Terruquean a vecinos de Miraflores

Un video que circula en redes y canales cercanos al alcalde Carlos Canales presenta a los vecinos que protestan contra su gestión como “terroristas” y “enemigos del desarrollo”, sin ofrecer ningún tipo de evidencia técnica ni verificada. La narrativa se esfuerza en deslegitimar las críticas ciudadanas, calificándolas como amenazas al progreso y usando el discurso del miedo para silenciarlas.

Rafael León Rodríguez, reconocido periodista y columnista popularmente llamado Rafo León, recibió una multa por parte de la Municipalidad de Miraflores equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 2,675. Esta sanción se le aplicó tras participar en una manifestación ciudadana en rechazo a la gestión municipal, donde hizo uso de un megáfono frente al edificio de la municipalidad. Este hostigamiento implica un intento claro de callar una voz crítica consolidada en Miraflores.

Cuestionamientos concretos a la gestión de Canales

Desde múltiples sectores del distrito, se han planteado cuestionamientos específicos que van más allá del discurso:

– La remodelación del parque Armendáriz muestra un énfasis en la estética ornamental en detrimento de la conservación de árboles, áreas verdes funcionales y accesibilidad. Usuarios han indicado que los diseños no atienden a las necesidades reales de los visitantes.

– En las avenidas Larco, Pardo y Espinar, las obras han provocado un caos vehicular que persiste semanas y meses. Aunque el alcalde responsabiliza a empresas como Luz del Sur y Sedapal, los vecinos sostienen que la municipalidad no presentó ni implementó un plan de mitigación ni informaron cronogramas que atenúen el impacto .

– La suspensión automática del skatepark y la imposición de fiscalización en clases de zumba, galerías de arte y eventos comunitarios se ha considerado arbitraria. Las intervenciones carecen de diálogo previo y no ofrecen espacios alternativos, lo que ha generado protestas ciudadanas y la percepción de un enfoque autoritario en espacios públicos .

– La adquisición de vehículos para el serenazgo se realizó a precios inflados: ocho autos Hyundai Accent adquiridos por S/ 125 250 cada uno —cuando rondan S/ 60 000 en el mercado— y dos camionetas Maxus T60 a S/ 175 643 frente a un precio de S/ 90 000. Aunque la comuna afirma que no se han desembolsado fondos, las unidades ya están rotuladas y asignadas al municipio, lo que genera suspicacias sobre la transparencia en las contrataciones.

La estrategia del terruqueo y el silencio forzado

El uso de etiquetas tan fuertes como “terrorista” o “anti-desarrollo” para referirse a una protesta ciudadana implica una estrategia dirigida a inhibir el discurso crítico. El efecto ajusta más el control emocional que el racional, convirtiendo la política municipal en un terreno hostil para el debate técnico o ciudadano. En ese contexto, el caso de Rafo León —periodista con décadas de trayectoria— toma una dimensión aún más alarmante, ya que representa el ataque a la libertad de expresión en su misma fuente.

Esta ofensiva simbólica se da en un distrito que históricamente ha sido un referente de participación activa, y en un país donde el término “terruqueo” remite a una herida abierta que aún condiciona el activismo político.

Lo que exigen los vecinos

Frente a este panorama, los vecinos demandan de forma clara y unánime:

– Que el municipio presente estudios técnicos completos (impacto ambiental, movilidad, accesibilidad) antes de implementar obras públicas.

– Que las consultas ciudadanas sean reales, vinculantes y se den en etapas previas, no como mero trámite pos obra.

– Que el hostigamiento contra periodistas como Rafo León cese inmediatamente, y que se garantice un ambiente donde la crítica no se interpreta como delito.

– Que los procesos de compra, especialmente los de vehículos municipales, sean transparentes y auditados por entidades independientes.