¿Cuál es la agenda de las Elecciones Generales 2026?

Normalmente, en procesos electorales suele haber una «agenda política» que se define por las preocupaciones ciudadana. Temas como la corrupción, la delincuencia o la crisis económica suelen ser los que marcan la agenda. Los diferentes candidatos, entonces, procuran ofrecer respuestas alternativas a esas preocupaciones, con lo que se define el «mercado electoral», con una demanda más o menos clara y una oferta que busca responder a ella.

Las próximas elecciones parecen carecer de una agenda clara. No estoy diciendo que no hay preocupaciones importantes, especialmente la inseguridad y el crimen organizado. Pero no se ve que la oferta electoral apuntale a una respuesta definida para dicha preocupación.

La situación en la que nos encontramos en el Perú es la del colapso de la política.  Por dicha razón no contamos con una agenda electoral clara. Este colapso se ha producido al consolidarse un régimen que se suele denominar «dictadura congresal» (Marcos Vivas, Fabiana & Guzmán Sebastián, Marianna, 2025). El síntoma más claro de este mal ya lo conocemos todos: la institución presidencial se encuentra profundamente debilitada. Es por eso que hay una desafección frente a las elecciones de parte de los ciudadanos.

1.- El regreso a la democracia desde el 2001

Durante la primera década del siglo presente, el sur andino se inclinó a votar por un outsider porque la gente de dichas regiones creía que de otro modo sus condiciones de vida no mejorarían. El filósofo e investigador  Eduardo Cáceres detectó claramente y desde muy temprano –en el 2003– esa sensación de los ciudadanos del sur andino en su libro titulado De repente la misma cosa va a ser (Cáceres, 2003). Dicha vivencia del sur andino tenía su base en que las reformas neoliberales habían generado un país en el que las desigualdades se incrementaban y que les prometía una prosperidad que nunca llegó.

El razonamiento neoliberal (compartido con los enfoques utilitaristas) era que el Estado debería dotar de libertades a los sectores más productivos de la sociedad para que la acumulación de riqueza de dichos sectores termine por transferirse al resto de la sociedad. Como señala muy bien  John Rawls desde su libro Teoría de la justicia (Rawls, 2012/1971) publicado en 1971, el error de la concepción de la justicia desarrollada por el utilitarismo consiste en creer que colocando todos los recursos y las oportunidades en los sectores más productivos y con mayor mérito y cualificaciones educativas o surgidas por la experiencia  abonaría a una sociedad realmente justa, ya que existe en las sociedades actuales un gran número de personas poco productivas por no estar debidamente capacitadas y ni siguiera debidamente alimentadas.

Una sociedad así no sería justa porque el incremento de la riqueza y el bienestar de los sectores más capacitados no terminará por aumentar la riqueza ni el bienestar de las personas menos favorecidas y productivas de la sociedad. La conclusión que extrae Rawls su estudio y crítica de la concepción de la justicia desarrollada por utilitarismo es que no es cierto que el incremento de recursos y bienestar de los sectores más productivos de la sociedad termine generando un incremento de recursos y bienestar de la sociedad en su conjunto. Los Estados donde se han implementado las reformas neoliberales han asociado a los sectores más productivos con las empresas privada y los sectores menos productivos con las comunidades originarias o los migrantes.

Durante la primera década en nuestro país se anunciaba, con bombos y platillos, que estábamos creciendo económicamente como nunca debido al alza en el precio de los commodities. Esos bombos y estos platillos se exageraron radicalmente durante el segundo gobierno de Alan García y la expresión de la desigualdad de la sociedad y del desprecio del gobierno de entonces frente a los sectores menos favorecidos y productivos se expresó desde el mismo gobierno.  Expresión de ese desprecio fue el artículo del Presidente de la República titulado “El síndrome del perro del hortelano” (García, 2007). Ese artículo caracterizó un pensamiento muy difundido entre el empresariado nacional que Alberto Vergara bautizó como «el proyecto hortelanista» (Vergara, 2013, 2018).

Este proyecto se podría resumir en los siguientes argumentos: 

1) El desarrollo político, social, cultural y moral de un país depende del desarrollo económico.

2) Esto es así porque la única forma de llevar adelante el respeto de la dignidad y la libertad de las personas es a través de la riqueza económica.

3) La única forma de realizar el crecimiento económico del país es dotando a la empresa privada y a la inversión extranjera de los mayores beneficios, eliminando todas las trabas existentes para su desarrollo. Eso es así porque el incremento de la riqueza de las empresas se expresaría en un bienestar económico para la sociedad en su conjunto.

4) Las comunidades amazónicas que se oponían al desarrollo de la empresa privada porque quieren proteger sus tierras son calificadas como agentes que se oponen al desarrollo nacional y, por lo tanto, son calificados como «enemigos internos».

5) En consecuencia, el Estado debería combatir a dichas comunidades para que queden sin capacidad de agencia política

Como se puede ver, el argumento hortelanista  cae en el error del que Rawls acusa al utilitarismo, esto es, señalar que el incremento de la riqueza de los empresarios nacionales y extranjeros terminará generando un crecimiento de la riqueza y el bienestar de la sociedad en su conjunto; y, por lo tanto, de las mismas comunidades amazónicas. Además, este discurso identifica la libertad y la dignidad de las personas relacionadas únicamente con las libertades económicas. Finalmente, tienen una interpretación bizarra de la idea de que la dignidad de la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Esta interpretación señala que, en primer lugar, hay que desarrollar económicamente a la sociedad, posteriormente, hacer valer la dignidad de las personas. Esta interpretación de la dignidad humana resulta ser completamente errónea ya que la exigencia de hacer valer la dignidad de las personas no es algo que se debe satisfacer al final del proceso del desarrollo económico del país, sino que debe hacerse valer como punto de partida.  El desenlace de ese discurso hortelanista lo conocemos todos: al poco tiempo de la publicación del artículo de Alan García se produce la tragedia del Baguazo, con la cual el Estado buscó despolitizar a las comunidades y reprimir sus reclamos por defender sus derechos

En el contexto actual, la situación se ha radicalizado porque ahora es la ciudadanía en su totalidad la que repite lo que entonces era el dicho del sur andino. Los ciudadanos saben que las elecciones no van a generar un cambiar real. Gran parte de los peruanos cree que quien asuma la presidencia no va a tener poder real y en el Congreso puede que cambien las caras, pero se van a encontrar representados los mismos intereses particulares. Las encuestas últimas señalan que casi la mitad de los ciudadanos considera que quien gane las alecciones terminará siendo vacado por Congreso. Es cierto que hay un grupo pequeño de personas que apoyan la campaña “por estos no”, pero no parece convencer a la mayoría porque se cree que los poderes que se encuentran actualmente en el Congreso (es decir, los intereses de la economía ilegal que tiene mucho dinero) se van a reproducir, aunque ingresen otros partidos en el Congreso.

2.- La historia de este problema

La caída del Fujimorato no terminó con sus operadores políticos, sino que éstos mantuvieron un perfil bajo durante el gobierno de Alejandro Toledo, y vieron en el segundo gobierno de Alan García la oportunidad para reconstruir su fuerza política. Por eso, el 2011 Keiko pasó a la segunda vuelta con un atemperado Ollanta Humala. El ese momento el antifujimorismo tuvo la fuerza suficiente para que Humala ganase las elecciones y Fuerza Popular no tuviese la mayoría en el Congreso. Pero, para el 2016, Fuerza Popular había fortalecido su poder, en parte gracias al financiamiento de Odebrecht y de grupos económicos nacionales, en parte por la memoria del gobierno de Alberto Fujimori, y en parte la forma en la que se llevó a cabo la campaña del No a Keiko. En esa segunda vuelta Keiko estuvo a punto de ganar las elecciones, y aunque al último momento PPK le ganó la presidencia,  la mayoría congresal resultó ser fujimorista. En ese momento Keiko declaró que gobernaría el Perú desde el Congreso (Palacios, 2026 min. 4, seg. 3 ss.)[1].

Desde ese momento se generó el ya conocido de debilitamiento de la presidencia que produjo que desde entonces ningún presidente ni electo ni encargado pueda durar. Si el 2016 puede ser visto como un momento de quiebre, el segundo momento lo constituyó lo sucedido entre diciembre de 2022 y marzo del 2023 (Coronel, 2026). En este periodo sucedieron una serie de acontecimientos políticos que terminaron dando una vuelta más de tuerca a la crisis.  

1)      El Golpe de Estado de Pedro Castillo,

2)      El fracaso de este y la prisión del presidente golpista.

3)      La asunción de Dina Boluarte y la conversión de la presidente en una pieza del Congreso.

4)      La alianza, en el Congreso entre las izquierdas supuestamente radicales (lideradas por Perú Libre) con las derechas no democráticas. Con ello se consolidó el «pacto congresal».

5)      Agentes políticos en el Congreso que ingresaron como centro moderado terminaron uniéndose al pacto. El caso más claro fie el de Edgard Málaga, que ingresó al Congreso por el Partido Morado y que terminó aliándose con el fujimorismo.

6)      La primacía de Fuerza Popular en el control de la Mesa Directiva del Congreso.  

7)      La negativa de Boluarte y del Pacto Congresal a convocar elecciones generales en ese momento y su pretensión de seguir en el gobierno hasta el 2026.

8)      La serie de movilizaciones sociales que fueron reprimidas por la fuerza y que dejaron cuantiosos muertos. Esa represión no fue accidental, sino que respondía a la estrategia de desmovilizar y despolitizar a la población.

3.- La situación actual

Se suele decir, no sin razón, que la crisis política que estamos viviendo en la actualidad y que condiciona en gran medida las elecciones que tenemos en ciernes se inició el 2016, cuando Keiko Fujimori se negó a reconocer su derrota. Pero, ya algo debió de haber estado yendo mal en la política peruana para que una persona con el perfil político y psicológico de Keiko Fujimori estuviese en las condiciones de chantajear a todo el país. La pregunta que cae por su propio peso es la siguiente: ¿qué sucedió desde el 2001 hasta el 2016 que permitieron a esa persona acumular poder político? ¿Acaso el poder político del fujimorismo sobrevivió a la caída del Fujimorato? ¿Acaso el antifujimorismo terminó fortaleciendo políticamente al mismo fujimorismo, ya sea porque los operadores fujimoristas lograron aprovechar la oposición a ellos o ésta los favoreció espontáneamente?

Al parecer, el fujimorismo ha logrado prevalecer, al fin de al cabo. No necesariamente haciendo de que su propio movimiento político tenga el monopolio del sistema político, sino que su lógica ha contaminado a gran parte del sistema político. Lo que sí hay que notar es que una de las grandes diferencias es el rechazo que este Congreso fujimorizado tiene el rechazo mayoritario de la población. Su base de apoyo es el empresariado ilegal y parte del formal y la FF. AA., que no es poca cosa. En ese caso, las acciones que pueden hacer los ciudadanos son importantes al manifestar su rechazo e ilegitimidad, pero no es suficiente[2].

Sin embargo, los partidos del «Pacto Congresal» también pueden entrar en conflicto entre sí. Lo hemos visto en la acusación mutua entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga respecto de la elección de Balcázar como reemplazo de Jerí. Si se leen realistamente las encuestas últimas del 7 de marzo se puede ver que ambos candidatos de derecha se encuentran en un empate.  Si bien, tal vez no quiebre el pacto entre los partidos que se encuentran en el Congreso, la pugna por la presidencia puede abrir fisuras que abran oportunidades para ir quebrando el pacto paulatinamente. Así que no todo está pedido para la democracia en el país.

Bibliografía:

Cáceres, E. (2003). «De repente la misma cosa va a ser»: Reflexiones en torno a identidades, derechos y bienestar en el Perú contemporaneo. Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional.

Coronel, O. (2026, febrero). Perú: Los presidentes caen, la coalición autoritaria queda. Nueva Sociedad.

García, A. (2007, octubre 28). El síndrome del perro del hortelano. El Comercio. https://elcomercio.pe/185-aniversario/2007-l-el-sindrome-del-perro-del-hortelano-l-bicentenario-noticia/

Marcos Vivas, Fabiana & Guzmán Sebastián, Marianna. (2025). Entrevista a César Landa Arroyo: «El presidencialismo peruano opera bajo una distorsión: El Congreso impone una dictadura parlamentaria anticonstitucional». Politai. Revista de Ciencias Políticas, 16(26), Pp. 149-156.

Palacios, R. M. (Director). (2026, marzo 5). Fuerza Popular y APP ¿Provocaron la crisis política? [Broadcast]. En Sin Guión. La República.

Rawls, J. (2012). Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica. Publicado originalmente en 1971. Con una versión revisada en 1999.

Vergara, A. (2013, 2018). Ciudadanos sin república. De la precariedad institucional al descalabro político. (2da ed.). Planeta.

[1] Hay que tener presenta que desde el 2001 las segundas vueltas eran disputadas por un candidato de derecha contra uno de izquierda. Pero hay que presente las siguientes particularidades: en las elecciones del 2001 y 2006 ganó el candidato que representaba la derecha. En el 20011 y el 2021 lo hizo aquél que representaba la izquierda. Y, en el 2016 se enfrentaron dos candidatos de derecha, uno progresista y otro conservador. Además, todas las veces que Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta perdió. Lo hizo el 2011 contra Humala, el 2016 contra Kuczynski y el 2021 contra Castillo. Esto muestra, entre otras cosas, que los ciudadanos en Perú no siempre votan por la derecha, sino que el 2011 y el 2021 lo hicieron por la izquierda y que las veces que Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta, los ciudadanos peruanos prefirieron la otra opción.

[2] Existe una diferencia entre el proyecto hortelanista y el proyecto del «pacto congresal». El primero era más neoliberal que mercantilista, mientras que el segundo es eminentemente mercantilista. Esto supone una transformación del fujimorismo. El liderado por Alberto tenía ciertos aspectos liberales en lo cultural (por ejemplo, firmó el convenio de Pekín referente a los derechos de las mujeres) y en lo económico (implementó las reformas neoliberales). En cambio, el fujimorismo liderado por Keiko es más conservador en lo cultural (por ejemplo, se opone a los derechos de la mujer) y es eminentemente mercantilista. Lo que sí comparten ambos fujimorismos es su tendencia autoritario y la política de cooptar las instituciones del Estado. Teniendo en cuenta estos cambios y permanencias en el mismo fujimorismo, decir que la política se ha fujimorizado significa que los agentes políticos presentes en el Congreso tienen una clara mentalidad mercantilista más que un proyecto neoliberal. De hecho, en el Perú no hay ningún agente político, ni fuera ni dentro del Congreso que tenga un claro proyecto de país. El incidente del gas en Camisea, que muestra claramente que no hay una élite política que haya pensado realmente la matriz energética. Por su posición geopolítica, las superpotencias son las que imponen al país un el proyecto, pero este no surge de la élite política.

El fujimorismo de los 90 tuvo, mal que bien un proyecto político y para llevarlo a cabo despolitizó a la sociedad. En ese sentido, la sociedad peruana pasó de unos años 80 altamente politizada a unos 90 de cancelación de la política a fin de llevar adelante un proyecto de orden neoliberal(que también es político). Para lograr ese objetivo, el fujimorismo de los noventa tuvo que acabar con la política democrática basada en el debate público. El cierre del Parlamento es un símbolo muy poderoso en ese sentido. En cambio, el fujimorismo actual no tiene ningún proyecto político y se ha encargado de neutralizar el debate político por medio de la represión de las protestas ciudadanas. Esta despolitización y mercantilización de la política se ha extendido a todos los actores políticos. Incluso, la bandera de la «Nueva Constitución» es vacía de contenido político porque, de una parte, se intenta llevar a cabo de manera unilateral y sin diálogo con los demás sectores político, mientras que, de otra parte, no expresa ningún proyecto claro. Lo mismo sucede con el No a Keiko, que no dice nada respecto del proyecto que se quiere. La pregunta política «¿quiénes somos y quiénes queremos ser como país?» no se ha retomado en el debate político. Todo ello es una señal clara de la fujimorización del sistema político. En síntesis, puedo adelantar la hipótesis que un fujimorismo sin Fujimori está ganando la contienda política. Esto se expresa por el mercantilismo, la cancelación del debate, la despolitización de la sociedad, y el autoritarismo.