Quieren abrir áreas naturales protegidas a la industria extractiva

Un nuevo intento legislativo amenaza con fracturar el sistema de conservación ambiental del Perú. El Proyecto de Ley N.º 1822/2024-CR, presentado en el Congreso, propone una reforma radical: permitir actividades extractivas como la explotación de hidrocarburos y minería dentro de áreas naturales protegidas hasta hoy consideradas intangibles.

Áreas mundialmente reconocidas por su valor ecológico y cultural, como el Parque Nacional del Manu, el Parque Bahuaja Sonene y el Santuario Histórico de Machu Picchu, quedarían expuestas a intereses económicos bajo el argumento del “desarrollo energético”. La iniciativa ha encendido las alarmas en la comunidad científica, organizaciones indígenas y ambientales, y sectores del propio Estado, que advierten sobre un retroceso normativo sin precedentes.

Un giro normativo sin precedentes

El proyecto, impulsado por el congresista Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú), busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N.º 26834) para autorizar actividades de hidrocarburos en zonas actualmente prohibidas. Esto implicaría que el Ministerio de Energía y Minas tenga un rol vinculante en la aprobación de estos proyectos, incluso por encima de la opinión técnica del Ministerio del Ambiente y del SERNANP, entidad encargada de la protección de estas áreas.

Especialistas advierten que la norma flexibiliza el principio de intangibilidad: bastaría con un decreto supremo —ya no una ley del Congreso— para reducir límites, cambiar categorías y autorizar exploraciones en territorios protegidos por su riqueza biológica única. Esta modificación debilitaría los mecanismos de protección y abriría la puerta a intereses privados sobre bienes públicos de alto valor ecológico.

Biodiversidad en peligro y pueblos ignorados

Las zonas bajo amenaza no son cualquier territorio: albergan una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Por ejemplo, el Parque Nacional del Manu es Patrimonio Natural de la Humanidad y hogar de más de mil especies de aves, decenas de mamíferos y numerosas comunidades indígenas, algunas en aislamiento voluntario.

Líderes amazónicos y organizaciones como AIDESEP denuncian que el proyecto representa una violación directa de sus derechos colectivos, pues no contempla la consulta previa ni la información adecuada a las comunidades afectadas, como exige el Convenio 169 de la OIT. En Loreto, Ucayali y Madre de Dios —regiones priorizadas por esta norma— los impactos de la actividad petrolera ya son evidentes: solo en 2022 se reportaron más de 130 derrames, muchos relacionados con fallas de infraestructura o abandono de pozos. La presencia de empresas extractivas ha traído contaminación, enfermedades y fragmentación social, lejos de los beneficios prometidos.

Las concesiones mineras y la minería ilegal ya han invadido zonas de amortiguamiento y áreas protegidas en la Amazonía peruana, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles y la supervivencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los Kakataibo. Un informe reciente identificó 39 concesiones mineras en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y 5 concesiones dentro de la Reserva Indígena Kakataibo (sur), desafiando la legislación nacional que prohíbe actividades extractivas en estos territorios sagrados.

El mito del desarrollo a través del gas

Uno de los principales argumentos a favor del proyecto es la “masificación del gas natural” como vía para mejorar la calidad de vida en la Amazonía. Sin embargo, más de 20 años después del inicio del proyecto Camisea, las comunidades que lo rodean aún enfrentan altos niveles de pobreza, falta de agua potable y graves pasivos ambientales. El gas nunca llegó a las casas de los pueblos originarios; el supuesto desarrollo asociado al extractivismo no ha demostrado ser sostenible ni equitativo.

Impactos ambientales y sociales de la minería y el petróleo

La minería ilegal y las concesiones formales han causado deforestación y contaminación en al menos 18 áreas naturales protegidas desde 2010, incluyendo la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri. El uso de mercurio y otros químicos en la minería afecta los cuerpos de agua y la salud de las comunidades locales, además de provocar la fragmentación de hábitats y la pérdida de especies endémicas.

En el caso de la minería ilegal, se ha detectado un incremento del 400% en la infraestructura minera en zonas como La Pampa, en Madre de Dios, lo que evidencia la dificultad del Estado para controlar estas actividades y la magnitud de la crisis ambiental y social que enfrenta el país.

Riesgos jurídicos y presión internacional

El proyecto plantea serias implicancias legales. Permitir actividades extractivas en zonas protegidas vulnera el artículo 68 de la Constitución, que obliga al Estado a conservar la diversidad biológica y las áreas naturales. Además, se corre el riesgo de incumplir acuerdos internacionales firmados por el Perú, como el Acuerdo de Escazú, el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Incluso podría activar mecanismos de sanción bajo tratados comerciales como el TLC con Estados Unidos, que incluye cláusulas ambientales.

El propio Ministerio del Ambiente se ha pronunciado categóricamente en contra del proyecto, señalando que “pondría en riesgo la conservación de los ecosistemas de las áreas naturales protegidas”. Más de 60 organizaciones sociales, universidades y científicos han alertado sobre la amenaza directa a los pilares institucionales de la conservación en el país.

La defensa se organiza

En los últimos días ha crecido el rechazo ciudadano. Bajo el lema “Las áreas naturales no se tocan”, colectivos indígenas, activistas climáticos y jóvenes ambientalistas están convocando a movilizaciones en Lima, Cusco y varias ciudades de la Amazonía. La sociedad civil exige el archivamiento inmediato del proyecto y el respeto irrestricto de las normas ambientales.

Para muchos, esta es una prueba de fuego para el Congreso y el Ejecutivo. Lo que está en juego no es solo la integridad de los parques nacionales, sino la coherencia del país en materia de sostenibilidad y derechos humanos.

Una encrucijada histórica

El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Sus parques y reservas no son solo paisajes hermosos, sino escudos naturales contra el cambio climático, fuentes de agua y vida, y espacios sagrados para pueblos que han convivido con ellos por siglos.

Aprobar una ley que permita perforar, explotar o contaminar estas zonas sin salvaguardas es una decisión que tendría consecuencias irreversibles. No sería solo un error político, sino una herida ética y ecológica que marcaría a las futuras generaciones. La respuesta está en manos del Congreso, y la vigilancia, en manos de toda la ciudadanía