Denuncian presión del general Óscar Arriola para encarcelar a Guillermo Bermejo

La reciente sentencia de 15 años de prisión efectiva contra el congresista Guillermo Bermejo por presunta afiliación a organización terrorista ha generado controversia y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso judicial. Diversos analistas y defensores de derechos humanos consideran que esta condena es una expresión más del "terrucaje" político, una estrategia utilizada para deslegitimar a opositores mediante acusaciones de terrorismo sin pruebas sólidas.

Contexto de las anteriores absoluciones

En 2017, Bermejo fue detenido por efectivos de la DIRCOTE bajo acusaciones de terrorismo. Sin embargo, en 2018, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema revocó la sentencia absolutoria emitida en 2017, argumentando que las declaraciones de los colaboradores eficaces no habían sido evaluadas de manera sistemática y que se habían dejado de lado otros testimonios que no favorecían al acusado. Además, no se habían considerado adecuadamente las evidencias fotográficas presentadas por la defensa de Bermejo. Esta decisión llevó a la reapertura del juicio y a la emisión de una nueva sentencia.

En enero de 2022, Bermejo fue nuevamente absuelto por la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en Crimen Organizado, que consideró que no existían pruebas suficientes para sustentar la acusación de afiliación a organización terrorista. Sin embargo, esta sentencia fue anulada por la Corte Suprema en diciembre de 2022, debido a que no se valoraron adecuadamente las pruebas presentadas durante el proceso.

Finalmente, en octubre de 2025, Bermejo fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a organización terrorista, basándose en testimonios de colaboradores eficaces y material fotográfico. No obstante, la defensa de Bermejo sostiene que estas pruebas fueron obtenidas bajo presiones y que no se ha demostrado su vinculación con actividades terroristas.

Acusaciones de fabricación de pruebas

El especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, ha denunciado que el general Óscar Arriola, exjefe de la DIRCOTE, habría inducido a colaboradores eficaces a declarar contra Bermejo a cambio de beneficios económicos y protección. Según Antezana, estos testimonios fueron utilizados para construir un caso en contra del congresista sin fundamentos sólidos.

Además, Antezana señala que la imputación de afiliación a Sendero Luminoso es cuestionable, ya que los remanentes de esta organización se habrían reconvertido al narcotráfico desde principios de la década de 2000. Por lo tanto, considera que la sentencia busca estigmatizar a Bermejo como parte de una estrategia política para deslegitimar a la oposición.

La sentencia contra Guillermo Bermejo es especialmente cuestionada por diversos sectores de la sociedad, dado que él es precandidato a la presidencia. La condena refuerza la percepción de que el objetivo es deshacerse de un político que cuestiona el sistema económico neoliberal vigente y que impulsa una nueva Constitución. Muchos consideran que se trata de un proceso motivado más por intereses políticos que por pruebas concretas, en un claro intento de neutralizar a un opositor que amenaza el statu quo.