Todo lo que necesitas saber sobre el conflicto con Colombia

A principios de julio de 2025, la publicación en el diario oficial El Peruano de la ley que creaba el Distrito de Santa Rosa de Loreto parecía, a ojos de la mayoría de peruanos, una noticia menor: una más de las decenas de normas que reorganizan la administración territorial del país. El Congreso había aprobado la iniciativa semanas antes, el 11 de junio, a propuesta del Ejecutivo, con un objetivo explícito: reforzar la presencia del Estado en una de las zonas más remotas y vulnerables del Perú.

Santa Rosa, ubicada en plena triple frontera amazónica, se asienta sobre una isla frente a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Allí viven poco más de dos mil personas, en su mayoría dedicadas a la pesca, el pequeño comercio y actividades informales ligadas a la economía de frontera. Durante años, el acceso a servicios básicos ha sido precario: salud, educación, agua potable y seguridad dependen de esfuerzos aislados y puntuales, muchas veces llegando más rápido desde Brasil o Colombia que desde Iquitos.

La reciente decisión de convertir a Santa Rosa en distrito fue interpretada por Colombia como un gesto de afirmación territorial sobre una isla cuya soberanía —según Bogotá— aún debía resolverse bilateralmente. El presidente Gustavo Petro no tardó en calificar la medida como “un acto unilateral” y advirtió que Colombia no reconocía esa soberanía peruana.

Una frontera con historia de disputas

La tensión que estalló en 2025 tiene raíces profundas. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, Perú y Colombia se disputaron extensas zonas amazónicas. El conflicto más recordado es la Guerra colombo-peruana de 1932-1933, detonada por la llamada “toma de Leticia” por civiles peruanos y seguida de enfrentamientos militares. La solución llegó en 1934, con la ratificación del Protocolo de Río de Janeiro, que puso en vigor el Tratado Salomón–Lozano de 1922.

Cuando Perú y Colombia firmaron el Tratado Salomón–Lozano en 1922 (ratificado y puesto en vigor con el Protocolo de Río de Janeiro de 1934), se decidió que la frontera en esta zona seguiría la línea media del río Amazonas. Esto significa que, imaginando el río como una carretera fluvial, la frontera pasaría por el “carril” del medio, y cada país se quedaría con las islas que estuvieran de su lado de esa línea en ese momento histórico.

Entre esas islas se encontraba Chinería, que fue claramente asignada al Perú. En ese entonces, la isla de Chinería comprendía no solo la masa de tierra principal, sino también los bancos de arena y formaciones asociadas que, según la dinámica del Amazonas, podían cambiar levemente con los años. Para Perú, Santa Rosa es simplemente la parte habitada de esa isla histórica de Chinería, no una formación nueva.

El Protocolo de 1934 incluyó una cláusula para casos futuros: si el río cambiaba de curso por causas naturales —por ejemplo, si las corrientes abrían un nuevo brazo o depositaban sedimentos formando una isla—, la soberanía sobre esas “nuevas islas” debía ser discutida y definida de manera conjunta entre ambos países.

Ahí surge el núcleo del desacuerdo actual:

• Colombia argumenta que Santa Rosa no existía como tal en 1934, sino que es una isla creada después por los cambios naturales del río. Por eso, dicen, no quedó cubierta por el acuerdo original y su soberanía debe ser discutida nuevamente.

  
  

• Perú sostiene que Santa Rosa no es una isla nueva, sino parte de la isla Chinería ya reconocida como peruana en el tratado. Desde esta visión, no hay nada que discutir porque la soberanía ya está definida desde hace más de 90 años y ha sido ejercida de manera continua.

  
  

En simple, la disputa  no es tanto sobre dónde está la isla ahora, sino sobre si Santa Rosa es una formación “nueva” o simplemente la continuación de una isla ya asignada al Perú en los tratados. Esa diferencia de interpretación es la que alimenta el actual conflicto diplomático.

La fuerza del argumento peruano

En derecho internacional, no basta con lo que diga un tratado: también importa la posesión efectiva. Desde hace décadas, Santa Rosa ha sido administrada por autoridades peruanas. La Policía Nacional, la Marina de Guerra, los programas sociales y el sistema educativo peruano han operado allí sin interrupciones. No hay registro de presencia estatal colombiana sostenida en el lugar, ni de reclamaciones formales hasta las recientes declaraciones de Petro.

En otras palabras: no solo hay un título legal (la asignación de Chinería en 1922 y 1934), sino una práctica constante de soberanía. En este sentido, la postura peruana se apoya tanto en el derecho escrito como en el ejercicio efectivo de la autoridad.

De la ley al estallido diplomático

El 3 de julio de 2025, la ley que crea el Distrito de Santa Rosa fue publicada. Un mes más tarde, el 5 de agosto, Gustavo Petro lanzó sus declaraciones más duras: acusó a Perú de “apropiarse” de una isla y pidió reactivar la Comisión Mixta Peruano–Colombiana de Inspección de Frontera (COMPERIF). Lo que en Lima se interpretó como un acto de reafirmación soberana, en Bogotá fue leído como una provocación.

La tensión aumentó con rapidez. El gobierno peruano envió una nota de protesta por el presunto sobrevuelo de una aeronave militar colombiana en la zona. Días después, el 11 de agosto, apareció izada una bandera colombiana en territorio de Santa Rosa. Autoridades y pobladores peruanos la retiraron de inmediato. En respuesta, el Ejecutivo envió al primer ministro y a varios ministros a la isla, junto con refuerzos de la Marina y el Ejército, para dejar en claro que no había espacio para ambigüedades sobre la soberanía.

El valor estratégico de una isla amazónica

Para quien mira el mapa, Santa Rosa parece una pequeña mancha verde entre el agua marrón del Amazonas. Pero su posición es clave: está justo frente a Leticia, el puerto fluvial colombiano más importante de la Amazonía. Controlar esa isla implica, en ciertos escenarios, influir en el acceso y la navegación hacia Leticia si el cauce del río se modifica.

El Amazonas es un río impredecible: cada año las crecidas y sedimentaciones cambian su fisonomía. En décadas, un brazo de agua puede abrirse o cerrarse, alterando rutas y generando “nuevas” islas. Por eso, más que un pedazo de tierra, Santa Rosa representa el control de un punto de paso y un símbolo de presencia en la frontera.

Una disputa que debe resolverse con técnica y política

En medio de los cruces de declaraciones, Perú y Colombia acordaron reunirse el 11 y 12 de septiembre de 2025 en Lima, bajo el formato de la COMPERIF. Este espacio, creado precisamente para tratar casos como este, reúne a autoridades diplomáticas y técnicas para analizar mapas históricos, imágenes satelitales y criterios jurídicos. La reunión será decisiva para bajar la tensión y dar una salida que, al menos en teoría, evite que el asunto escale.

Sin embargo, el clima político añade complejidad. En ambos países, el nacionalismo fronterizo puede usarse como herramienta de legitimación interna. En Perú, la defensa de Santa Rosa une a oficialismo y oposición; en Colombia, la narrativa de “isla no reconocida” refuerza el discurso soberanista del presidente Petro.

Más allá de la geografía: la vida en Santa Rosa

En medio de todo, los habitantes de Santa Rosa miran con mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo, porque sienten que su pueblo, históricamente olvidado, está en el centro de la atención nacional. Preocupación, porque saben que la tensión diplomática puede traer efectos prácticos: controles más estrictos, menos flujo comercial con Colombia y la posibilidad, aunque remota, de incidentes en el río.

La mayoría vive del comercio fluvial, vendiendo pescado, frutas o gasolina a embarcaciones que cruzan entre Perú, Colombia y Brasil. Los vínculos familiares y económicos atraviesan las fronteras de forma natural. Por eso, aunque respaldan la presencia peruana, muchos desean que el problema se resuelva sin cerrar la dinámica de frontera que les da sustento.

Quién tiene la razón

A la luz de los tratados y de la práctica territorial, Perú tiene una posición más sólida. La isla forma parte de Chinería, reconocida como peruana en 1922 y 1934. La presencia y administración continuas refuerzan ese derecho. Colombia no ha ejercido posesión efectiva ni ha demostrado que Santa Rosa sea una formación completamente nueva que requiera reasignación.

El acto peruano de crear un distrito no es una apropiación, sino una medida administrativa dentro de un territorio ya reconocido y administrado como propio. En derecho internacional, eso pesa más que interpretaciones recientes.

Por eso, aunque el diálogo sea necesario y la diplomacia obligada, la evidencia histórica, jurídica y práctica respalda la soberanía peruana. Santa Rosa es, y ha sido, del Perú.