Transiciones y cambio de época

Algunas consideraciones filosóficas sobre el juicio histórico y la acción ciudadana.

1.- La perplejidad frente a la hora presente

Probablemente uno de los desafíos más grandes que enfrentan los historiadores frente a sus objetos de estudio sea elaborar el retrato razonable y fidedigno de una época. Si la época en cuestión se acerca en el tiempo al presente, la tarea se hace más difícil. Si aquella época, materia de investigación, es el tiempo presente, entonces se convierte en un reto titánico, porque es casi inevitable esperar que el retrato se conciba como una suerte de diagnóstico ético-político que pueda echar luces sobre qué podemos hacer las personas -los ciudadanos- para conjurar o prevenir los males sociales que nos aquejan o que nos esperan tras la puerta.

El historiador que examina el tiempo presente experimenta la tensión entre la perspectiva del observador y el punto de vista del agente. El observador contempla el fenómeno desde una hipotética posición distante y desvinculada, para elaborar un informe “neutral” y “objetivo” sobre el fenómeno; este es el enfoque que ha heredado las premisas epistemológicas del positivismo. El agente, por su parte, pretende comprender rigurosamente el objeto, pero aspira a que dicha comprensión se convierta en un horizonte para la acción y la transformación del entorno. Se trata de una tensión teórica y existencial sumamente compleja, porque el historiador es a la vez un investigador y un ciudadano[1].

Algunos especialistas sugieren, empero, que si bien nuestras competencias de indagación científica son plenamente eficaces, nuestras capacidades de agencia y de cambio social son sumamente limitadas. Sostener que los problemas sociales y políticos que afrontan actualmente nuestro país y las naciones del mundo son demasiado complicados y superan ampliamente nuestra capacidad de control práctico no nos exime de comprometernos con edificar un entendimiento estricto de estos problemas o discutir rigurosamente las posibilidades de la acción política para enfrentarlos en el espacio público.

Siempre hay algo que podemos hacer por la gente que nos rodea. Si este sentido de impotencia moral se hubiese traducido siempre en formas de evasión política o de inacción, jamás se hubiesen forjado las ideas y las prácticas que en su día acabaron con la esclavitud o con los regímenes basados en la segregación racial, por citar solo dos casos en los que nuestra visión de la vida social ha generado de facto transformaciones profundas en instituciones, estructuras sociales y mentalidades.

Para nadie es un secreto que hoy vivimos tiempos de tribulación. Las decisiones de las grandes potencias están poniendo en entredicho la vigencia del sistema internacional de justicia -cuyo centro de gravedad son los derechos humanos y las políticas de paz-, los alcances del derecho internacional y, en el seno de las sociedades, la observancia de los procedimientos democráticos y los valores públicos liberales. La constelación de reglas e instituciones por la que lucharon y murieron millones de personas durante el holocausto y la segunda guerra mundial está siendo severamente erosionada por líderes mundiales que pretenden sustituir el respeto a la ley por el uso de la fuerza como guía para “redefinir” el equilibro internacional.

Donald Trump acaba de decir en público que para limitar sus acciones no necesita recurrir a las leyes internacionales, que su único freno es su “propia moralidad”[2]. Esa no parece ser la declaración de un presidente democrático; nos recuerda más bien el punto de vista de los caudillos autocráticos que fueron derrotados en 1945. Si para aspirar a vivir en libertad y con seguridad tenemos que confiar en la moralidad de un líder autoritario, entonces debemos reconocer que estamos solos y expuestos en medio de la tormenta.

El sistema global de justicia, la cultura de los derechos humanos y los valores públicos democrático-liberales son la expresión de un rotundo “¡Nunca más!” frente al escándalo de la guerra y el genocidio, la aniquilación del otro por motivos de etnia o religión, así como la conquista como medio de control e influencia internacional. Intelectuales y políticos llegaron a la conclusión de que era necesario edificar un catálogo de principios y un conjunto de instituciones que pudiesen sostener la convivencia pacífica de individuos y comunidades en un marco de libertades públicas, respeto y trato igualitario.

Se trataba de establecer mecanismos de no repetición, con el fin de que nada parecido a la Shoah volviese a ocurrir. Algunos expertos sugieren que ese universalismo moral constituye un sueño que ha muerto ya; algunos ciudadanos pensamos que esa es una hipótesis precipitada y que más bien debemos orientar tanto nuestro pensamiento como nuestra capacidad para la acción a defender con lucidez y compromiso práctico las bases de este universalismo, así como la vigencia del sistema de justicia. No conocemos de momento otras herramientas morales y políticas, así de poderosas, que sean materia de consenso para combatir y prevenir el daño contra el inocente.

2.- Dejar hablar al dolor. Memoria y pensamiento crítico

Th .W. Adorno sostuvo en su obra Dialéctica negativa que “La necesidad de dejar su elocuencia al dolor es la condición de toda verdad”[3]. El evento Auschwitz ha marcado para siempre nuestra manera de entender la sabiduría y el esfuerzo por la verdad. Estoy convencido que esta aseveración pone de manifiesto el espíritu de la cultura posterior al holocausto, no solo en el campo del derecho y las instituciones, también en las artes, en la filosofía y en cualquier forma de saber organizado y riguroso.

Probablemente sea una frase que resume la potencia ética fundamental de nuestro tiempo. Dejar que el dolor hable, y que lo haga de modo que todos podamos comprender qué significa la experiencia de la violencia y de la injusticia para los sectores más vulnerables de la humanidad. Es otra manera de pronunciar el “¡Nunca más!” que evocábamos. No tomar en cuenta el predicamento de las víctimas implica no extraer realmente las lecciones de la historia en materia de justicia y cultura de derechos humanos.

La situación en los Estados Unidos es sin duda preocupante. Por supuesto, no solo allí se respira el peligro y la inestabilidad política. Ucrania, la Franja de Gaza, e Irán se cuentan entre los territorios en los que se violan derechos humanos sistemáticamente. Pero los gobiernos de Estados Unidos han proclamado a lo largo del último siglo que han protegido y defienden el estilo de vida del llamado “mundo libre”. Ya no puede sostenerse, ni en el discurso, que el país siga sea un bastión jeffersoniano. Donald Trump ha enviado la guardia nacional a las ciudades administradas por gobernadores y alcaldes demócratas, so pretexto de “combatir el crimen”, a pesar de que no son lugares particularmente inseguros.

No pocos especialistas sostienen que se trata de una suerte de “militarización” del país que podría precipitar conflictos graves y división interna. El ICE -el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas- se ha convertido en una fuerza intimidatoria que perpetra diversas violaciones de derechos entre la población estadounidense. Dicha agencia organiza redadas en la proximidad de templos y escuelas, recurriendo al excesivo uso de la fuerza -incluyendo el uso de fuerza letal- y la comisión de tratos crueles contra inmigrantes y contra ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Han sido detenidos ciudadanos norteamericanos a los que no se les ha solicitado que muestren sus documentos de identidad; ellos se han visto privados de su libertad atendiendo solamente al color de su piel o su acento al hablar. Han muerto personas bajo la custodia de ICE, e incluso una mujer desarmada ha sido abatida a balazos en su propio auto. En los últimos días, las movilizaciones de protesta ciudadana en Minneapolis han sido duramente reprimidas.

El gobierno estadounidense está encaminándose hacia la consolidación de una oligarquía autoritaria, pero la situación en Norteamérica no es sustancialmente diferente a la de otros países de occidente, particularmente en Europa. El ascenso de la derecha extrema ha traído una agenda política de xenofobia y erosión de las bases de la democracia liberal. El sector ultraconservador se ha reunido en torno a una doctrina que predica el supremacismo blanco, la exaltación de la fuerza, el retorno a un presunto “pasado glorioso” (con frecuencia imperial), la confesionalización de la política, el rechazo de los derechos humanos básicos y la diversidad, el culto al tribalismo y el desprecio por la ciencia y el juicio crítico. Resulta claro que este discurso virulento nos evoca tiempos tenebrosos. En los años veinte y treinta del pasado siglo irrumpió el fascismo con un mensaje similar.

El historiador George L. Mosse, estudioso del surgimiento del fascismo en Europa, describe este fenómeno en términos de la brutalización de la política.  El trabajo ideológico y político del fascismo involucra deshumanizar al enemigo, insensibilizar a varones y mujeres ante la crueldad y la violencia, así como la propagación de la idea de ampliar el “espacio vital” (la tristemente célebre Lebensraum) de la tribu para validar la conquista y la expansión territorial[4]. La extrema derecha contemporánea repite el guion de la política brutal. Si bien se trata de contextos relativamente distintos, el decisivo “aire de familia” entre el fascismo y la denominada “neoreacción” es innegable.

El ejercicio de la memoria se revela como un instrumento ético e intelectual fundamental para contener y desenmascarar la brutalización. Reconstruir el dolor vivido a través del testimonio directo de los involucrados -en particular, las víctimas- para comunicarlo y discutirlo en público es una actividad que constituye una expresión de resistencia e insumisión frente a la violencia y a la opresión. El diálogo cívico en torno a estas experiencias pone de manifiesto su carácter incontestablemente colectivo; no se trata de una vivencia subjetiva, sino un problema grave que compromete a la sociedad entera, y, más allá de esta, al género humano como tal.

Es nuestro problema, y debemos poner en juego las categorías éticas, políticas y económicas que disponemos para enfrentarlo y para prevenirlo con lucidez y eficacia. No se trata de fenómenos que acompañan sin más a la guerra y a la exclusión social -como sugieren los “realistas”-. Son fenómenos dolorosos que deben ser examinados en su especificidad, con el objetivo de evitar que se repitan en el futuro.

El ejercicio de la memoria presenta una recia batalla ético-política a la escritura de una “historia oficial”, al silencio forzoso frente a la tragedia vivida y ante el negacionismo. Se trata de tres actitudes altamente discutibles que intentan alterar voluntariamente el pasado y conjurar el potencial transformador de la memoria, para así reducirlo a nada. Una “historia oficial” es un relato diseñado e institucionalizado desde los intereses de quienes detentan del poder desde el Estado, que solo difunde entre la población una lectura del pasado compuesta por presuntas “gestas heroicas” o la simple y llana gestión estatal, omitiendo toda referencia a violaciones de derechos y crímenes contra la vida. Una historia sin víctimas, pueblos arrasados ni lugares de entierro indebido.

 El silencio forzoso alude a las políticas de olvido e impunidad que desarrolla una sociedad que ha afrontado períodos de violencia o de interrupción de la legalidad y decide desde el poder político poner “punto final” a la investigación sobre el pasado conflictivo, suprimiendo toda acción conducente a honrar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Las medidas estatales de amnistía corresponden a esta perspectiva controvertida; ellas están orientadas, como resulta evidente, a garantizar la impunidad de los perpetradores. Hace pocos meses, nuestro cuestionado Congreso de la República ha aprobado dos leyes de amnistía, contraviniendo directamente las disposiciones legales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

El negacionismo es una actitud que despliega la “clase política” (así como un sector de la sociedad) que conocemos bastante bien, pues lamentablemente está plenamente operativa en el Perú. Después de todo, contamos un grupo de autoridades y de ciudadanos que juran ante sus dioses que no hubo en el país un “conflicto armado interno”, que no se han promulgado jamás “leyes pro-crimen” y que nunca existieron los “cuellos blancos” que corrompieron nuestro sistema de justicia. Se trata de la nefasta disposición a desconocer acontecimientos históricos documentados, procurando para ello modificar groseramente la narración de los mismos, manipulando para ello el uso del lenguaje. Como se sabe, en diversos países europeos han surgido organizaciones políticas que han enarbolado un mensaje que busca negar o minimizar los terribles delitos contra la humanidad cometidos por regímenes fascistas durante la segunda guerra mundial.

El trabajo crítico de la memoria ofrece una comprensión del discernimiento cívico que converge plenamente con una lectura de la historia que hunde sus raíces en la tradición judeocristiana y que ha rescatado para la cultura contemporánea el filósofo Walter Benjamin. Se trata de la interpretación de la historia como catástrofe, vale decir, desde la experiencia de la injusticia. Esta perspectiva rompe con la lectura de la historia universal bajo la clave de una suerte de progreso lineal e incremento de libertad. Recordemos que Carlyle consideraba que el eje de la historia reside en las hazañas de los héroes, Hegel descifraba el movimiento del espíritu en los conflictos propios de la política y sus instituciones. Marx, por su parte, concebía el curso de la historia desde el antagonismo de clase, detonado por el afán de posesión de los medios de producción.

En contraste, Benjamin, siguiendo el sentido profético, propone entender la historia desde su reverso, no desde alguna idea de progreso económico o político, sino desde el registro del sufrimiento de víctimas inocentes: los huérfanos, las viudas, los pobres, los refugiados, etc. La sede de sentido de la historia se ubicaría – según este enfoque- en el predicamento de los grupos más vulnerables[5]. Este horizonte hermenéutico acompaña e inspira la causa de la defensa de los derechos humanos, así como el compromiso con un entendimiento basado en reglas en torno a la racionalidad de las relaciones internacionales.

3.- Diagnóstico histórico y dilema ético

Lo dicho hasta aquí nos permite retomar nuestra reflexión inicial sobre la comprensión de la hora presente. Como decía, la proximidad en el tiempo plantea al historiador múltiples dificultades de orden teórico, en gran medida, porque se trata de acontecimientos que están en proceso. No es posible determinar de manera concluyente el grado de su desarrollo; si lo que estoy señalando es correcto, resulta problemático sacar conclusiones tajantes sobre la dirección de estos eventos.

En el célebre prólogo a la Fenomenología del espíritu, Hegel ha planteado una aguda tesis sobre la evaluación crítica del proceso de la historia del espíritu. “No nos contentamos con que se nos enseñe una bellota”, arguye el autor, “cuando lo que queremos ver ante nosotros es un roble, con todo el vigor de su tronco, la expansión de sus ramas y la masa de su follaje. Del mismo modo, la ciencia, coronación de un mundo del espíritu, no encuentra su acabamiento en sus inicios”^[6].

Cuando el filósofo se refiere a la ciencia (Wissenschaft) como tal, está aludiendo a la filosofía. Hegel llama la atención, entre otras cosas, acerca de los problemas que el juicio histórico debe encarar para evaluar críticamente el estado de los procesos de la historia[7]. El análisis de las peculiaridades de la configuración de una época son susceptibles de debate racional. En otras palabras, para expresarlo con sencillez, es perfectamente posible que cuando un observador “realista” del presente contempla un árbol, yo vea una bellota. Será preciso sentarnos a discutir los argumentos y las evidencias que nos permitan discernir con rigor si alguno de nosotros está en lo cierto, o si ambos estamos equivocados. Más de un historiador preferiría, más bien, no sacar una conclusion precipitada acerca del escenario actual, y esperar a que la historia siga su curso.

Pero este es solo un aspecto del asunto. Por un lado, tenemos el reconocimiento de un fenómeno histórico-social que está aún constituyéndose, pero, por otro, podemos constatar que este fenómeno, en su despliegue, nos plantea un agudo dilema ético. Los ciudadanos debemos discernir cómo aspiramos enfrentar los conflictos nacionales e internacionales bajo un trasfondo de reglas, o desde el exclusivo recurso a la fuerza y la intimidación. Es importante recordar la posición de Trasímaco, formulada en la primera parte de

La República, según la cual existiría una suerte de “justicia natural”, que consistiría en que se imponga ante todo la “conveniencia” y el “derecho” de lo más fuertes^[8]; no obstante, según este personaje, serían los “débiles” quienes se han organizado para inventar reglas que pongan freno a esta “justicia natural”. Aquí encontramos lo que bien puede ser el origen del llamado “realismo político”, al menos en occidente. La fuente del genuino “derecho” sería la mera fuerza.

Las reglas o la fuerza. Alguien podría alegar que este dilema ético, siendo real, solo existiría para el ciudadano, pero no para el historiador, que es estrictamente un sujeto de ciencia. Pero si este dilema es real -y lo es-, no tiene sentido dejarlo fuera de una aproximación “realista” al estudio de fenómenos sociales como este. Solo los discípulos de Trasímaco disocian el razonamiento ético del trabajo propiamente científico. La historia académica es perfectamente consciente de que su lenguaje científico no es “neutral” frente a cuestiones de fondo que entrañan valoración y juicio práctico.

Los historiadores son muy sensibles a la impronta moral de sus investigaciones; saben que el conocimiento del pasado entraña una especie de aprendizaje social. Creo que esta es una idea que los historiadores manejan bien y que han debatido con gran agudeza. Caracterizar una época reciente es una tarea que acometen con sumo cuidado. Asimismo, la mayoría de los estudiosos de la historia no sobrepasan el límite de representarse un retrato epistémico del futuro. No suelen ceder a la tentación positivista de la predicción.

Es probable que estemos viviendo un tiempo de transición y cambio histórico, pero no sabemos exactamente cuáles serán las condiciones de la nueva era. La bellota no nos permite apreciar cómo será el árbol. Lo que sí sabemos es que la transición de la que hablamos involucrará consecuencias para el sistema global de justicia y los principios del derecho internacional; se trata de consecuencias que todavía no podemos anticipar. No tenemos evidencia -en contraste con lo que los “realistas” parecen asegurar- que el sistema global de justicia haya colapsado sin más y que simplemente haya dejado su lugar al mero juego de fuerzas, a la “conveniencia” del más fuerte y a la afirmación del afán de dominio sobre los débiles como únicos criterios de acción. Tampoco tenemos evidencia de que el sistema global de justicia se robustecerá en la escena mundial. Lo que podemos constatar es que vivimos una crisis, pero no sabemos todavía qué dirección tomarán los acontecimientos en estos tiempos difíciles.

En esta situación todavía incierta, se hace necesario que los ciudadanos asumamos una posición respecto a esta crisis; ella de alguna manera nos interroga si nos comprometemos con el trasfondo de reglas o si nos mostramos condescendientes con el imperio de la fuerza. Se no insta a discernir si, en el terreno del concepto, combatiremos la doctrina de Trasímaco o la convertiremos en el marco general de interpretación de las relaciones entre las naciones.

En el plano de la vida política, esta situación nos plantea definir nuestra actitud frente a los líderes mundiales que se muestran proclives a intervenir otras naciones sin respetar los acuerdos internacionales y las exigencias de la paz. La urgencia de tomar una posición obedece a que la decisión que tomemos ante el sistema global de justicia no solamente tendrá repercusiones sobre las relaciones entre nuestras comunidades; ella impactará gravemente en el curso de nuestras vidas y alterará los contornos de nuestro mundo circundante.

[1] Bien podría tratarse de una dicotomía solo aparente, en la medida en que, desde una interpretación pragmatista o inclusive fenomenológica de la epistemología, la actitud contemplativa podría ser una faceta de nuestra condición de agentes encarnados en el mundo.  He desarrollado este asunto en un ensayo anterior Cfr. Gamio., Gonzalo “Filosofía, ciudadanía y acción. Anotaciones preliminares sobre la función pública de la filosofía” publicado en Pólemos  https://polemos.pe/filosofia-ciudadania-y-accion/ . Véase asimismo Gamio, Gonzalo “Actividad filosófica”, publicado en Pólemos  https://polemos.pe/actividad-filosofica-notas-fenomenologicas-2/ .

[2] “Trump afirma que su "propia moralidad" es el único límite a su poder: "No necesito al Derecho Internacional"” Infobae 9 de enero de 2026 https://www.infobae.com/america/agencias/2026/01/08/trump-afirma-que-su-propia-moralidad-es-el-unico-limite-a-su-poder-no-necesito-al-derecho-internacional/ .

[3]Adorno, Th. W. Dialéctica negativa Madrid, Taurus 1984 p. 26.

[4] Véase Mosse, George L. Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza 2016 pp. 205 y ss.

[5] Walter Benjamín “Sobre el concepto de historia” en: Tesis sobre la historia y otros fragmentos Edición y traducción de Bolívar Echeverría. Disponible en:  http://www.bolivare.unam.mx/traducciones/Sobre%20el%20concepto%20de%20historia.pdf .

[6] Hegel, G.W.F. Fenomenología del espíritu México, FCE 1986 p. 12.

[7] He discutido ese pasaje del Prólogo a la Fenomenología de Hegel en otro escrito sobre el diagnóstico del presente. Cfr. Gamio, Gonzalo “El vuelo del Búho. Apuntes sobre el desarrollo y la crisis del llamado “consenso democrático-liberal” en: Pólemos (abril 2025) https://polemos.pe/20370-2/ .

 [8] Rep. 338c.