Esto es lo que está pasando en Bolivia

Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión social y política de los últimos años. Tras semanas de protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía, el país vive hoy una tregua frágil, marcada por la desconfianza entre el Gobierno y los movimientos sociales. Lo que comenzó como una medida económica terminó revelando un conflicto más profundo sobre el rumbo del Estado, el modelo de desarrollo y el lugar de los sectores populares en la toma de decisiones.

Durante más de dos décadas, Bolivia mantuvo subsidios a los combustibles como una política clave para proteger el poder adquisitivo de la población. Bajo los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, la subvención a la gasolina y al diésel fue parte central del modelo estatal: permitía contener los precios del transporte, los alimentos y los servicios, y funcionaba como una forma indirecta de redistribución social.

Sin embargo, en los últimos años el país enfrentó una caída de las reservas internacionales, presión fiscal e inflación, lo que abrió el debate sobre la sostenibilidad de ese sistema. En ese contexto, el nuevo presidente Rodrigo Paz, de una coalición de centro-derecha, decidió avanzar con un ajuste que sus antecesores habían evitado.

El detonante económico

A mediados de diciembre de 2025, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5503, que eliminó los subsidios a la gasolina y al diésel. El impacto fue inmediato: el precio de la gasolina subió cerca de 86 % y el del diésel más de 160 %. Para millones de bolivianos, eso significó un aumento automático en el costo del transporte, los alimentos y la vida cotidiana.

El Ejecutivo defendió la medida como una “corrección fiscal necesaria” para estabilizar la economía y evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas. Pero en un país donde gran parte de la población vive del comercio informal, el transporte y la economía popular, el alza de los combustibles fue percibida como un golpe directo al bolsillo y una amenaza a la subsistencia diaria.

El recuerdo de anteriores “gasolinazos” —como el intento fallido de 2010— también pesó en la reacción social. Para muchos sectores, el fin del subsidio no era solo una decisión técnica, sino un símbolo de ruptura con el modelo estatal que había marcado la política boliviana desde inicios del siglo XXI.

La respuesta social y el bloqueo del país

La reacción fue rápida y masiva. La Central Obrera Boliviana (COB) convocó marchas y bloqueos en todo el territorio. Miles de trabajadores, mineros, campesinos y transportistas se movilizaron hacia La Paz bajo consignas como “Bolivia no se vende” y “No al gasolinazo”.

En pocas semanas, se registraron más de 50 puntos de bloqueo en carreteras estratégicas, paralizando el transporte interdepartamental y afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles. En ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba, las protestas incluyeron cortes de calles, enfrentamientos con la Policía y el uso de petardos y dinamita por parte de algunos sectores mineros.

El impacto en la vida cotidiana fue evidente: viajeros varados, largas colas en estaciones de servicio, escasez de combustible en algunas regiones y una economía informal golpeada por la paralización del transporte. También se denunciaron agresiones contra periodistas que cubrían las movilizaciones, reflejo de un clima social cada vez más tenso. Para amplios sectores populares, la protesta no era solo política: era una cuestión de supervivencia.

El acuerdo y la tregua frágil

Tras semanas de presión, el 11 y 12 de enero de 2026 el Gobierno y la COB anunciaron un acuerdo. El punto central fue la abrogación del Decreto Supremo 5503 y la promesa de redactar una nueva norma que mantenga la subvención a los combustibles, además de revisar otros decretos cuestionados por los sindicatos.

El anuncio permitió levantar varios bloqueos, pero no todos. En distintas regiones, organizaciones sociales decidieron mantener las medidas de presión hasta que la derogación se publique oficialmente en la Gaceta y se confirme que el subsidio será restituido sin condiciones ocultas.

Además, surgieron tensiones dentro del propio movimiento sindical. Sectores como el magisterio urbano y algunas organizaciones regionales consideran que el acuerdo es insuficiente y denuncian incumplimientos del Ejecutivo. La COB incluso se declaró en estado de emergencia, señalando que el Gobierno no ha respetado todos los compromisos asumidos.

Hoy Bolivia no está paralizada como en los días más duros de la protesta, pero tampoco está en calma. El Gobierno insiste en que necesita aplicar reformas económicas para estabilizar el país, mientras que los movimientos sociales desconfían de cualquier ajuste que pueda afectar conquistas históricas en salarios, subsidios y derechos laborales.

Lo que está en juego no es solo el precio del combustible. Es una disputa más amplia sobre el modelo económico, el rol del Estado y la relación entre poder político y organización social. Por ahora, Bolivia vive una pausa tensa: menos bloqueos, más diálogo, pero con una desconfianza que sigue latente en las calles.