Algo mucho peor que llamar “ratas” a los manifestantes

Hannah Arendt sostenía ya que el mal totalitario no se creaba de manera inmediata, sino que iba apareciendo poco a poco, infiltrándose gradualmente en estructuras sociales y normalizando lo impensable y lo -hasta entonces- prohibido. Pequeñas transgresiones y la aceptación de discursos deshumanizantes allanan el camino hacia la normalización de prácticas que erosionan los fundamentos democráticos.

Propongo pensar las recientes declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, quien calificó como "ratas" que no tienen derechos humanos a las víctimas del estallido social, dentro de este marco.

Aunque el ministro intentó defenderse alegando que se refería solo a los violadores y no a los manifestantes, la respuesta inmediata fue clara: “el ministro miente, sí se refería a los manifestantes”.

Lo alarmante es que tanto las declaraciones como las críticas terminan convalidando la idea de que en el Perú los derechos humanos no son universales y que la animalización a ciertos sectores no es cuestionable. Centrar la atención únicamente en el insulto sería quedarse en lo superficial. Lo verdaderamente grave subyace el insulto: el esbozo de una política de Estado que niega los derechos humanos a un sector específico de la población.

Cuando Quero afirma que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, está estableciendo una distinción sobre quién merece ser considerado sujeto de derechos en el Perú. Al excluir a ciertos individuos de la humanidad compartida, sienta las bases para justificar violaciones de derechos. Como ya indicamos, esta postura no es aislada, sino parte de una narrativa más amplia que ha venido consolidándose mediante políticas orientadas a disciplinar y eliminar la disidencia, bajo el pretexto del "combate al terrorismo" o la "defensa del orden público".

Este tipo de deshumanización se ha materializado en actos concretos como la criminalización de la protesta, la persecución de líderes sociales y la negación sistemática de derechos a ciertos sectores de la población. Como señala Achille Mbembe, la deshumanización es el proceso mediante el cual se niega la pertenencia del otro a la comunidad humana, excluyéndolo del ámbito de los derechos y la ética. 

La exclusión como política de Estado

La declaración del ministro solo hace explícito un proceso que lleva décadas operando en el país. Existen sectores en el Perú —determinados por razones ideológicas, políticas y sociales— a los que se les niegan derechos fundamentales. Un claro ejemplo es la situación de los expresos por subversión, quienes, tras cumplir sus condenas, siguen siendo marginados: se les prohíbe acceder a trabajos dentro del Estado, postular a universidades públicas, laborar en el sector Educación o participar en la vida política del país. Estos individuos no solo enfrentan las consecuencias de sus actos del pasado, sino que son castigados de por vida con medidas que atentan contra sus derechos civiles y laborales.

El caso Perseo es ilustrativo en este sentido. En este proceso, muchas personas, bajo acusaciones ideológicas, no solo han sido excluidas de la política, sino que han sido condenadas a penas desproporcionadas —hasta de 35 años que termina siendo una condena perpetua—, con sentencias que evidencian una lógica más política que jurídica. Aquí no solo se reprime a los acusados, sino que se envía un mensaje disciplinador al resto de la sociedad: cualquier disidencia será castigada.

Otro fenómeno alarmante es el trato que reciben los restos de exdirigentes o miembros de grupos subversivos. A sus familias se les niega el derecho de recuperar los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura digna. Tal es el caso reciente de Miguel Rincón Rincón. Incluso, en algunos casos, los lugares de entierro han sido destruidos. Estas prácticas resultan injustificables en un contexto donde el conflicto armado interno terminó hace más de 30 años y evidencian un ánimo de venganza institucional que trasciende cualquier consideración jurídica.

La nueva etapa: represión a los participantes del estallido social

El peligro de estas políticas no reside solo en su impacto sobre aquellos que participaron en grupos subversivos en el pasado, sino en su extensión a otros sectores de la sociedad. Lo que vimos durante el estallido social es una clara muestra de ello. El calificativo de "ratas" no es un error aislado: es la confirmación de que el Estado ha comenzado a aplicar el mismo discurso deshumanizador a quienes protestan en las calles. En lugar de reconocer las causas legítimas detrás de las movilizaciones, el gobierno los criminaliza, reprime y, en el extremo, los asesina.

Las consecuencias de esta visión son evidentes. No solo se reprime a los manifestantes con violencia extrema, sino que ahora se intenta judicializar la protesta social, procesar a sindicatos —como el de profesores— y a cualquier organización que represente una amenaza al orden establecido. Esto no es más que una extensión de las políticas de exclusión que, durante años, se aplicaron a otros sectores de la sociedad peruana.

Cuando un representante del gobierno afirma que hay sectores que no merecen derechos humanos, está sentando las bases de un régimen autoritario, similar a los que hemos visto en gobiernos fascistas a lo largo de la historia. La deshumanización del "otro", del opositor o del disidente, es el primer paso para justificar la represión, la violencia y la eliminación de derechos básicos.

Si como sociedad nos limitamos a indignarnos por las palabras y no cuestionamos las políticas que las respaldan, corremos el riesgo de normalizar estas prácticas. Lo que hoy se dirige contra los participantes del estallido social podría mañana afectar a otros sectores críticos del país. No podemos permitir que el discurso de exclusión y violencia se convierta en norma.

El debate no debe centrarse únicamente en el insulto ni quedarse en la indignación superficial. Es crucial analizar y rechazar el trasfondo del discurso, porque lo que está en juego no es solo la dignidad de las víctimas, sino también los derechos fundamentales de todos los peruanos.