El ministro que Poderosa financió ahora decide quién cuida sus minas

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, administra hoy el despliegue de las Fuerzas Armadas en Pataz, la provincia donde opera Compañía Minera Poderosa. Antes de asumir ese cargo, la presidenta ejecutiva del directorio de esa empresa, Eva Arias Vargas de Sologuren, fue una de las principales financistas de su candidatura presidencial.

Ocho aportes, un millón y medio de soles

Según la información reconocida públicamente por Belaúnde y registrada ante la ONPE, Libertad Popular —el partido que fundó en 2022 y con el que postuló a la presidencia en 2026— recibió ocho aportes de Evangelina Arias entre 2025 y 2026, por un total cercano a S/ 1 millón 480 mil. El propio ministro confirmó la cifra y precisó que los aportes se realizaron en dos años calendario.

Belaúnde ha intentado marcar distancia entre estos aportes y Minera Poderosa, señalando que Arias entregó el dinero como persona natural y que él no recibió financiamiento directamente de la empresa. Pero Arias no es una donante desvinculada del sector: es presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa, accionista con participación representativa en la empresa y presidenta del Consejo Directivo de Asociación Pataz. También ha presidido la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Sociedad Interamericana de Minería, además de integrar la CONFIEP.

Por eso, la distinción entre “Arias como persona” y “Poderosa como empresa” puede resolver la formalidad del aporte, pero no el vínculo político que está en cuestión. Quien puso casi S/ 1,5 millones en el partido de Belaúnde no es una empresaria cualquiera, sino una de las principales figuras del poder minero peruano, al frente de una compañía con intereses directos en Pataz. 

Belaúnde sostiene que no existe ningún compromiso con Arias y atribuye los aportes a una “afinidad” política. Ha dicho también que la conocía y que coincidió con ella en algunos almuerzos. Pero esa explicación deja abierta una pregunta elemental: ¿por qué una de las figuras más importantes del empresariado minero decidió colocar S/ 1,48 millones en el partido de Belaúnde? Que los aportes hayan sido legales y declarados ante la ONPE responde a una cuestión formal, no al significado político de una contribución de semejante magnitud.

A ello se suma un antecedente que Belaúnde tampoco niega: hace aproximadamente doce años, una empresa suya dedicada al saneamiento prestó servicios a una hidroeléctrica perteneciente a una subsidiaria de Poderosa. Según su propio relato, fue un trabajo remunerado y tributado. No se trata, entonces, de un vínculo surgido únicamente durante la campaña: existe también una relación empresarial previa entre el entorno de Belaúnde y el grupo económico de la donante.

De consultor minero a ministro con las FF.AA. bajo su mando

El perfil de Belaúnde está estrechamente ligado al mundo empresarial y minero. Antes de volver a la política ocupó cargos gerenciales y trabajó como consultor en asuntos relacionados con el sector extractivo. En 2020 fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Martín Vizcarra. El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori lo nombró ministro de Defensa.

Su llegada a Defensa adquiere otra dimensión por el caso Pataz. Las Fuerzas Armadas participan allí bajo el estado de emergencia y Belaúnde ha defendido una intervención militar activa contra las organizaciones criminales que operan en la zona.

El propio ministro ha reconocido que uno de los hechos violentos investigados en Pataz ocurrió en un socavón explotado mediante un contrato de beneficio con Poderosa y dentro de una concesión de la empresa. Al ser cuestionado por la presencia militar en la zona, ha rechazado que las Fuerzas Armadas estén allí para “chalequear” a la minera y sostiene que su misión es combatir al crimen organizado.

El problema no se reduce a determinar si Poderosa depositó dinero directamente en la cuenta de Belaúnde o si Arias le dio alguna orden. Lo relevante es la acumulación de vínculos: una empresa vinculada a Belaúnde ya había trabajado para una subsidiaria de Poderosa y, tras recibir su partido casi S/ 1,5 millones de la presidenta de la minera, él terminó al frente del Ministerio de Defensa, responsable político de las Fuerzas Armadas desplegadas en Pataz. Todo puede haber sido legal, pero eso no despeja la pregunta política: ¿qué significa esta cercanía entre dinero, poder minero y poder estatal?

Pataz, el territorio en disputa

La provincia de La Libertad donde opera Poderosa vive bajo estado de emergencia de manera casi continua desde diciembre de 2025, con sucesivas prórrogas —la más reciente mediante el Decreto Supremo 113-2026-PCM, vigente desde el 4 de agosto— que mantienen a las Fuerzas Armadas a cargo del orden interno y un toque de queda nocturno entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), creado en mayo de 2025, reporta más de 2,500 patrullajes y una afectación económica superior a los S/ 249 millones a organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en su primer año de operación.

Pese a ese despliegue, los homicidios, secuestros y extorsiones no han cesado en la zona, un punto que la propia moción de interpelación cita para cuestionar la eficacia de las sucesivas declaratorias de emergencia. El texto incluso recoge un pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que ha expresado preocupación por la frecuencia con que Perú recurre a este mecanismo excepcional.

Es en ese escenario donde Juntos por el Perú presentó, el 14 de agosto, una moción de interpelación contra Belaúnde con un pliego de 43 preguntas divididas en once bloques temáticos, impulsada por el diputado Marino Lavado. El bloque más extenso —nueve preguntas— apunta directamente al uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para proteger instalaciones de Poderosa: exige que el ministro entregue documentación que garantice que ningún efectivo militar cumple funciones de seguridad privada o exclusiva para la empresa, y pide precisar cuántos uniformados protegen a la población civil frente a cuántos resguardan infraestructura minera.