Bukele o el fugaz delirio del poder absoluto

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, declaraba muy suelto de huesos el presidente Bukele. Y qué duda cabe que lo que Bukele ha venido construyendo desde el 2019 es una dictadura cada vez más desembozada. Caracterizaciones del régimen como “autocracia competitiva” o “autocracia electoral” quedan cortas para describir lo que en verdad está atravesando El Salvador.

Elegido en el 2019, capitalizando un rechazo popular abrumador de los partidos que gobernaron el país en las tres décadas anteriores, Bukele procedió a depurar y someter todos los aparatos del estado: legislativo, judicial, fiscalía, policía, fuerzas armadas, además del ejecutivo. Solo faltaban dos tareas para hacer realidad la aspiración del poder absoluto. Primero, reformar la constitución para permitir la reelección indefinida, como se voceaba desde la reelección inconstitucional de Bukele en el 2024. Estas reformas incluían, además, la eliminación de la segunda vuelta, la extensión del período presidencial a seis años y el adelanto de la terminación de su actual mandato en el 2027 para permitir su reelección en nuevas elecciones hasta el 2032; es decir, 13 años consecutivos garantizados en el poder, sin contar las nuevas reelecciones a las que sin duda aspirará en el futuro. Estas fueron las piezas clave de la arquitectura institucional del régimen autocrático que Bukele había anunciado años antes al autoproclamarse como “el dictador más cool del mundo”.

Sin embargo, faltaba aún redondear el círculo de la dictadura. Para hacer realidad la aspiración del poder absoluto, había que profundizar el trabajo de someter a los últimos reductos de resistencia en el país, arremetiendo con más fuerza aún contra las organizaciones de la sociedad civil, y en especial, contra aquellas críticas de las medidas arbitrarias del gobierno y defensoras del Estado de Derecho.  A las detenciones masivas, al acoso y persecución de periodistas, y a la detención de defensores de derechos humanos, se sumó la reciente promulgación de la ley de agentes extranjeros.

Esta pieza legislativa sigue los pasos de otras dictaduras en la región como Nicaragua y Venezuela (muy similar a la ley APCI promulgada en el Perú en abril pasado) y apunta a cercar las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos del exterior, fiscalizando y regulando sus acciones hasta el límite de la asfixia e imponiéndole a dichos fondos un impuesto del 30% que solo busca desalentar su llegada al país. El clima de miedo que se intenta sembrar con estas medidas apunta a la autocensura de toda expresión de oposición organizada al régimen bajo la amenaza de fuertes multas, la cancelación de la personería jurídica, el exilio y la detención de sus dirigentes.

No existe la menor duda que Bukele goza aún de un respaldo masivo en El Salvador. Su reelección el año pasado con el 83% de los votos y con 54 de las 60 curules de la Asamblea Legislativa, reflejan un vasto reconocimiento de la drástica reducción de la violencia e inseguridad alcanzada durante su gobierno. La población salvadoreña, agobiada por la violencia generada por las pandillas o maras, ha aceptado que la vida bajo un régimen de excepción vigente desde el 2022, el encarcelamiento masivo (cerca del 2% de la población total), el temor de ser arrestado por criticar al gobierno y, en general, el sacrificio de derechos fundamentales, es un precio que está dispuesta a pagar a cambio de una seguridad elusiva hace más de 30 años.

Lo que queda claro con este endurecimiento del gobierno de Bukele es que la carta de la seguridad, que hasta el momento le otorga una amplia popularidad en el país, empieza a quedarse corta como soporte del régimen.  Una reciente encuesta nacional realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), registra que, al cierre de 2024, la seguridad queda largamente desplazada por la pobreza y el desempleo como los problemas más acuciantes para el 76% de la población encuestada.

Por supuesto, es aún temprano para afirmar si este cambio en la opinión pública se convertirá en una tendencia en El Salvador. Sin embargo, es un primer aviso que la percepción de una seguridad alcanzada empieza a generar demandas de una naturaleza que el gobierno de Bukele no demuestra ninguna capacidad para atender.  En realidad, Bukele no tiene nada más que ofrecerle al país. No tiene un programa de desarrollo económico, social, cultural o ambiental. No tiene un plan de generación de empleo. Carece de políticas educativas o de salud. En suma, no tiene ni la visión ni la capacidad para atender las más acuciantes necesidades de la población.

En un contexto en el que la seguridad deja de ser una de las principales demandas de la población, la única opción que tiene Bukele para contener lo que sin duda será un creciente descontento popular que asediará su poder, es mantener encendida la llama de la inseguridad y recurrir a una política de represión cada vez más cruda. Quizás con ella se empezará a desvanecer también su fugaz delirio de poder absoluto.