Gil, el terruqueador corrupto

José Luis Gil Becerra, exdirector de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior del Perú, fue condenado por peculado por utilización, delito que consiste en usar recursos públicos para fines personales. La investigación demostró que asignó agentes de la Policía Nacional para realizar tareas privadas, como transportar a su familia, en lugar de cumplir con sus funciones oficiales.

La sentencia incluyó cuatro años de prisión efectiva, que fueron convertidos en 206 días de prestación de servicios a la comunidad, junto con seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 180 días y el pago de S/ 5,000 como reparación civil al Estado.

En 2019, un reportaje periodístico reveló que Gil utilizaba a agentes de la Policía Nacional para tareas privadas. Este abuso de poder llevó a su renuncia y desencadenó la investigación. Aunque se presentaba como defensor de la seguridad nacional, en la práctica usaba su posición para beneficio personal, violando las normas sobre el uso de recursos públicos.

La conversión de la prisión en servicio comunitario, la corta inhabilitación para cargos públicos y la reparación civil de S/ 5,000 son cuestionables, ya que no reflejan la gravedad del delito de peculado por utilización. Estas sanciones podrían considerarse insuficientes tanto para disuadir futuros actos de corrupción como para resarcir adecuadamente el daño causado al Estado, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad y efectividad de las medidas impuestas.

Gil también aprovechó su cargo para etiquetar a movimientos sociales y opositores como "terroristas", a pesar de que el conflicto armado interno había terminado hace más de 30 años, sin presentar pruebas concretas de sus acusaciones.

En julio de 2023, durante las protestas conocidas como la "Tercera toma de Lima", Gil afirmó que 13,000 "terroristas" estaban libres y muchos infiltrados en las manifestaciones, lo que fue criticado por organizaciones de derechos humanos como una táctica para deslegitimar las protestas y justificar la represión estatal.

El uso de este tipo de lenguaje, sin pruebas verificables, pone en evidencia una estrategia de manipulación política destinada a desacreditar a la oposición y a utilizar el temor al "terrorismo" como herramienta de control social.

Este contraste entre su discurso público y sus prácticas privadas revela la hipocresía de su figura. Mientras acusaba a la oposición de "terrorismo", él mismo utilizaba el aparato estatal para enriquecerse a costa del pueblo peruano. El escándalo de corrupción expuso cómo su retórica sobre la "defensa de la patria" solo servía para ocultar sus propios intereses personales.

Gil Becerra no solo será recordado por su corrupción, sino también por cómo manipuló la percepción pública, utilizando el miedo al "terrorismo" como una excusa política para controlar a la oposición y mantener su influencia.