Cinco integrantes de la JNJ podrían ser suspendidos por reponer a Patricia Benavides

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima evaluará este miércoles una medida cautelar contra Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo. El pedido plantea suspenderlos durante seis meses mientras se resuelve la denuncia por presuntas infracciones al Código de Ética del Abogado.

El intento de la Junta Nacional de Justicia de devolver a Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación no terminó con la disputa que provocó dentro del Ministerio Público. Más de un año después, aquella decisión vuelve a generar consecuencias, esta vez en el ámbito disciplinario de la profesión legal. Este miércoles 12 de agosto, a las 5 de la tarde, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima realizará una audiencia virtual para decidir si corresponde suspender provisionalmente la habilitación profesional de cinco integrantes de la JNJ.

La medida cautelar fue solicitada contra Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo, todos abogados que integran el órgano encargado de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales. El pedido, presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), plantea una suspensión de seis meses mientras continúa el procedimiento principal, promovido por el IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El origen del caso está en una de las decisiones más controvertidas adoptadas por la actual JNJ. En junio de 2025, el organismo dejó sin efecto la destitución de Patricia Benavides y ordenó que fuera repuesta como fiscal de la Nación, pese a que Delia Espinoza se encontraba ejerciendo el cargo tras haber sido elegida por la Junta de Fiscales Supremos. La decisión abrió una crisis institucional que enfrentó directamente a la JNJ con el Ministerio Público.

Pero el episodio no se limitó a una disputa sobre quién debía ocupar la Fiscalía de la Nación. Cuando Espinoza no ejecutó la decisión de la JNJ, el organismo avanzó hacia su cumplimiento forzoso. El 24 de junio de 2025, la Junta solicitó formalmente al comandante general de la Policía Nacional el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la resolución que ordenaba la reposición de Benavides. El pedido convirtió una controversia institucional en un conflicto que involucraba directamente a la Policía.

Ese es uno de los puntos centrales de la denuncia que ahora examina el Consejo de Ética del CAL. Para los denunciantes, los integrantes de la JNJ no solo habrían vulnerado el texto expreso de la ley al ordenar la reposición de Benavides cuando otra fiscal de la Nación se encontraba legítimamente en funciones, sino que además habrían promovido actos propios de un gobierno de facto al recurrir a la fuerza pública para hacer efectiva su decisión. A ello se suma el cuestionamiento por una presunta vulneración de los deberes de transparencia.

La denuncia ética fue presentada el 4 de julio de 2025 y posteriormente admitida a trámite por el Consejo de Ética. Entre las disposiciones del Código de Ética del Abogado que los denunciantes consideran vulneradas se encuentran las obligaciones de hacer prevalecer el derecho, obedecer la ley, actuar con probidad e integridad y no conducirse al margen de los medios y procedimientos permitidos por el ordenamiento jurídico.

No se trata, por tanto, de una controversia puramente gremial. Lo que está bajo examen es la actuación de abogados que, desde una institución constitucionalmente encargada de garantizar la independencia y adecuada composición del sistema de justicia, adoptaron decisiones que tuvieron como consecuencia una confrontación abierta con el Ministerio Público y que incluso llevaron a solicitar la intervención policial para hacerlas cumplir.

La gravedad del episodio también fue advertida fuera del país. En medio de la crisis generada por la decisión de la JNJ, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por una posible afectación de la autonomía del Ministerio Público y llamó a preservar los procedimientos constitucionales vinculados con la designación y remoción de sus autoridades. El caso dejó así de ser solamente una disputa entre funcionarios peruanos y pasó a ser observado en el ámbito interamericano.

La audiencia del miércoles no resolverá todavía la responsabilidad definitiva de los cinco integrantes de la JNJ. El Consejo de Ética debe decidir únicamente si corresponde aplicar la medida cautelar solicitada mientras se desarrolla el proceso de fondo. De aprobarse, los abogados quedarían suspendidos provisionalmente durante seis meses del ejercicio profesional.

La decisión tendrá además una lectura institucional inevitable. Los integrantes de la JNJ ejercen funciones públicas, pero también están sujetos, como abogados, a las obligaciones éticas de su profesión. La cuestión que deberá resolver el CAL es si las decisiones adoptadas durante el intento de reposición de Benavides son compatibles con esos deberes o si, por el contrario, constituyeron un uso del poder institucional contrario a las reglas que los propios abogados están obligados a defender.

El caso resulta particularmente significativo porque la controversia no terminó con la frustrada reposición de Benavides. La actuación de la JNJ desencadenó cuestionamientos constitucionales, políticos y ahora también disciplinarios. Y mientras el Consejo de Ética del CAL se dispone a evaluar la conducta de cinco integrantes de la Junta, la propia JNJ ha cuestionado la intervención del órgano gremial. En enero de este año, la Procuraduría de la JNJ llegó incluso a presentar una denuncia penal contra integrantes del Consejo de Ética que intervienen en procedimientos relacionados con sus miembros, llevando el enfrentamiento a un nuevo terreno.

La audiencia de este miércoles pondrá nuevamente sobre la mesa una pregunta que excede los nombres de quienes hoy integran la JNJ: ¿hasta dónde puede llegar una institución encargada de administrar el sistema de justicia cuando sus decisiones terminan enfrentándose a las reglas y procedimientos que ese mismo sistema está obligado a respetar? En el caso de la reposición de Patricia Benavides, esa pregunta sigue abierta.