El colapso de los depósitos arqueológicos

En los últimos años, el país ha sido testigo de una aparente voluntad por parte del Estado de fomentar la investigación arqueológica y la protección del patrimonio. Sin embargo, detrás de esa fachada de normativas y permisos, hay un problema estructural que nadie quiere abordar: el Ministerio de Cultura ya no tiene dónde almacenar los materiales arqueológicos recuperados en proyectos de investigación, evaluación y rescate.

Esta crisis no es nueva. Desde hace tiempo, los depósitos del ministerio han ido colapsando, acumulando cajas y bolsas con fragmentos cerámicos, líticos, restos óseos y otros vestigios que, en muchos casos, terminan amontonados sin un adecuado tratamiento ni condiciones de conservación. Pero en lugar de detenerse a solucionar este problema, las autorizaciones para nuevas excavaciones siguen emitiéndose sin prever el destino final de los materiales recuperados.

Lo más absurdo de todo esto es que gran parte de la investigación arqueológica en el Perú no es financiada por el Estado, sino por los propios arqueólogos o por entidades privadas. Mientras que en otros países la inversión pública en patrimonio es un eje central de la identidad cultural, en el Perú la arqueología sobrevive gracias al esfuerzo de investigadores que buscan financiamiento en universidades extranjeras o instituciones privadas. Y, a pesar de ello, el Ministerio de Cultura sigue sin asumir su responsabilidad en la preservación del patrimonio recuperado.

Esto demuestra un problema aún más profundo: la falta de una verdadera visión política sobre la gestión del patrimonio. En lugar de fortalecer la infraestructura y la capacidad de conservación, se prefiere apostar por la burocracia y el cortoplacismo. Mientras tanto, nuestros museos se encuentran en condiciones precarias, con colecciones enteras almacenadas en depósitos inadecuados, muchas veces sin catalogación ni estudios actualizados.

El ejemplo más vergonzoso de este fracaso es el Museo Nacional de Arqueología (MUNA), un elefante blanco que costó más de 500 millones de soles y que, hasta el día de hoy, no cumple con las condiciones necesarias para la conservación del patrimonio. Se vendió como el proyecto que solucionaría los problemas de almacenamiento y exhibición del patrimonio arqueológico, pero la realidad es otra: el MUNA no cuenta con la infraestructura adecuada para cumplir su función, sus depósitos no tienen las condiciones óptimas para albergar materiales arqueológicos y su apertura ha sido postergada una y otra vez sin que se resuelvan los problemas técnicos y administrativos que lo aquejan.

Mientras el MUNA permanece inoperativo, miles de piezas arqueológicas siguen abandonadas en depósitos inadecuados, deteriorándose día tras día. Se han gastado cientos de millones en un museo que, hasta la fecha, no cumple con las funciones para las cuales fue creado, mientras los museos regionales siguen en abandono y los proyectos de investigación carecen de apoyo financiero. ¿Cómo se justifica seguir excavando y recuperando materiales cuando ni siquiera se puede conservar lo que ya se ha recuperado?

Esta falta de planificación no solo afecta la investigación, sino que condena al patrimonio a la invisibilidad. Se ha creado una cultura de acumulación de materiales sin un verdadero plan de conservación, estudio o difusión. En lugar de proteger el patrimonio, el Estado lo está convirtiendo en una carga sin solución.

Es momento de plantear una discusión seria sobre esta crisis. No se pueden seguir autorizando más proyectos de excavación sin antes resolver el problema de los depósitos y la conservación. Si el Ministerio de Cultura no tiene la capacidad de almacenar y proteger lo que ya se ha recuperado, entonces cualquier intervención arqueológica se convierte en un acto irresponsable.

Además, es hora de que el Estado asuma el costo real de esta gestión. Si el Ministerio de Cultura no tiene espacios adecuados, entonces debería asumir la responsabilidad económica de la custodia de estos materiales en depósitos privados o alternativos, garantizando su conservación hasta que exista una solución real. No se puede seguir trasladando esta carga a los investigadores, ni permitiendo que el patrimonio siga en riesgo por la inacción de las autoridades.

Si realmente queremos proteger nuestro patrimonio, la prioridad debería ser fortalecer la capacidad del Estado para gestionar lo que ya existe, en lugar de seguir sumando más materiales a un sistema que claramente está colapsado. De lo contrario, en unos años no tendremos un registro sólido de nuestro pasado, sino una montaña de cajas olvidadas en almacenes sin futuro.