Presentan demanda ante CIDH denunciando caso Perseo

Un grupo de abogados peruanos ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano, denunciando una persecución sistemática de carácter político e ideológico en el denominado “Caso Perseo”. La demanda acusa al Estado de violar múltiples artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de 45 ciudadanos, muchos de ellos vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF).

La denuncia sostiene que las personas procesadas y condenadas en el expediente judicial 085-2014 –conocido como Caso Perseo– han sido criminalizadas por sus ideas y no por actos concretos de terrorismo. Según los peticionarios, el Estado ha aplicado de manera inconstitucional e ilegal el Decreto Ley 25475, una norma de carácter antisubversivo vigente desde la década de 1990, para perseguir a quienes manifiestan determinadas convicciones políticas consideradas por las autoridades como contrarias al orden legal, sin que existan pruebas de participación en actividades violentas.

Los denunciantes señalan que el juicio fue “emblemático”, no por la solidez de las pruebas, sino por las presiones mediáticas y políticas que lo rodearon, las cuales habrían condicionado la actuación del Poder Judicial. Alegan que no se respetó el principio de legalidad, ni la presunción de inocencia, ni el derecho a un tribunal imparcial, lo cual convierte el proceso en una violación flagrante de los artículos 8, 9 y 25 de la Convención Americana. La demanda fue presentada por los abogados Alex Puente Cárdenas y Miguel Cornelio Sánchez Calderón.

En el extenso documento remitido a la CIDH, los abogados exponen cómo distintos jueces y fiscales que adoptaron decisiones desfavorables al discurso oficial fueron removidos o sancionados, generando un clima de temor en la judicatura. Uno de los casos más mencionados es el del magistrado Víctor Valladolid Zeta, quien fue separado de su tribunal tras liberar a varios detenidos por el Caso Perseo, y que posteriormente se inhibió de continuar conociendo el caso por falta de garantías.

“Este no es un proceso judicial ordinario, es una herramienta de persecución política institucionalizada”, sostienen los peticionarios, quienes denuncian que el Poder Ejecutivo intervino directamente desde el inicio del operativo Perseo en 2014, cuando se detuvo a decenas de personas tras un proceso de inteligencia liderado por la DIRCOTE.

Legislación y políticas que promueven el “terruqueo”

La denuncia también cuestiona el rol de la legislación antiterrorista y de políticas como la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo 2019-2023, las cuales, según los abogados, amplían peligrosamente el concepto de terrorismo incluyendo acciones de protesta, expresión ideológica o manifestaciones políticas pacíficas como “acciones indirectas terroristas”.

Se señala que el uso extensivo del término “terrorista” ha dado pie a una política de “terruqueo” institucionalizada que criminaliza el disenso y la militancia de izquierda. Esta política, sostienen, ha sido denunciada incluso por organismos como Human Rights Watch, la Relatoría Especial de la ONU y la propia Comisión Interamericana, quienes han alertado sobre la erosión del Estado de derecho en el Perú.

Consecuencias de una sentencia cuestionada

En la sentencia de primera instancia del Caso Perseo, dictada en octubre de 2024, fueron condenadas más de 35 personas, muchas de las cuales no se encontraban privadas de su libertad. Entre ellas hay adultos mayores con enfermedades graves, como Alzheimer, Parkinson y cáncer. Dos de los acusados ya han fallecido. Los abogados sostienen que no se ha acreditado ningún acto violento ni asociación para delinquir, pero aun así se dictaron condenas extensas con base en una interpretación extensiva del artículo 5° del Decreto Ley 25475, contraria a lo establecido por la Corte Interamericana.

El ex presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, celebró públicamente la sentencia como un “golpe histórico al terrorismo”, pese a que esta aún se encontraba bajo apelación, en abierta contravención al principio de presunción de inocencia.

Llamado internacional a la CIDH

Debido a la supuesta imposibilidad de encontrar justicia en el sistema legal peruano, los abogados han recurrido a la CIDH amparándose en las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención Americana, que permiten acudir directamente al sistema internacional cuando no existen recursos efectivos dentro del país.

“Se ha quebrado el principio del debido proceso legal y se ha instaurado una justicia de autor, no de actos”, concluye la denuncia, que solicita la intervención de la CIDH para que el Estado peruano revise sus leyes antiterroristas, cese la criminalización del pensamiento y garantice un juicio imparcial para todos los procesados.

Este caso se enmarca en un contexto político e institucional complejo en el Perú, marcado por denuncias de autoritarismo parlamentario, injerencia del Ejecutivo en el sistema de justicia y debilitamiento del Estado de derecho. A juicio de los denunciantes, el Caso Perseo refleja una regresión democrática que amenaza con institucionalizar la persecución política a través del sistema penal.

Cabe destacar que, tras la sentencia, diversos intelectuales, artistas y activistas de derechos humanos han expresado su preocupación y se han pronunciado en contra del fallo. Leer la nota aquí.