones de los años setenta. La guerra del Rif en Marruecos (1921-1926), con el uso documentado de armas químicas por parte del ejército español contra población civil rifeña, es uno de los capítulos más oscuros y menos conocidos de ese periodo.

A diferencia de Francia, España no salió de la Segunda Guerra Mundial como potencia victoriosa con asiento en el reparto de poder de posguerra: salió de su propia Guerra Civil (1936-1939) sumida en una dictadura de casi cuarenta años bajo Francisco Franco, aislada internacionalmente durante buena parte de ese periodo y con una transición a la democracia que recién culminó en 1978, tres décadas después de que Francia fundara su Cuarta República y dos décadas después de que Charles de Gaulle instaurara la actual Quinta República en 1958.

Esa diferencia de trayectoria explica buena parte de la asimetría de poder actual: Francia se sentó en la mesa fundacional de la Unión Europea en 1957 —como uno de los seis países firmantes del Tratado de Roma— y conserva hoy su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y su arsenal nuclear propio, la force de frappe. España, en cambio, no ingresó a la entonces Comunidad Económica Europea sino hasta 1986, once años después de la muerte de Franco, y sigue siendo una potencia media sin representación permanente en los organismos que definen el orden internacional.

El fútbol también cuenta esta historia

El cruce no es cualquier semifinal: Francia busca su tercera final consecutiva de Copa del Mundo, tras ser campeona en 2018 y subcampeona en 2022, mientras que España disputa apenas su segunda semifinal mundialista en toda su historia, la primera desde Sudáfrica 2010. Es, otra vez, el patrón de la potencia establecida frente al país que irrumpe con menos historial reciente pero con una generación excepcional —Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo— que ya derrotó dos veces seguidas a Francia en encuentros recientes, incluyendo la final de la Eurocopa 2024 (2-1) y la semifinal de la Nations League 2025 (5-4).

Ese historial reciente le ha dado a España un argumento simbólico que sus propios jugadores no han dudado en usar: "somos la única selección que les ha ganado dos veces de manera consecutiva", recordó el propio seleccionador Luis de la Fuente antes del partido. Pero conviene, aquí también, resistir la tentación de leer el fútbol como una alegoría perfecta de la geopolítica: el Real Madrid y el Barcelona son, junto al París Saint-Germain francés, motores del mismo mercado global de fichajes multimillonarios, y jugadores como Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé —hoy estandartes de la Francia futbolística— construyeron sus carreras en clubes españoles y franceses igualmente insertos en el capitalismo del deporte de élite.

Francia y España no son el mismo tipo de país, y esa diferencia no es un accidente: es el resultado directo de cómo cada uno salió de su respectivo siglo XX. Francia conservó su asiento en la mesa donde se reparte el poder global —Consejo de Seguridad, armamento nuclear, redes económicas heredadas de su imperio africano— mientras gestiona, puertas adentro, un modelo social que empuja a millones de trabajadores a las calles cada vez que un gobierno intenta recortar derechos conquistados.

España, en cambio, entró tarde a la Europa democrática y sigue arrastrando algunos de los problemas sociales más graves de Europa occidental. Aunque ha mejorado ciertos indicadores de desigualdad de ingresos y ha ha evitado, hasta ahora, una reforma de las pensiones tan profunda como la aplicada en Francia., continúa registrando una de las mayores tasas de desempleo de la Unión Europea, una grave crisis de acceso a la vivienda, elevados niveles de pobreza y enormes dificultades para que buena parte de los jóvenes logren emanciparse. Esos problemas han alimentado un creciente malestar social que también cuestiona la capacidad de los sucesivos gobiernos, incluido el de Pedro Sánchez, para dar respuestas estructurales.

Pero conviene no perder de vista lo que ambos países tienen en común, que es más de lo que sus diferencias sugieren: son dos economías capitalistas de mercado, integradas en la misma Unión Europea y sometidas a las mismas reglas de disciplina fiscal, con clases empresariales que han capturado buena parte del excedente generado en las últimas décadas. En ese contexto, los distintos gobiernos han tendido a contener el gasto social, flexibilizar el mercado laboral y asumir un incremento progresivo del gasto en defensa, impulsado en buena medida por los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN, antes que promover una redistribución más profunda de la riqueza mediante una mayor tributación del capital y de los grandes patrimonios.

Francia lo hace desde la posición de una antigua potencia imperial que todavía conserva importantes instrumentos de influencia internacional. España, desde una economía periférica de la eurozona que, pese a su crecimiento reciente, continúa enfrentando graves problemas de vivienda, precariedad laboral y desigualdad patrimonial. Ninguno de los dos es un modelo a seguir ni una excepción virtuosa dentro del capitalismo europeo: son variantes del mismo sistema, con matices de origen y de gestión, pero no alternativas entre sí.

La diferencia entre Francia y España no elimina una realidad compartida: en ambos países, millones de trabajadores sostienen economías donde la distribución de la riqueza sigue siendo uno de los grandes debates pendientes.