Sodalicio: las víctimas se multiplican e investigación del Vaticano revela nuevos abusos

La oficina de escucha abierta por el Vaticano recibió testimonios de 250 personas, frente a las 83 víctimas que había reconocido la organización. Las denuncias incluyen abusos sexuales, violencia psicológica, castigos físicos, intervenciones ginecológicas y administración de psicofármacos. La búsqueda de los bienes para indemnizar a los afectados sigue pendiente.

La dimensión de los abusos cometidos en el Sodalicio de Vida Cristiana es considerablemente mayor de lo que se conocía. Una investigación del Vaticano ha permitido identificar a 250 víctimas de esta organización religiosa peruana, disuelta por el papa Francisco en enero de 2025. La cifra contrasta con las 83 personas que el propio Sodalicio había reconocido hasta entonces y confirma que el alcance de los abusos permanecía parcialmente oculto.

La revelación fue publicada el 10 de noviembre por el diario español El País, en un reportaje del periodista Íñigo Domínguez, que recoge los resultados del trabajo de la oficina de escucha abierta en Lima por el comisario pontificio Jordi Bertomeu. Durante su funcionamiento, entre mayo y agosto de 2026, este espacio recibió una cantidad de testimonios que desbordó la capacidad de atención prevista.

Los relatos recogidos no se limitan a agresiones sexuales. Comprenden abusos psicológicos, físicos, espirituales y de poder, además de prácticas de control sobre la vida personal y la salud de quienes integraban las distintas ramas de la organización. Según el reportaje, entre los casos más graves figuran al menos 20 intervenciones de extracción de ovarios practicadas a mujeres vinculadas a las comunidades femeninas del Sodalicio, de acuerdo con dos fuentes del equipo de atención y testimonios recogidos por el periódico.

La investigación también documenta el uso de psicofármacos en integrantes varones. Algunos testimonios señalan que se administraban medicamentos para controlar comportamientos considerados incompatibles con las normas de la organización, incluida la homosexualidad. Renzo Orbegozo, una de las víctimas entrevistadas, relató que fue sometido a tratamientos psiquiátricos y que otros integrantes recibieron medicación durante años.

Los testimonios describen un sistema de disciplina y sometimiento que comenzaba desde edades tempranas. Una profesional que participó en la atención de las víctimas explicó a El País que algunos ingresaban al Sodalicio con apenas 13 o 14 años y que entre las prácticas habituales estaban el aislamiento familiar y la anulación de la personalidad emocional.

Una organización disuelta, pero sin reparación suficiente

La disolución del Sodalicio, ordenada por el papa Francisco en enero de 2025, no ha significado el cierre de las demandas de justicia. La propia organización había informado que reconocía 83 víctimas y que había desembolsado 5,3 millones de dólares en indemnizaciones. Sin embargo, la nueva investigación ha ampliado considerablemente el número de afectados y ha puesto nuevamente en cuestión la suficiencia de las reparaciones.

Uno de los principales obstáculos es la localización del patrimonio económico del grupo. Según las investigaciones periodísticas recogidas por El País, parte de los bienes habría sido transferida a través de entramados empresariales y sociedades en el extranjero antes de la disolución. La Santa Sede busca identificar esos recursos para destinarlos a las indemnizaciones.

La situación también ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades peruanas. En enero de 2026, el Vaticano remitió a la Fiscalía documentación relacionada con presuntas irregularidades financieras y la privatización de bienes eclesiásticos. Sin embargo, la investigación fiscal fue archivada en octubre, decisión que las asociaciones de víctimas cuestionaron públicamente.

A los abusos sexuales y psicológicos se suman las denuncias sobre el despojo de tierras a la comunidad campesina de Catacaos, en Piura. Los pobladores sostienen que el Sodalicio obtuvo terrenos mediante documentación fraudulenta. El pasado mayo, cardenales y arzobispos peruanos participaron en una ceremonia en la que pidieron perdón a los habitantes de esta comunidad.

Las víctimas esperan respuestas

La publicación de los nuevos hallazgos coincide con la visita al Perú del papa León XIV, quien, antes de ser elegido pontífice, fue obispo de Chiclayo y conoció de cerca las denuncias contra el Sodalicio. El 12 de noviembre se reunió en Lima con seis personas afectadas por abusos cometidos en instituciones eclesiásticas, algunas de ellas vinculadas a esta organización.

En paralelo, el comisario pontificio Jordi Bertomeu continúa con las tareas de investigación y liquidación de los bienes de la entidad. Las víctimas reclaman que el proceso no se limite a recoger testimonios, sino que permita identificar a los responsables, esclarecer el destino del patrimonio y garantizar indemnizaciones.

El caso del Sodalicio constituye uno de los mayores escándalos de abusos en la historia reciente de la Iglesia católica peruana. La disolución de la organización fue una decisión de enorme trascendencia, pero las nuevas revelaciones muestran que todavía quedan responsabilidades por esclarecer y reparaciones por cumplir. El reconocimiento de las víctimas es un paso indispensable; la justicia y la restitución de sus derechos siguen siendo una deuda pendiente.