¿Cuáles son las leyes “pro-crimen” de las que tanto se habla? Te lo explicamos bonito

En las marchas recientes, diversos colectivos ciudadanos, además de fiscales y juristas, exigen la derogatoria de las llamadas “leyes pro-crimen”, aprobadas por el Congreso en el marco del pacto entre bancadas conservadoras y sectores vinculados a intereses económicos oscuros. Estas normas —que reducen las penas por corrupción, debilitan la colaboración eficaz y dificultan el trabajo de fiscales anticorrupción— son vistas como una estrategia para blindar a políticos y empresarios investigados y que, en la práctica, terminan favoreciendo a las bandas criminales. Por eso, las protestas no solo denuncian su contenido legal, sino también el trasfondo político que las hizo posibles.

Aquí se describen algunas de las normas más señaladas, con explicación ampliada de cada una:

Ley N.º 31751 (“Ley Soto”) – 25 mayo 2023

Qué hace: Esta ley modificó el artículo 84 del Código Penal peruano para establecer que la suspensión de la prescripción de los delitos “en ningún caso podrá exceder de un año”.

Por qué es crítica: En delitos complejos como corrupción, lavado de activos o crimen organizado, las investigaciones requieren varios años. Limitar la suspensión a un año empuja a que muchos casos queden sin resolverse antes de que expire el plazo.

Ejemplo concreto: Un caso de lavado de activos que involucra bancos, transferencias internacionales y múltiples imputados podría tardar más de un año en recopilar todos los elementos. Bajo esta ley, si en ese lapso la investigación no avanza al juicio, se corre el riesgo de prescripción.

Impacto estimado: Dificulta que la fiscalía complete investigaciones de mayor envergadura; puede generar impunidad en casos de altos valores o alcance nacional.

Ley N.º 32104

Qué hace: Es una “interpretación auténtica” de la Ley 31751. Ratifica que el límite de un año se aplica incluso a los delitos más graves.

Por qué es crítica: Cierra posibles vacíos de interpretación que podían permitir mayores lapsos para delitos graves; con esta norma, los plazos se reducen aún más.

Ejemplo concreto: En una investigación contra una red de corrupción pública con múltiples funcionarios y empresas involucradas, la fiscalía tendría que movilizarse extremadamente rápido para no quejarse de prescripción.

Impacto estimado: Marca un límite muy rígido que puede colapsar la lógica del proceso penal cuando se trata de estructuras complejas.

Ley N.º 32108

Qué hace: Modifica la definición de “organización criminal” en el Ley 30077 (Ley contra el Crimen Organizado) y en el Código Penal; exige que las organizaciones tengan “estructura compleja desarrollada y mayor capacidad operativa” y que los delitos fuente tengan penas mayores a seis años. También introduce que durante allanamientos en la investigación los investigados y sus abogados puedan estar presentes.

Por qué es crítica: Al endurecer los requisitos para tipificar una organización criminal, muchas agrupaciones delictivas quedan fuera de esa categoría, lo cual reduce los instrumentos sancionatorios y de investigación disponibles. Además, la presencia obligatoria del abogado en allanamientos reduce la operatividad policial-fiscal.

Ejemplo concreto: Una banda de extorsión o minería ilegal en la sierra que opera con tres o cuatro personas, cambios frecuentes, pero sin “estructura compleja” o sin controlar cadena de valor de mercado, podría ya no entrar en “organización criminal”, lo que reduce la severidad de la sanción. > “La organización criminal es una agrupación de tres o más personas […] con compleja estructura y mayor capacidad operativa” – según un foro en Reddit explicando la ley.

Impacto estimado: Menor eficacia para perseguir redes medianas de crimen organizado; empoderamiento indirecto de agrupaciones delictivas que ya operaban en ese limbo técnico.

Ley N.º 32130 – 10 octubre 2024

Qué hace: Modifica el Decreto Legislativo 957 (Código Procesal Penal) para que la Policía Nacional del Perú (PNP) asuma la conducción operativa de la investigación preliminar, mientras que el Ministerio Público (MP) queda en “dirección jurídica”.

Por qué es crítica: Tradicionalmente la fiscalía dirige la investigación preliminar para preservar la imparcialidad, la coordinación internacional y el control de garantías. Al ceder parte de esa conducción a la policía, se teme pérdida de autonomía del MP, mayor vulnerabilidad a influencias políticas, y fractura del modelo acusatorio.

Ejemplo concreto: En un operativo contra lavado de activos ligado a narcotráfico, la PNP podría reunir indicios, pero si el MP sólo actúa como “dirección jurídica”, puede haber descoordinación, disputas de competencias o vacíos en la cadena probatoria.

Impacto estimado: Potencial debilitamiento institucional del MP y debilitamiento procesal de casos complejos; incremento del riesgo de nulidades por falta de control técnico especializado.

Ley N.º 32181

Qué hace: Elimina la posibilidad de que un juez ordene detención preliminar en casos de delitos sin flagrancia. Es decir, los investigados solo podrán ser detenidos inmediatamente si se los sorprende cometiendo el delito.

Por qué es crítica: La detención preliminar es una medida cautelar que permite capturar a personas cuando existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas o continuismo delictivo. Sin ella, se dificulta la interrupción o desarticulación de redes en etapas tempranas.

Ejemplo concreto: Si se detecta una red que está por cometer un gran desfalco o una extorsión, la fiscalía podría solicitar detención preventiva mientras se recopilan pruebas. Con esta ley, si no hay flagrancia, no se permite la detención, lo que da margen a la red para actuar.

Impacto estimado: Puede aumentar la impunidad, pues investigados pueden eludir medidas cautelares y continuar operando hasta que se consoliden pruebas — si es que esto sucede.

Ley N.º 32054

Qué hace: Restringe la posibilidad de procesar a partidos políticos como personas jurídicas responsables de crimen organizado o lavado de activos.

Por qué es crítica: En muchos casos de corrupción vinculados a entidades partidarias o financiamiento ilícito, se investigaba al partido como persona jurídica. Al eliminar o reducir esa posibilidad, se reduce el alcance de la investigación sobre estructuras partidarias que actúan como redes de corrupción.

Ejemplo concreto: En un caso de financiamiento ilegal de campaña que involucra a un partido, antes podría procesarse al partido como entidad; con la norma, ese camino se ve limitado, con lo cual solo se persiguen responsables individuales.

Impacto estimado: Menor disuasión sobre la actuación de partidos que operan como redes; debilitamiento institucional de la rendición de cuentas partidaria.

Ley N.º 32326

Qué hace: Eleva los requisitos para la incautación preventiva o extinción de dominio de bienes de origen ilícito: exige resoluciones firmes o condiciones más exigentes para que la autoridad pueda disponer sobre bienes confiscados.

Por qué es crítica: La extinción de dominio es esencial para golpear la estructura financiera del crimen organizado. Si los requisitos se endurecen, se reduce la eficacia de este instrumento y se prolonga la disponibilidad de recursos ilícitos para las organizaciones delictivas.

Ejemplo concreto: Una red de narcotráfico con bienes acumulados ilícitamente (inmuebles, vehículos, cuentas bancarias) podría operar por más tiempo si la autoridad tarda más o enfrenta más obstáculos legales para incautar esos activos.

Impacto estimado: Fortalece financieramente al crimen organizado al reducir la rapidez y eficacia de la confiscación de sus bienes.

Ley N.º 31990

Qué hace: Modifica los plazos y condiciones de la figura de la Colaboración eficaz (delación premiada) en el sistema penal.

Por qué es crítica: La colaboración eficaz es central para desarticular redes complejas porque permite que un miembro del grupo delate a cambio de beneficios. Al imponer plazos más cortos y condiciones más rígidas, la norma reduce la posibilidad de que los colaboradores aporten información sustancial en procesos largos.

Ejemplo concreto: En la investigación de una red de corrupción que opera internacionalmente, un colaborador necesita tiempo para recabar pruebas, negociar condiciones, y brindar un testimonio completo. Si los plazos son muy estrictos, puede desistir o entregar información incompleta.

Impacto estimado: Reducción de la efectividad de las investigaciones de alto nivel; menor motivación para colaborar; mayores costos para la fiscalía.

¿Por qué piden derogar o reformar estas leyes?

Las recientes normas cuestionadas han desmantelado herramientas clave para la lucha contra el crimen organizado. Al recortar facultades de la fiscalía, modificar definiciones jurídicas y aumentar los requisitos procesales, han debilitado la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos complejos. Los especialistas advierten que esto abre la puerta a la impunidad: las investigaciones se vuelven más lentas, las medidas cautelares se reducen y las redes criminales pueden operar con menor riesgo de castigo.

Además, estas reformas alteran el equilibrio institucional al trasladar funciones del Ministerio Público hacia la Policía, generando tensiones sobre quién dirige realmente la investigación penal. Su aprobación, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana, ha sido interpretada como un mensaje político contradictorio: mientras la población exige firmeza, el Congreso aprueba leyes que parecen favorecer el statu quo de impunidad.

Los críticos sostienen que no basta con derogarlas; se necesita una reforma técnica y operativa que refuerce la fiscalía, la persecución penal especializada y la protección de testigos. De lo contrario, advierten, el vacío institucional solo permitirá que el crimen organizado gane más espacio.