Cómo Argentina llegó con tres películas a Lima justo cuando el Estado dejó de financiar su cine

Argentina es, con tres títulos, el país con más presencia en la Competencia Latinoamericana de Ficción del FICL 2026. El dato tendría algo de orgullo nacional si no llegara precedido por el desmantelamiento más agresivo que sufrió el cine argentino en democracia. Entre 2024 y 2025, el gobierno de Javier Milei recortó el presupuesto real del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en cerca de 64% acumulado —49,1% en 2024, otro 28,7% en 2025—, según el análisis del medio de verificación Chequeado sobre datos oficiales de ejecución presupuestaria.

La línea que más cayó fue, no por casualidad, el fomento a la producción: 81,8% menos que en 2023. La plataforma pública CineAR perdió 98,8% de su presupuesto y quedó, en los hechos, vaciada. En su primer año completo de gestión, el titular del organismo, el economista Carlos Pirovano, no aprobó una sola película argentina nueva, según denunciaron el Espacio Nacional Audiovisual y la asociación de productores APIMA.

Milei nunca ocultó el razonamiento detrás del ajuste, y vale la pena citarlo textual porque explica todo lo que vino después: "Tengo que elegir si ponemos los recursos para financiar películas que no mira nadie (...) o ponemos esa plata para darle de comer a la gente", dijo en enero de 2024 en Radio Rock & Pop. Es una frase construida para sonar razonable y que no lo es: presenta como disyuntiva —cine o comida— una porción del gasto público que nunca compitió presupuestariamente con la asistencia social, y reduce el valor de una película al número de entradas que vende, el mismo criterio que en noviembre de 2024 el Decreto 984/2024 convirtió en política formal: desde entonces, el INCAA solo subsidia producciones que superen los 10.000 espectadores, verificados después del estreno, no antes.

La lógica es circular y, para el cine de autor, letal: para calificar al fondeo estatal que permite hacer la película, primero hay que haberla estrenado con éxito comercial sin ese fondeo. El Decreto 662/2024, además, exigió que los proyectos financien al menos el 50% de su presupuesto con recursos propios o externos antes de poder aspirar a un subsidio, y eliminó la Cuota de Pantalla, la reserva de espacio en salas comerciales para estrenos nacionales que regía desde hacía más de dos décadas.

Lo más elocuente no es lo que el Gobierno cortó, sino qué hizo con lo que ahorró. Según el Informe de Gestión 144 presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso y reportado por el medio Letrap, el INCAA pasó de un déficit de 15.270 millones de pesos en 2023 a un superávit de 7.238 millones en 2024 —celebrado públicamente por el vocero presidencial Manuel Adorni como un logro de "eficiencia"— y ese superávit no volvió a la industria: se invirtió en bonos de deuda de corto plazo. El organismo que debía fomentar cine dejó, literalmente, de comprar películas para empezar a comprar títulos del Tesoro.

El costo humano de esa decisión tiene números propios. En 2024, la participación del cine argentino en la taquilla nacional cayó a 2,19%, la más baja desde 1997 —el propio año en que empezó a existir la ley de cine que ahora se vacía por decreto—. Un relevamiento de SAGAI, el sindicato de actores, encontró que el 60% de sus afiliados debe trabajar en otra cosa para sobrevivir y que el 78% no llega a cubrir la canasta básica con sus ingresos del oficio. En el Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián de 2025, la propia responsable de industria del certamen, Saioa Riba, señaló una caída del 30% en los proyectos argentinos presentados respecto al año anterior: la motosierra no solo redujo lo que se filma dentro del país, también lo que el sector se anima a proponer afuera, en el único circuito que todavía le queda.

Contra ese telón de fondo, ¿cómo llegaron tres películas argentinas a competir en Lima este año? Ninguna lo hizo gracias al Estado que hoy administra el cine argentino. Las tres respuestas, sin embargo, no son la misma, y esa diferencia funciona como radiografía de la industria que el ajuste está dejando atrás.

La que alcanzó a cruzar antes de que cerraran la puerta

Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, es la excepción que confirma la regla, y también la más incómoda: existe porque el Estado que Milei desmanteló todavía funcionaba cuando se aprobó. La directora lo dijo sin rodeos en una entrevista con Tiempo Argentino: "Esta película la hicimos con apoyo del INCAA de la administración anterior. Lo que se vive ahora es desolador." El film —coproducción entre la argentina Ruda Cine y la suiza Alina Film, estrenada en Toronto y premiada en San Sebastián con el Premio RTVE Otra Mirada— cerró su financiamiento estatal antes de que asumiera el gobierno actual.

Mumenthaler además desarmó, sin que se lo pidieran, el argumento oficial que presenta a las coproducciones como prueba de que el cine argentino "no necesita" al INCAA: "Uno hace películas con el INCAA, pero muchas son coproducciones que traen dinero del exterior. Hoy no sabemos bien qué va a pasar con el INCAA ni con los fondos." La coproducción nunca reemplazó al fondeo estatal; lo apalancó. Sin ese primer aporte, gran parte del dinero externo tampoco llega.

Las dos que ya ni lo intentaron

El tren fluvial, ópera prima de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale —su último trabajo como director: Vignale murió en un accidente aéreo el 14 de junio—, fue explícita en sus propias notas de producción: "No tuvimos apoyos públicos, pero sí contamos con muchos pequeños aportes para financiar la película, esto explica que casi haya más productores que actores." La filmaron en 16 jornadas repartidas en tres tandas, con una cámara digital armada con lentes de cine antiguos —el presupuesto de un decreto que exige demostrar "capacidad de financiamiento propio" contado en fotogramas—, y terminó estrenándose en la sección Perspectives de la Berlinale antes de conseguir sala en el país que retrata.

La noche está marchándose ya, de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, ni siquiera tuvo que imaginar el ajuste: nació de él. Salinas se lo describió así al diario El Día: tras el triunfo de Milei "se empezó a instalar un nuevo paradigma ideológico vinculado a los recortes (...) el INCAA básicamente está cerrado, los fondos para el cine nacional se redujeron a la nada, y en Córdoba, la producción, que venía en ascenso, se volvió inexistente." La película —sobre un proyeccionista de cineclub que pierde su trabajo por recortes presupuestarios y termina viviendo escondido en la sala que antes operaba— se filmó igual, con estructura mínima (Gong Cine, Punto de Fuga Cine), y ganó los premios principales en DocLisboa y en el Festival de Valdivia antes de estrenarse en Buenos Aires.

Ninguna de las tres depende hoy del INCAA para seguir circulando: eso, a primera vista, podría leerse como el argumento libertario funcionando —el mercado y la iniciativa privada, no el Estado, sostienen al cine—. Pero las tres circulan gracias a festivales europeos, ventas internacionales y trabajo no remunerado sostenido por sus propios equipos, no gracias a un mercado argentino que las reciba: siguen dependiendo de un Estado, solo que de otros países. Y solo una de las tres pudo nacer en Argentina con apoyo argentino, precisamente porque llegó a tiempo, antes de que el mismo argumento —"películas que no mira nadie"— se convirtiera en política de Estado. Que la Cuota de Pantalla ya no exista, que los subsidios se midan en espectadores post-estreno y que el organismo del cine invierta su superávit en bonos en lugar de en producción no es un ajuste técnico: es una decisión sobre qué tipo de cine puede seguir existiendo en Argentina, y cuál queda condenado a hacerse, si se hace, por fuera de ella.