El espacio ciudadano es el último reducto republicano

Apuntes sobre la crisis de la democracia liberal en el Perú

1.- La acción política y las dimensiones de la justicia

“Ciudadanía” es una categoría que resulta fundamental para pensar y edificar las políticas democráticas. En sentido estricto, el corazón de la democracia, concebida como una forma de vida, es el autogobierno. El imperio de la ley, así como los principios y los procedimientos del moderno Estado de derecho, se proponen garantizar las libertades sustanciales y los derechos básicos del ciudadano. En la antigua Atenas, el polités era ante todo un agente político. Efectivamente, en la Política, Aristóteles definía al ciudadano como aquel individuo que tiene la potestad de “participar en las funciones judiciales y en el gobierno” en el marco de la vida de la pólis (Pol. 2775ª 6). Los ciudadanos intervienen en los procesos deliberativos sobre cuestiones de carácter público, como debatir en el ágora o actuar como miembros del jurado en los tribunales.

La deliberación cívica es la actividad política central -aunque ciertamente no la única- en el horizonte normativo de un régimen libre y sensato. El mismo Aristóteles dice que la vida común se sostiene “en la comunicación de palabras y pensamientos, porque así podría definirse la convivencia humana, y no, como en el caso del ganado, por pacer en el mismo campo” (Eth. Nic.,1170b 11-14). Jochen Wagner acaba de recordar este perspicaz pasaje de la Ética a Nicómaco en un magnífico ensayo, incluido en un importante libro de reciente publicación[1].

A juicio de Aristóteles, el proceso de exposición y contraste de razones en el espacio público -y no el mero asentamiento en un territorio-, constituye el corazón de una comunidad política saludable y en pleno funcionamiento. Este asunto nos remite a la capacidad de discernir y movilizarnos juntos, así como al ‘hecho’ de compartir lo que hoy denominamos una cultura política; ambos elementos son concebidos como dimensiones inherentes al marco significativo que estructura la práxis cívica en cuanto tal.

Como se sabe, la noción antigua de ciudadanía excluía a un sector importante de la población de los escenarios deliberativos; se negaba a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos toda participación de los bienes propios de la razón práctica y la pertenencia política. Estas formas de exclusión son incompatibles con la idea moderna de autodeterminación, tanto personal como colectiva. Los pesadores de la Ilustración y los exponentes de algunos desarrollos del romanticismo se esforzaron por corregir las prácticas e instituciones injustas de la antigüedad clásica -ateniense y romana- que restringían las libertades sustanciales y el acceso a la membresía comunitaria.

Los filósofos públicos de los últimos tres siglos se esforzaron por reivindicar la construcción de una comunidad política constituida por individuos libres e iguales -en otras palabras, la forja de una auténtica República-, vale decir, un cuerpo político en el que los derechos ciudadanos sean realmente universales, que trasciendan cualquier consideración particular basada en el origen, la clase social, la etnia, la cultura, el sexo, el género, o la religión de sus participantes. Se trataba así de erradicar del sistema de derechos cualquier determinación puntual que pudiese introducir limitaciones exteriores a la libertad, imponer desigualdades entre las personas o establecer privilegios sociales para unos pocos. La igualdad de derechos y oportunidades, así como el respeto irrestricto de las libertades individuales, constituyen los principios estructurantes de la idea moderna de ciudadanía.

Los mecanismos representativos de la democracia, las reglas y procedimientos propios del Estado de derecho y los controles institucionales para el ejercicio del poder estatal constituyen la estructura básica de la sociedad -para usar la expresión de John Rawls-, así como la plataforma fundamental para que el ciudadano pueda actuar políticamente y pueda asimismo acceder a espacios de deliberación pública[2]. La construcción de la ciudadanía requiere la atención decidida e irrenunciable de cuestiones de justicia social básica: nutrición, vivienda, empleo digno, seguridad, sanidad y educación. No tiene sentido dedicarse a forjar una cultura política de la deliberación si no nos enfocamos también en los temas de desigualdad material y asequibilidad. Ambas cuestiones -justicia social básica y cultura cívica- deben abordarse de manera conjunta y en simultáneo[3]. De otro modo, incurriremos en aquella “trampa autoritaria” que clama concentrarse en los asuntos de la justicia material dejando la implementación de los principios y los valores públicos democrático-liberales para un indeterminado después[4]. Se nos pide negociar seguridad y servicios sociales a cambio de sumisión frente al caudillo de turno.

El ejercicio de la deliberación pública necesita que el agente haya adquirido y puesto en funcionamiento disposiciones y habilidades que constituyen capacidades centrales para el florecimiento de todos los seres humanos. Martha C. Nussbaum y Amartya K. Sen han elaborado una poderosa lectura del desarrollo basado en un enfoque de capacidades. Como Nussbaum ha observado, entre todas estas capacidades centrales la “razón práctica” (o agencia) y la “afiliación” cumplen un rol arquitectónico, vale decir, que incluso el acceso a las capacidades más elementales -por ejemplo, la vida, la salud y la integridad física-, implica el concurso de capacidades más “políticas” como las mencionadas razón práctica  y la afiliación: la lucha por la vida y el combate contra las enfermedades constituyen desafíos de gran importancia que requieren de la existencia de condiciones sociales económicas y políticas muy específicas, como contar con un sistema de salud pública decente[5]. El diseño y la promoción de políticas públicas de salud suponen la posibilidad de presión cívica, el discernimiento y la coordinación de acciones por parte de individuos y grupos de individuos. Los ciudadanos -en particular los potencialmente afectados- deben estar dispuestos a debatir en público cuestiones de justicia social básica y a exigir que sus autoridades rindan cuentas sobre las decisiones tomadas sobre esta materia. Los problemas de justicia social básica y las cuestiones de participación pública no van por cuerdas separadas.

2.- Combatir el deterioro democrático. El lugar de la vida pública y la práxis cívica

Una sociedad despolitizada es el caldo de cultivo para el recorte de libertades sustanciales y para el retroceso de la democracia. Nuestro país está sumido actualmente en un “régimen híbrido” que ha emprendido el camino (una vez más) hacia el autoritarismo[6]. Actualmente una coalición mafiosa dirige los destinos del país, moviendo los hilos del poder desde el cuestionado Congreso de la República. Campea la concentración del poder, la condescendencia frente a la corrupción, así como la imposición de medidas de impunidad y la distorsión de la memoria histórica. Esta coalición -que reúne partidos conservadores de derecha y de izquierda- ha penetrado el tejido de instituciones autónomas que en otro tiempo gozaban de un reconocido prestigio, entre ellas la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Este pacto conservador ha producido leyes que favorecen el crimen organizado y han contribuido a pulverizar lo que quedaba de meritocracia en el ejercicio de la función pública. Desde hace algunos años, se ha colocado en cargos de alta responsabilidad a personas sin trayectoria ni preparación profesional adecuada, debilitando profundamente la calidad de la gestión; se han incrementado el gasto estatal y se ha sacrificado la eficacia del servicio público en todos sus niveles. El parlamento nacional cuenta con una abrumadora desaprobación en la esfera de opinión pública, pero sus acciones no encuentran resistencia en tanto muchos ciudadanos no están dispuestos a salir a protestar contra la “baja política”.

Nuestra autodenominada “clase política” ha impuesto asimismo el negacionismo como una suerte de actitud general del país “representado” en el sistema político frente a los inquietantes sucesos de nuestra historia reciente.

El cinismo frente a los hechos es notorio. A juicio de los políticos “de oficio”, aquí no hubo “conflicto armado interno”, no existió un grupo de “cuellos blancos” que corrompieron el sistema de justicia, y tampoco tenemos un conjunto de leyes “pro crimen” que expone a numerosos compatriotas a una muerte prematura y violenta. Es irrelevante que este relato falso contradiga la descripción del pasado a partir de categorías rigurosas provenientes del derecho internacional o que esté reñido con la evidencia públicamente disponible. De hecho, la legislación reciente ha intentado minar el lugar del conocimiento y la investigación en las instituciones del país, incluyendo las universidades.

La verdad carece de importancia para nuestras autoridades y “líderes de opinión”; de lo que se trata es de urdir una narración que se ponga al servicio del control de la conducta y asegure la impunidad de los perpetradores.

La única forma de revertir esta situación implica apelar a la acción cívica. La solución pasará por nuestra intervención o no llegará nunca. Tenemos a mano el voto, una herramienta fundamental para castigar la incompetencia y la corrupción de nuestros políticos, así como para apoyar alternativas electorales que cuenten con programas interesantes, además de demostrar un sentido básico de integridad moral y credenciales democráticas. Necesitamos que el voto sea informado, revisar las hojas de vida de los candidatos y examinar detalladamente los programas de acción. Evitemos la deserción en el sufragio, porque en estas elecciones presidenciales y parlamentarias hay mucho en juego; en particular, la prolongación o no de la presencia en el Estado de esta coalición cuestionada. El voto es un recurso crucial para el cambio social y político que el ciudadano tiene a su disposición cada cierto tiempo. Hay que tomarlo muy en serio.

Nuestro segundo recurso -complementario del primero- es la movilización cívica. La representación es una valiosa dimensión de la democracia liberal, pero no es la única. Tenemos derecho a salir al espacio público para contrastar argumentos, plantear propuestas para incorporarlas en la agenda política, formular denuncias, así como exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades elegidas y a los candidatos en competencia electoral. Podemos participar directamente en la vida común. La idea misma de la República (Res publica) alude precisamente a aquello que nos concierne como ciudadanos, aquello que se edifica a través de nuestra capacidad de comunicarnos, pensar y actuar en escenarios compartidos.

No somos simples gobernados, sino agentes políticos, sujetos potenciales de transformación de la sociedad entera.  Comportarnos como súbditos solo refuerza el sentido de autosuficiencia y de invulnerabilidad de quienes hoy detentan el poder y lo administran como si fuese un botín de guerra. Tomar las riendas de nuestro propio destino implica actuar como ciudadanos en el espacio común. Es preciso traer a la mente la aseveración aristotélica de que el lógos es el lugar específico de la actividad política, y no algún territorio físico puntual.

Se trata de lugares para la expresión y el examen crítico de argumentos, así como la formulación crítica de aspiraciones colectivas a la justicia y al bienestar (en el sentido de well-being). El sistema político y las instituciones de la sociedad civil son los espacios comunes en los que la ciudadanía puede actuar y deliberar políticamente. Ellos forman parte de lo que a menudo se denomina esfera pública. El sistema político está constituido por el Estado y por los partidos políticos. En ambos escenarios el ciudadano puede intervenir a través de los canales de representación y, eventualmente, participar en el diseño de propuestas legislativas y programas políticos. Se sabe que, en nuestro país, la existencia de partidos políticos organizados, con presencia nacional y una visión integral del país constituye un hecho controvertido[7].

Es verdad que la democracia liberal que funcione con una mínima corrección requiere de partidos políticos genuinos. Pero no es menos cierto que una democracia liberal realmente operativa necesita de una sociedad civil sólida. Sindicatos, gremios y colegios profesionales, Organismos No Gubernamentales, iglesias y universidades forman parte de este conjunto de asociaciones. Se trata de organizaciones sociales para la formación y el cuidado del juicio ciudadano sobre asuntos comunes. También son escenarios para el ejercicio de control político de parte de los agentes. Son foros para la participación directa del ciudadano en la cosa pública.

El último reducto de la vida republicana está conformado por estos espacios públicos. Solo actuando desde ellos -invocando el voto y, en particular, a la acción cívica- los ciudadanos del Perú podremos ajustar cuentas con los numerosos truhanes e incapaces que hoy detentan el poder desde el Congreso y el poder ejecutivo. Salvo muy honrosas excepciones, nuestra “clase política” está contaminada por la corrupción, el autoritarismo y la colusión con el crimen. Este es el dictamen implacable que una mayoría de peruanos ha pronunciado sobre casi la totalidad de sus autoridades y representantes; resulta evidente que no les falta razón. Necesitamos una ciudadanía que esté en condiciones de reconocer la injusticia y reaccionar frente a ella -como una suerte de “memoria muscular”- desterrando cualquier atisbo de condescendencia frente al daño comunitario.

Depende de nosotros recuperar el poder que hemos perdido, que hemos cedido, entregándolo a malas manos. Ceder ese poder ha sido, sin duda, nuestra responsabilidad. Recuperarlo realmente implica saber reconocer que el verdadero poder brota -como diría Hannah Arendt- de nuestra capacidad de “actuar en concierto”[8]. No podemos permitir que nuestro país se torne inviable como proyecto democrático. Permanecer inactivos, callados o aislados ante la injusticia equivale a dejar que el estado de severa corrosión política que padece nuestra sociedad se mantenga como está o se agrave. Alcanzar una genuina libertad ciudadana consiste en hacernos cargo de los principios ético-políticos, las prácticas y las instituciones que configuran nuestra vida común.

[1] Wagner, J.“«[…] No como el ganado, que pace en el mismo campo». La amistad civil en Aristóteles” en: Lerner, S., J. Wagner & M. Chu Miguel Giusti. La pasión de la razón Barcelona, Herder 2025 pp. 53-64.

[2] Sobre este punto confróntese Rawls, J. Liberalismo político México, FCE 1995, conferencia I; asimismo revísese del mismo autor “Una revisión de la idea de la razón pública” en: El derecho de gentes y “Una revisión de la idea de la razón pública” Barcelona, Paidós 2001, especialmente el capítulo 4.

[3] Véase Gamio, G. “La democracia liberal no crece espontáneamente, como las setas en un campo húmedo” en: El Salmón (8 Enero de 2026) https://www.elsalmon.info/post/la-democracia-liberal-no-crece-espont%C3%A1neamente-como-las-setas-en-un-campo-h%C3%BAmedo .

[4]Véase Gamio, G. La crisis perpetua. Reflexiones sobre el Bicentenario y la baja política Lima, UARM 2022, sección I, capítulo 3.

[5] Sobre este punto, puede confrontarse Nussbaum, M. C. Crear capacidades Barcelona, Paidós 2012 capítulo 2.

[6] Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine  EIU 2002 p. 44. Véase asimismo https://gestion.pe/peru/the-economist-calidad-democratica-de-peru-retrocede-tras-el-fallido-autogolpe-de-pedro-castillo-dina-boluarte-democracia-en-peru-noticia/ .

[7] Consúltese Tanaka, M. Democracia sin partidos. Perú 2000-2005 Lima, IEP 2005.

[8] Consúltese Arendt, H. La condición humana Barcelona, Paidós 2009, capítulo V.