El desastre anunciado de los Bolivarianos 2025

Lo que debía ser el regreso del Perú a la organización de un gran evento deportivo regional terminó convertido, desde el primer día, en una cadena de denuncias que reveló una maquinaria logística incapaz de sostener su propio peso. Los XX Juegos Bolivarianos 2025, inaugurados el 22 de noviembre entre discursos de integración y optimismo oficial, se hundieron apenas empezaron: delegaciones que no tenían dónde dormir, jueces que no lograban llegar a sus sedes, obras sin terminar y un comité organizador que ofreció disculpas públicas mientras el caos continuaba.

Desde la ceremonia inaugural, los problemas quedaron expuestos. La plataforma de acreditaciones colapsó durante horas; varias delegaciones llegaron al aeropuerto Jorge Chávez sin transporte asignado; la propia ODEBO tuvo que intermediar en alojamientos de emergencia y la prensa local documentó que algunos equipos debieron esperar hasta la madrugada para ser trasladados a hoteles previamente prometidos.

La fiesta regional —con sedes previstas en Ayacucho y Lima— se transformó en una evidencia concreta de fallas institucionales que venían siendo advertidas semanas antes. Y cuando los primeros atletas comenzaron a aterrizar en el país, esas alertas se convirtieron en titulares.

La sede que nunca estuvo lista

En Ayacucho, la promesa oficial de convertir la región en un centro deportivo internacional se desmoronó al ritmo de las obras inconclusas. El coliseo cerrado, las áreas anexas para calentamiento, la pista atlética y otros espacios claves no alcanzaron el avance necesario. Un informe de la Contraloría, difundido días antes del inicio, ya alertaba retrasos en la instalación eléctrica, deficiencias en los sistemas de drenaje, acabados sin concluir y ampliaciones de obra que no coincidían con los cronogramas oficiales.

Las advertencias de autoridades locales y gremios hoteleros, que durante semanas señalaron descoordinaciones logísticas, terminaron confirmándose: varias competencias tuvieron que ser reubicadas o reprogramadas, con traslados imprevistos hacia Lima para evitar la suspensión. El caso más comentado fue el de las pruebas de atletismo, que no pudieron ejecutarse en las instalaciones anunciadas y obligaron a rearmar calendarios enteros.

La región, que esperaba un impulso turístico significativo, recibió a menos visitantes de los previstos. Lo que debía ser una oportunidad para mostrar su infraestructura, cultura y oferta hotelera terminó siendo un golpe económico: habitaciones reservadas que nunca se ocuparon, operadores turísticos que se prepararon para un flujo que no llegó y comerciantes que invirtieron en una temporada que no se materializó. Representantes del sector hotelero ayacuchano declararon a medios locales que la ocupación real apenas bordeó el 30% de lo proyectado.

Delegaciones sin alojamiento, jueces atrapados y problemas de alimentación

Mientras Ayacucho lidiaba con las obras a medio terminar, Lima enfrentaba el colapso más visible y mediático: no había suficientes habitaciones aseguradas para recibir a las delegaciones. Varias comitivas denunciaron que no tenían hospedaje confirmado; otras encontraron alojamiento solo después de largas esperas, o fueron trasladadas entre hoteles sin explicación clara.

La situación se agravó cuando dos delegaciones caribeñas reportaron que habían sido ubicadas en establecimientos que no cumplían los estándares mínimos: habitaciones sin ventilación adecuada, servicios sanitarios deficientes y ausencia de áreas comunes para trabajo técnico. Videos grabados por entrenadores circularon en redes sociales, incrementando la presión sobre el comité organizador.

Los jueces y árbitros —piezas esenciales para las competencias— quedaron atrapados en la logística desbordada: algunos no llegaron a tiempo a sus sedes; otros testificaron ante la prensa que los buses asignados nunca aparecieron, o que los choferes no conocían las rutas oficiales. El transporte interno se convirtió en un problema estructural: retrasos de casi una hora para llegar a sedes en Videna, San Luis, Villa María del Triunfo o Costa Verde terminaron afectando horarios de competencias.

A esto se sumaron quejas de atletas por la falta de alimentación adecuada en algunos comedores habilitados de emergencia. Entrenadores de tres delegaciones indicaron que los horarios no se respetaban y que varios deportistas compitieron sin haber desayunado a tiempo.

En las últimas horas se produjo un hecho que escaló la tensión entre los organizadores y las federaciones participantes: la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) emitió un comunicado público expresando su “indignación” por las condiciones de hospedaje, alimentación y transporte, y anunció el retiro de su delegación de ciclismo de los Juegos, citando “condiciones inaceptables” para sus deportistas. Las autoridades ecuatorianas confirmaron que el equipo retornó a su país, mientras la ODEBO buscaba “evitar nuevos retiros”.

Delegaciones desalojadas y prioridades cuestionadas

Uno de los momentos que encendió la indignación pública ocurrió en Lima: denuncias de delegaciones que fueron desalojadas de hoteles para liberar habitaciones en contextos de alta demanda. Medios nacionales relacionaron el episodio con la llegada de hinchas extranjeros y comitivas deportivas de eventos paralelos, en particular partidos de fútbol con alta presencia internacional. Aunque los organizadores intentaron matizar la situación, la percepción quedó instalada: la improvisación era tal que los atletas bolivarianos parecían ocupar un segundo plano en su propio certamen.

En paralelo, el Gobierno publicó medidas de excepción que permitieron contrataciones directas por montos extraordinarios —argumentadas como necesarias para atender necesidades inmediatas del evento—. Ese recurso, habitual en situaciones de crisis, alimentó especulaciones sobre sobrecostos y atajos administrativos que deberán ser fiscalizados por la Contraloría. Algunas resoluciones extraordinarias incrementaron presupuestos de obras en Videna y Ayacucho por encima del 30%, bajo la figura de “urgencia no prevista”.

Medios nacionales han informado además sobre investigaciones y advertencias vinculadas a contratistas encargados de infraestructura deportiva, lo que refuerza la hipótesis de que la improvisación vino acompañada de gestiones de compra y obra que ahora requieren auditoría. En Ayacucho, por ejemplo, dos empresas responsables del complejo atlético habían sido observadas previamente por retrasos en otros proyectos públicos.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) emitió comunicados en los que lamentó los inconvenientes y ofreció disculpas públicas, asegurando que trabajaba para garantizar la participación de las delegaciones afectadas. Pese a ello, la sucesión de denuncias evidenció que las medidas inmediatas no han sido suficientes para tranquilizar a todas las federaciones.

Ayacucho y Lima entre pérdidas y desgaste reputacional

Ayacucho sigue con la factura abierta: recursos invertidos en obras a medias, expectativas turísticas frustradas y empresarios locales que contabilizan pérdidas. Lima, por su parte, sufre el desgaste mediático de hospedar con problemas un evento que pretendía ser la carta de presentación del país en la región. La suma es reputacional y, en la práctica, económica: cada conflicto, renuncia o retiro de federación reduce la percepción de seguridad para futuras candidaturas y de fiabilidad para patrocinadores.

Las declaraciones recogidas en prensa y redes recogen un arco que va desde la indignación abierta (federaciones, dirigentes y atletas) hasta llamados a la calma y a la “solución rápida” por parte de dirigentes del IPD. Algunos actores piden separar lo deportivo de lo político y garantizar —ahora mismo— alojamiento correcto, alimentación y transporte para los atletas; otros exigen que las contrataciones de emergencia sean auditadas para evitar eventuales irregularidades.

Lo que está claro es que los Juegos Bolivarianos 2025 terminaron siendo, más que un encuentro deportivo, una radiografía incómoda de la capacidad —y de las limitaciones— del Estado peruano para organizar eventos internacionales a la altura de sus compromisos.