Nación Wampis toma en sus manos la defensa de su territorio

La Nación Wampis ha dicho basta. Cansados de esperar respuestas, hartos de promesas vacías y alarmados por la expansión incontrolable de la minería ilegal, sus autoridades han anunciado una decisión histórica: iniciar acciones de autodefensa para proteger su territorio, su gente y su futuro.

“Frente al abandono sistemático del Estado, la Nación Wampis ha decidido ejercer su derecho ancestral y constitucional a la autoprotección social y territorial”. Así lo señala, con una mezcla de determinación y hartazgo, el pronunciamiento emitido este 10 de julio por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), una de las organizaciones indígenas más consolidadas y propositivas del país.

El Estado ausente

No se trata de una denuncia nueva. Desde hace años, la Nación Wampis ha venido alertando sobre la presencia creciente de minería ilegal en la cuenca del río Santiago, en la región Amazonas. Han documentado la contaminación de ríos, el aumento de enfermedades, la destrucción de zonas de pesca y caza, y el ingreso de mafias que operan con maquinaria pesada, muchas veces con respaldo de redes criminales.

Lo nuevo es la respuesta. O, mejor dicho, la decisión de no seguir esperando que el Estado actúe.

“Nos han dejado solos. Hemos pedido intervención de la Policía, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Energía y Minas, y lo único que hemos recibido son evasivas. Mientras tanto, nuestros ríos se llenan de mercurio y nuestros hijos beben agua contaminada”, señala Shapiom Noningo, líder del GTANW, en una de las declaraciones recogidas en sus canales oficiales.

La Nación Wampis no es un grupo aislado. Está formada por más de 85 comunidades y representa a más de 15 mil personas que habitan una vasta extensión de territorio ancestral. Desde 2015, han establecido su gobierno autónomo como un modelo de gestión territorial basado en la cosmovisión indígena, pero también en el respeto a la Constitución y al derecho internacional. Han sido reconocidos como interlocutores válidos por organismos internacionales y han participado en espacios multilaterales de defensa de derechos indígenas.

Y sin embargo, frente al avance ilegal de dragas, al ruido nocturno de los motores mineros y a la amenaza constante de actores armados, el Estado ha optado por mirar hacia otro lado.

La dignidad de resistir

El 15 de julio, apenas cinco días después del pronunciamiento inicial, la Nación Wampis anunció el inicio de los operativos de “desalojo pacífico” de la minería ilegal en el río Santiago. Una serie de brigadas comunales, organizadas por los propios wampis, se desplegaron para advertir a los operadores ilegales que deben abandonar el territorio. La medida no es improvisada ni violenta: forma parte de un proceso planificado, documentado, y sostenido en asambleas y consultas internas.

“Somos pueblos originarios y tenemos derecho a vivir en paz en nuestro territorio ancestral. Lo defenderemos con dignidad, pero con firmeza”, subraya el comunicado más reciente, que además exige al Estado peruano que asuma sus responsabilidades y colabore con las acciones de protección territorial.

Los wampis también recordaron que el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, reconoce a los pueblos indígenas el derecho a controlar sus propias instituciones y territorios. Más aún, citan el artículo 149 de la Constitución peruana, que reconoce la jurisdicción de las autoridades comunales sobre sus tierras. En ese marco legal, el desalojo de actores ilegales no es una acción al margen del Estado: es una consecuencia directa de su inacción.

Entre la autodefensa y el riesgo

Pero no todo es épica. Hay riesgos evidentes.

La minería ilegal no es solo una actividad económica clandestina: es, en muchas zonas del país, una estructura mafiosa que se defiende con violencia. Los wampis lo saben. Saben también que los operadores ilegales muchas veces están vinculados a redes de corrupción local o incluso a militares y policías en retiro. Saben que enfrentarlos implica ponerse en peligro.

Por eso no piden solo que “los dejen actuar”. Exigen protección. Exigen presencia estatal. Exigen que el Ministerio del Interior disponga medidas concretas de resguardo. Exigen que el Ministerio Público actúe ante las denuncias ya presentadas. Exigen que no se criminalice a los pueblos originarios por ejercer un derecho que el propio Estado les ha reconocido.

Y exigen, sobre todo, respeto.

Un modelo de gobernanza indígena

El caso de la Nación Wampis no es un simple conflicto local: es una advertencia nacional. Mientras el Estado central sigue atrapado en una lógica vertical, lenta y clientelista, los pueblos originarios están construyendo modelos de gobernanza basados en la legitimidad comunitaria, la autonomía y la sostenibilidad.

El GTANW ha implementado planes de desarrollo propios, ha suscrito alianzas con universidades, ha promovido iniciativas de vigilancia ambiental con tecnologías de geolocalización, y ha formado a sus jóvenes como comunicadores, defensores del territorio y técnicos ambientales.

En contraste, la respuesta estatal sigue marcada por la indiferencia. En un país donde el discurso sobre la Amazonía suele reducirse a promesas de “desarrollo alternativo” o a campañas contra el narcotráfico, la Nación Wampis propone otra cosa: una defensa activa, informada y legítima de su forma de vida. No piden limosnas. No piden permisos. Exigen que se cumpla la ley.