Todos los anticuchos de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte decidió reincorporar a Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial como ministro de Justicia y Derechos Humanos. El nombramiento cayó como un gesto desafiante: apenas habían pasado cinco meses desde que el Congreso lo censurara por su accidentado paso por el Ministerio del Interior.

El retorno de Santiváñez no es neutro ni técnico. Su nombre arrastra denuncias, audios comprometedores, investigaciones fiscales y una trayectoria profesional marcada por defensas incómodas y vínculos que incomodan a la propia Policía Nacional. Por eso, más que un movimiento administrativo, su designación reabrió viejas heridas y volvió a poner sobre la mesa todas las sombras que acompañan a este personaje.

Un historial marcado por denuncias y vínculos oscuros

Juan José Santiváñez no es un recién llegado a las polémicas ni a las investigaciones fiscales. Su trayectoria profesional está teñida por múltiples señalamientos y procesos iniciados por la justicia. En particular, ha sido vinculado a pesquisas por presunto lavado de activos, un delito grave que implica la legitimación de fondos obtenidos de actividades ilícitas.

Más allá de las investigaciones formales, su nombre ha aparecido en reportajes que lo señalan por su estrecha relación con varios oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estos oficiales en cuestión han enfrentado – en diferentes momentos – procesos disciplinarios y judiciales por corrupción y otros delitos, lo que genera sospechas sobre la naturaleza de la cercanía de Santiváñez con estas figuras.

Diversos informes periodísticos han destacado que el vínculo del ministro con sectores policiales cuestionados no se ha limitado a la defensa legal tradicional, sino que plantea dudas respecto a si su actuación ha sido la de un mero abogado o la de un participante activo en un entramado que podría comprometer la institucionalidad y la seguridad en el país.

El abogado de los narcos y policías cuestionados

Uno de los episodios más controversiales de la carrera de Santiváñez es su desempeño como abogado defensor de individuos relacionados con el narcotráfico y la corrupción policial. A lo largo de los años, ha patrocinado a numerosos policías sancionados o procesados por delitos graves como extorsión, protección a mafias del transporte ilegal y asociación delictuosa con bandas criminales que operan especialmente en el norte del país.

El caso más emblemático fue su defensa de miembros de la organización criminal conocida como “K&K”, considerada el brazo policial de la banda “Los Pulpos”, una de las más temidas redes criminales en Trujillo. Entre sus defendidos estuvieron oficiales como Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo” o “Tío Jhony”, y Eber Juárez Moya, ambos sentenciados por su participación en esta red criminal.

Santiváñez no solo asumió la defensa en instancias judiciales ordinarias, sino que llevó los casos a recursos ante el Tribunal Constitucional con la intención de anular las condenas, un esfuerzo que generó críticas por parte de organizaciones civiles y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre la posibilidad de que sus acciones hayan contribuido a la impunidad de actores involucrados en delitos graves.

A esto se suman testimonios de un testigo protegido que denunció que el entorno cercano del ministro solicitó millonarios pagos para favorecer a sus clientes e hizo gestiones para evitar el traslado de presos a penales más rigurosos, valiéndose de contactos en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Santiváñez, por su parte, ha defendido su actuación alegando que solo cumplió con su deber profesional como abogado y niega haber cometido algún acto irregular.

Los audios con el “capitán Culebra” y el intento de cerrar la DIVIAC

Otro capítulo que encendió la polémica ocurrió con la difusión de audios atribuidos a Santiváñez, divulgados por el programa periodístico Cuarto Poder. En esas grabaciones, se le escucha intercambiando información con el capitán de la PNP Junior Izquierdo, apodado “Culebra”, hablando sobre movimientos internos de la Policía y un supuesto pedido político para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), una unidad clave en la lucha contra el crimen organizado.

La Fiscalía inició un proceso para cotejar las muestras de voz y confirmar la autenticidad de los audios. Sin embargo, la defensa del entonces ministro presentó reparos al procedimiento, lo cual exacerbó la controversia y generó debates sobre la transparencia e independencia de las investigaciones.

El “reglaje” a periodistas y la ofensiva contra la prensa

En 2024 salió a la luz un audio en el que se le atribuía la orden de realizar seguimientos al periodista Marco Sifuentes, acusación que Santiváñez negó categóricamente. No obstante, un año después, cuando ya no era ministro del Interior, presentó una denuncia penal por “reglaje” contra la periodista Mónica Delta y el equipo de Punto Final (Latina), lo que suscitó críticas de gremios de prensa y organizaciones de defensa de la libertad de información, que señalaron la acción como un mecanismo para amedrentar a la prensa crítica.

El celular, el iCloud y los allanamientos

En el marco de las pesquisas fiscales, Santiváñez fue requerido para entregar acceso a su cuenta de iCloud y al contenido de su teléfono celular. La prensa informó que el ministro no entregó las claves dentro del plazo establecido, argumentando que los procedimientos carecían de legalidad o eran irregulares. Mientras tanto, la Fiscalía realizó varios allanamientos simultáneos a su domicilio y oficina durante su gestión al frente del Ministerio del Interior, un hecho inédito que alimentó aún más la polémica sobre el alcance de la investigación.

La filtración de un reportaje antes de su emisión

Otra controversia importante se desató cuando América Televisión confirmó que Santiváñez tuvo acceso al texto completo de un reportaje elaborado por Cuarto Poder, antes de su emisión en televisión. Este hecho reveló posibles interferencias o presiones desde el poder político hacia los medios de comunicación y puso en cuestión la independencia editorial de importantes investigaciones periodísticas.

El viaje a Europa y el timing del Poder Judicial

En noviembre de 2024, se supo que Santiváñez viajó a Europa a pesar de que la Fiscalía había solicitado un impedimento de salida del país para evitar que evada las investigaciones en curso. Sin embargo, el Poder Judicial otorgó la autorización para que viaje solo después de que él ya había regresado, una decisión que fue criticada por diversos sectores y analistas, quienes señalaron que el “timing” de la medida envió un mensaje contradictorio sobre la capacidad del sistema judicial para controlar a funcionarios bajo proceso o investigación.

La “captura” que no fue

Durante su gestión como ministro del Interior, Santiváñez anunció con gran pompa la captura de un supuesto “número 2” de Sendero Luminoso, una noticia que fue ampliamente difundida por medios oficiales. Sin embargo, días después se corrigió la información, indicando que el detenido no era el cabecilla que se había presentado inicialmente, lo que generó un fuerte cuestionamiento a la credibilidad del ministro y afectó su reputación en materia de seguridad interna.

Contrataciones y vínculos incómodos

Durante su administración, se evidenció que uno de sus asesores cercanos, presentado como vocero, fue contratado con fondos públicos para tareas vinculadas a la imagen y comunicación política. Además, hubo registros de órdenes de servicio dirigidas a personas de su entorno comunicacional, junto con el uso de un vehículo formalmente asignado a un proveedor de la PNP para realizar visitas oficiales a Palacio de Gobierno.

Estas prácticas alimentaron sospechas de conflictos de interés y de un uso instrumental del aparato estatal para beneficios personales o políticos.

La puerta giratoria: del Mininter a Palacio… y de vuelta al Gabinete

Tras la censura que sufrió en el Parlamento el 21 de marzo de 2025, la Presidencia de la República lo reubicó en un cargo creado a su medida dentro de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, cuya función oficial era coordinar con los gobiernos subnacionales. En la práctica, se trató de un puesto inventado que se percibió como una burla a la sanción parlamentaria, pues le garantizaba un sueldo mensual superior a los 25 mil soles y un espacio de poder desde el cual mantuvo acceso a información sensible y capacidad de maniobra política, aun lejos de los reflectores. Este “aterrizaje suave” preparó el terreno para su retorno al Gabinete Ministerial en agosto del mismo año.

¿En qué punto está todo hoy?

Actualmente, Juan José Santiváñez asume la cartera del Ministerio de Justicia bajo un contexto complejo y cargado de cuestionamientos. Cuenta con un impedimento de salida del país vigente por 18 meses en el marco de las investigaciones por presunto tráfico de influencias y tiene diligencias pendientes, que incluyen pericias de voz, revisión de dispositivos electrónicos y declaración de testigos en la Fiscalía.

Santiváñez, por su parte, continúa negando todas las irregularidades y acusa a la prensa y a sectores políticos de llevar adelante campañas en su contra, incluso judicializando conflictos con periodistas que lo investigan.