Muerte de abogado Gamero en prisión desata críticas al sistema judicial y al caso Perseo

El fallecimiento del abogado Carlos Alfonso Gamero Quispe, de 88 años, en el penal Ancón I, ha generado indignación y reabierto el debate sobre el uso político del sistema judicial peruano. Gamero cumplía condena dentro del denominado Caso Perseo, acusado de haber sido personero legal del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).

Sus defensores sostienen que, en la práctica, fue procesado y encarcelado por ejercer su labor como abogado de personas señaladas de subversión y por representar legalmente a una agrupación que promovía una amnistía general para los presos vinculados al conflicto armado interno.

Enfermedad y deterioro en prisión

Al momento de su detención, Gamero ya padecía Alzheimer y Parkinson avanzados, enfermedades que se agravaron en la cárcel. Durante su reclusión en Ancón I, contrajo tuberculosis y sufrió un deterioro físico y cognitivo irreversible.

Pese a los pedidos de su familia y abogados para que se le concediera arresto domiciliario, las autoridades judiciales y penitenciarias rechazaron cualquier medida humanitaria. Su muerte en prisión, postrado y en condiciones precarias, ha sido interpretada como una señal de la falta de proporcionalidad y humanidad del sistema penal peruano.

El caso Perseo bajo cuestionamiento

El Caso Perseo, que involucró a decenas de personas acusadas de vínculos con el Movadef, ha sido objeto de críticas desde su inicio. Diversos analistas lo consideran un proceso emblemático del uso expansivo de la figura del “terruqueo” como herramienta política, donde las pruebas eran endebles y las condenas se sustentaron más en sospechas ideológicas que en hechos concretos.

La situación de Gamero encarna estas críticas: un abogado anciano condenado esencialmente por haber representado legalmente a una organización incómoda para el Estado, en lugar de por un delito probado.

Reacciones públicas

La muerte de Gamero generó pronunciamientos desde distintos ámbitos culturales y políticos. El escritor Diego Trelles afirmó: “No es un delito pensar. Tampoco es un delito defender legalmente a quien haya sido acusado penalmente de cualquier cosa. Eso no es justicia. Se llama vendetta. No se puede llegar a ninguna reconciliación si seguimos usando la justicia como herramienta de venganza y despojándola de todo fundamento legal.”

El poeta y ensayista Jorge Frisancho escribió: “La muerte en prisión del abogado Carlos Gamero —condenado, en lo esencial, por haber ejercido su profesión— es una muestra más de la deshumanización con la que convivimos. (…) Debería despertar mucha más indignación de la que despierta entre quienes se asumen, nos asumimos, demócratas y defensores del ideal de la institucionalidad republicana.”

A esas voces se sumó la del exdirector general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, Christian Wiener, quien recordó que Gamero fue detenido en un operativo “para supuestamente desactivar un plan terrorista que existía solo en la imaginación de funcionarios, policías y periodistas”. Para Wiener, el abogado terminó convertido en “otro más de los presos políticos sin pruebas, que mueren en prisión para dar gusto a los terruqueadores y macartistas”.

Otros escritores e intelectuales también se manifestaron, como el escritor Rafael Dumet y el cineasta Alonso Izaguirre.

Desde el terreno político, el partido Adelante Pueblo Unido (APU), integrado por exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo, emitió un comunicado en el que calificó el fallecimiento como “una muestra de la deshumanización y del uso político del sistema penitenciario, práctica sistemática de un régimen que prioriza el terruqueo antes que el respeto a los derechos humanos”.

Debate sobre el sistema penitenciario y la democracia

El caso pone sobre la mesa un tema de fondo: el uso de la justicia en contextos de polarización política. ¿Puede el Estado procesar y encarcelar a un abogado por las personas a las que representa? ¿Dónde termina la defensa legal y dónde comienza la criminalización del ejercicio profesional?

El fallecimiento de Carlos Gamero expone las tensiones entre seguridad, política y justicia en el Perú contemporáneo. Para sus críticos, es la prueba de que la democracia se debilita cuando la defensa legal se criminaliza y cuando el sistema penitenciario se utiliza como herramienta de venganza ideológica.

Más allá de las interpretaciones, la imagen de un abogado anciano, enfermo y condenado a morir en prisión se ha convertido en un símbolo incómodo de la deshumanización del sistema de justicia peruano.