Así comenzó la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas

Cusco, noviembre de 1780. Durante varios años, José Gabriel Condorcanqui había reclamado ante las autoridades coloniales contra los abusos de los corregidores, los repartos forzosos de mercancías y las cargas que soportaban las comunidades indígenas. Sus gestiones no habían conseguido cambiar la situación. En los primeros días de noviembre, junto con Micaela Bastidas y un grupo de colaboradores, puso en marcha una operación que terminaría con la captura y ejecución del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga. En menos de dos semanas, la protesta se había convertido en una insurrección que comenzaba a extenderse por el sur andino.

Una sociedad sometida a las imposiciones coloniales

En 1780, el corregimiento de Tinta, en la jurisdicción del Cusco, formaba parte de una región atravesada por las rutas comerciales que comunicaban los pueblos del sur andino con el Alto Perú. Por aquellos caminos circulaban arrieros, comerciantes, autoridades, sacerdotes y viajeros. Las recuas de mulas transportaban productos agrícolas, textiles, mercancías europeas y otros bienes destinados a los mercados y centros mineros. También circulaban noticias sobre las decisiones de las autoridades, los nuevos impuestos y los conflictos que comenzaban a multiplicarse en los territorios del virreinato.

La población indígena soportaba buena parte de las obligaciones económicas del régimen colonial. Las comunidades debían pagar tributos periódicos a la Corona y proporcionar trabajadores para la mita minera. Aunque la mita de Potosí había sido establecida mucho antes, continuaba afectando a las poblaciones indígenas del espacio andino. Los desplazamientos hacia los centros mineros separaban a los trabajadores de sus familias y comunidades, y suponían gastos y riesgos que muchas veces recaían sobre sus propios recursos.

A estas obligaciones se añadían los repartos de mercancías. Los corregidores podían imponer la compra de productos a los indígenas, incluso cuando estos no los necesitaban o carecían de dinero para pagarlos. La deuda resultante se convertía en otra forma de sometimiento. El funcionario que debía administrar justicia y hacer cumplir las disposiciones de la Corona participaba, al mismo tiempo, en un sistema que le permitía obtener importantes beneficios económicos.

El corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, ejercía precisamente esa autoridad. Su jurisdicción comprendía localidades como Tinta, Tungasuca, Pampamarca y Surimana, donde las obligaciones fiscales y los repartos alimentaban el descontento.

Durante el reinado de Carlos III, la situación se había agravado con las reformas borbónicas. La monarquía buscaba incrementar los ingresos de sus dominios americanos, mejorar la recaudación y reforzar el control administrativo. En el virreinato del Perú, el visitador José Antonio de Areche, llegado en 1777, impulsó medidas destinadas a elevar la presión fiscal. La alcabala, los controles aduaneros y otras disposiciones afectaban las actividades de comerciantes, arrieros, productores y pequeños propietarios.

El malestar, por tanto, atravesaba diferentes sectores sociales. Las comunidades indígenas tenían motivos para rechazar el tributo, la mita y los repartos; los comerciantes y productores cuestionaban las nuevas cargas sobre la circulación de mercancías. En ese ambiente se fueron acumulando las condiciones que hicieron posible la gran rebelión del sur andino.

José Gabriel Condorcanqui conoce el funcionamiento del sistema

José Gabriel Condorcanqui había nacido en Surimana, en 1738. Era descendiente de una familia de caciques y ejercía autoridad sobre los pueblos de Tungasuca, Pampamarca y Surimana. Su posición le permitía conocer las obligaciones de las comunidades y las relaciones que estas mantenían con los funcionarios coloniales.

También era comerciante y arriero. Disponía de una importante recua de mulas y recorría las rutas que conectaban el Cusco con el Alto Perú. Conocía los circuitos de intercambio, las dificultades del transporte y los mecanismos mediante los cuales los corregidores intervenían en la actividad económica. Su apellido y su ascendencia inca le proporcionaban, además, un reconocimiento particular entre la población indígena.

Su esposa, Micaela Bastidas Puyucahua, compartía aquella experiencia. Se habían casado en 1760 y tenían tres hijos: Hipólito, Mariano y Fernando. Micaela conocía la administración de los bienes familiares, las relaciones comerciales y las redes de parentesco que conectaban a los pueblos de la región. En los años siguientes, esas relaciones serían fundamentales para organizar el levantamiento.

Condorcanqui había intentado resolver los conflictos por la vía administrativa. En 1777 viajó a Lima para presentar reclamaciones ante las autoridades virreinales. Entre sus demandas figuraban la supresión de los abusos de los corregidores y la revisión de las obligaciones que recaían sobre los indígenas. También cuestionaba las condiciones de la mita y los mecanismos de explotación vinculados a la administración provincial.

Sus gestiones no consiguieron una solución. La estructura colonial continuó funcionando y los funcionarios conservaron las atribuciones que les permitían imponer mercancías y cobrar obligaciones. La experiencia de Lima le permitió comprobar los límites de sus reclamaciones ante las autoridades.

En esos mismos años, otros conflictos se desarrollaban en el espacio andino. En 1777 y 1778, las protestas contra los repartos y los funcionarios coloniales se multiplicaron en diferentes provincias. En el Alto Perú, Tomás Katari, cacique de Macha, comenzó a reclamar el reconocimiento de sus derechos y a enfrentarse a las autoridades de la región de Chayanta. Su lucha terminaría convirtiéndose también en una rebelión.

La resistencia contra el orden colonial tenía, por tanto, distintos focos. Cuando Condorcanqui decidió levantarse, encontró una sociedad donde las protestas, las reclamaciones y los conflictos con los funcionarios llevaban tiempo desarrollándose.

Los días previos: una operación preparada en secreto

Durante 1780, la situación de Antonio de Arriaga se había complicado también por sus enfrentamientos con autoridades eclesiásticas del Cusco. El corregidor había mantenido disputas con el obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta por cuestiones de jurisdicción y nombramientos eclesiásticos. En los documentos posteriores a su muerte aparecen estas controversias, que permiten comprender el ambiente de tensiones entre las autoridades civiles y religiosas de la región.

Condorcanqui, entretanto, mantenía sus relaciones con caciques, comerciantes y autoridades indígenas de diferentes pueblos. La preparación del levantamiento requería mantener en secreto las decisiones, asegurar la colaboración de hombres de confianza y conocer los movimientos del corregidor. Una captura fallida podía significar la detención de sus organizadores y la pérdida de los cacicazgos.

Las fuentes disponibles no permiten reconstruir cada reunión ni establecer con exactitud cuándo se tomó la decisión definitiva de apresar a Arriaga. Sin embargo, los acontecimientos del 4 de noviembre muestran que existía una operación organizada y que Condorcanqui contaba con colaboradores preparados para ejecutarla.

A comienzos de noviembre, Arriaga se encontraba en la provincia de Tinta. El sábado 4 de noviembre de 1780, ambos coincidieron en Yanaoca, en la casa del sacerdote Carlos Rodríguez Dávila. Según la reconstrucción que aparece en la documentación reunida por Carlos Daniel Valcárcel, Túpac Amaru comió allí con el corregidor y se ofreció a acompañarlo durante su desplazamiento. Arriaga rechazó inicialmente la propuesta.

La reunión tenía una importancia particular. Condorcanqui conocía los desplazamientos del funcionario y podía acercarse a él sin despertar necesariamente sospechas. La relación previa entre ambos facilitaba el encuentro. Arriaga tenía motivos para considerar que estaba tratando con una autoridad indígena que formaba parte del orden administrativo colonial.

Aquella tarde, el corregidor emprendió el camino de regreso. Durante la noche del 4 de noviembre, en un camino próximo a Tinta, los hombres de Condorcanqui lo interceptaron y lo apresaron. Fue reducido y conducido bajo custodia a Tungasuca.

El acontecimiento fue el resultado de una acción coordinada. La documentación posterior señala que Arriaga fue sorprendido sin que se produjera un enfrentamiento multitudinario en el lugar de la captura. Los insurgentes consiguieron trasladarlo y hacerse con el control de su persona y de sus bienes.

La noticia comenzó a circular por los pueblos de la provincia. La captura de un corregidor, representante directo de la administración virreinal, tenía consecuencias inmediatas. Los funcionarios locales podían perder el control de sus jurisdicciones y los indígenas podían comprobar que una autoridad colonial había sido puesta bajo custodia por decisión de sus propias autoridades. El levantamiento había comenzado.

Seis días en Tungasuca

Arriaga fue conducido a Tungasuca, donde permaneció prisionero durante seis días. La localidad se convirtió rápidamente en el centro de la operación rebelde. Allí se concentraron hombres, circularon órdenes y comenzaron a llegar noticias desde otros pueblos.

Condorcanqui utilizó la captura para obtener armas y dinero. El corregidor conservaba recursos y documentación de la administración provincial. Los insurgentes se apoderaron de sus bienes y lo obligaron a solicitar recursos a sus colaboradores. La correspondencia y los testimonios posteriores mencionan también la entrega de armas y la convocatoria de personas que debían acudir a Tungasuca.

Durante esos días, la población comenzó a reunirse en torno al movimiento. Los mensajes que circulaban denunciaban la conducta de Arriaga y anunciaban medidas contra los abusos de los corregidores. La detención adquirió un significado político que iba más allá de la suerte personal del funcionario.

Había, además, un problema urgente: impedir que el Cusco organizara una expedición para liberar al corregidor y detener a Condorcanqui. La distancia entre Tungasuca y la ciudad del Cusco era relativamente corta para los desplazamientos de la época. La rapidez de las comunicaciones y la capacidad de movilización serían determinantes.

En aquellos días también comenzaron a manifestarse las diferencias entre los sectores de la sociedad colonial. Algunos caciques se sumaron al levantamiento; otros conservaron su fidelidad a la Corona. Los comerciantes y propietarios podían compartir las protestas contra las alcabalas y los repartos, aunque no necesariamente estaban dispuestos a participar en una insurrección que amenazaba el orden político.

El 10 de noviembre llegó el momento decisivo

Ese día, Antonio de Arriaga fue ejecutado públicamente en la plaza de Tungasuca. La ejecución se realizó mediante la horca, ante una concurrencia numerosa. Los documentos coloniales posteriores identifican reiteradamente esa fecha como el día de la muerte del corregidor.

La escena tuvo una enorme repercusión en la provincia. Un funcionario de la Corona había sido ejecutado por disposición de un cacique indígena que hasta entonces había ejercido sus atribuciones dentro de la administración colonial. La noticia llegó a las autoridades del Cusco y de Lima, que comenzaron a preparar la respuesta.

El 12 de noviembre, según la documentación reproducida en la colección de Carlos Daniel Valcárcel, el Cabildo del Cusco comunicó por expreso al virrey Agustín de Jáuregui la muerte del corregidor. La noticia llegó a Lima el día 23.

Entre la captura de Arriaga y su ejecución, Condorcanqui había dispuesto de seis días para convocar a la población, organizar sus fuerzas y presentar políticamente el levantamiento.

Micaela Bastidas y la expansión del levantamiento

En Tungasuca, Micaela Bastidas participó en la organización de los recursos y en las comunicaciones necesarias para sostener la movilización. Su intervención se hizo especialmente visible a medida que las fuerzas insurgentes comenzaron a desplazarse por la región.

La documentación permite conocer su actividad a través de cartas, órdenes y disposiciones administrativas. Es importante precisar que Micaela no sabía leer ni escribir y que sus cartas eran dictadas a personas encargadas de ponerlas por escrito. Esa circunstancia no disminuye su autoridad política: los documentos muestran que impartía instrucciones, transmitía decisiones y mantenía comunicación directa con los responsables de las operaciones.

El movimiento comenzó a extenderse por las localidades cercanas. Los pueblos de la provincia de Tinta y del valle del Vilcanota quedaron involucrados en la movilización. Los caciques recibieron comunicaciones para que se incorporaran a la causa. Algunos colaboraron voluntariamente; otros fueron presionados para entregar hombres y recursos.

Entre los colaboradores que aparecen en la documentación de la rebelión figuran Diego Berdejo, Pedro Mamani, Melchor Castelo, Pedro Mendigure, Ramón Ponce y Antonio Bastidas, hermano de Micaela. También aparecen sacerdotes como Carlos Rodríguez Dávila, Domingo de Escalante y Gregorio de Yapes, vinculados a los acontecimientos y a las investigaciones posteriores. La participación de cada uno tuvo características diferentes y no todos desempeñaron funciones equivalentes.

El 16 de noviembre, Condorcanqui promulgó el bando de libertad de los esclavos. También anunció medidas contra la mita, los repartos y las cargas fiscales. Las proclamas se difundieron en nombre del rey Carlos III, una fórmula que buscaba presentar la insurrección como una lucha contra los malos funcionarios y los abusos cometidos en los dominios de la monarquía.

El 17 de noviembre, las tropas realistas que habían salido del Cusco llegaron a Sangarará. Al día siguiente se produjo el enfrentamiento entre los insurgentes y las fuerzas coloniales. La victoria rebelde en Sangarará, el 18 de noviembre, confirmó que el movimiento había adquirido una capacidad militar considerable.

La rebelión había superado rápidamente los límites de una provincia. En las semanas siguientes se extendería por las provincias altas, el Collao y otros territorios del sur andino. Micaela Bastidas asumiría responsabilidades cada vez mayores en Tungasuca mientras su esposo se desplazaba para ampliar la insurrección.

Una de las primeras cartas conservadas de Micaela a Túpac Amaru está fechada el 23 de noviembre de 1780. En ella le recomienda que se alimente con comida preparada por personas de confianza. Al día siguiente le aconseja enviar mensajeros a Arequipa con los carteles de la rebelión y tomar precauciones en el puente de Pachachaca. Son comunicaciones que permiten observar cómo, desde los primeros días, la organización política y militar dependía de una red de mensajeros, colaboradores y autoridades locales.

El 27 de noviembre, Micaela expidió un pasaporte que ordenaba a los guardias españoles e indígenas y a los espías colocados por disposición de su marido permitir el paso de quienes portaran el documento. También estableció instrucciones para quienes regresaban desde el Cusco. A partir de ese momento, sus disposiciones se multiplicaron. La rebelión había encontrado en ella una de sus principales responsables de gobierno.

Fuentes consultadas

1. Carlos Daniel Valcárcel (ed.), La rebelión de Túpac Amaru, Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú, volumen 1. Congreso de la República, UPC, 2017. Contiene documentos coloniales, informes del Cabildo del Cusco, representaciones de familiares de Arriaga y testimonios sobre los acontecimientos de noviembre de 1780.

2. Sara Beatriz Guardia, Micaela Bastidas. Lima, 2021. Especialmente el capítulo "Micaela Bastidas y la insurrección de 1780". Reúne y analiza las cartas y órdenes de Micaela, así como su participación política y militar.

3. Charles Walker, The Tupac Amaru Rebellion. Harvard University Press, 2014.

4. Scarlett O'Phelan Godoy, estudios sobre las rebeliones andinas del siglo XVIII, las relaciones de parentesco y las estrategias políticas de los caciques.

5. Ministerio de Cultura, Túpac Amaru y Micaela Bastidas: memoria, símbolos y misterios. Catálogo de la exposición del Lugar de la Memoria, 2021.