Los Ángeles en llamas

Una ciudad militarizada, bajo una presidencia en puertas del autoritarismo.

Las calles de la ciudad más poblada de California han sido tomadas por uniformados. No se trata de una película distópica ni de un escenario extranjero: más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines han sido desplegados por orden directa del presidente Donald Trump para contener las protestas derivadas de una serie de redadas migratorias. La intervención, sin autorización estatal ni municipal, ha abierto una nueva herida en el debate sobre el poder federal, el uso de la fuerza militar y los derechos civiles.

De redadas a revuelta: el inicio del estallido

La chispa fue encendida por operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que detuvieron a más de 40 personas en el área metropolitana de Los Ángeles. Testigos afirman que varios detenidos contaban con documentos legales o estaban protegidos por procesos pendientes. La respuesta ciudadana fue inmediata: miles de manifestantes ocuparon calles, autopistas y edificios públicos entre el 6 y el 8 de junio, pidiendo el fin de las redadas masivas y de la presencia del ICE en comunidades latinas.

Las primeras jornadas de protesta fueron, en su mayoría, pacíficas. Sin embargo, se registraron enfrentamientos puntuales con la policía, uso de gas lacrimógeno, incendios de vehículos —incluyendo unidades autónomas de Waymo— y actos de vandalismo en el centro de la ciudad. La policía reportó 72 arrestos y varios heridos, incluidos periodistas y manifestantes.

Intervención federal sin precedentes recientes

El presidente Trump ordenó inicialmente el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional bajo el Título 10 del Código de los Estados Unidos, lo que transfiere el control del cuerpo desde el estado hacia el Departamento de Defensa. Un día después, la cifra se duplicó y se sumó un contingente de marines, acuartelados en las afueras de la ciudad. La operación, calificada por el Pentágono como "protección a activos federales", ha tenido un costo estimado de 134 millones de dólares.

Este despliegue no contó con la aprobación del gobernador Gavin Newsom ni de la alcaldesa Karen Bass, quienes denunciaron públicamente lo que consideran una militarización inconstitucional de una ciudad estadounidense. Newsom demandó al gobierno federal por violar el principio de soberanía estatal, mientras Bass advirtió que "Los Ángeles está siendo usada como laboratorio político para una visión autoritaria del orden".

Un eco del pasado: de Watts 1965 a Trump 2025

El despliegue masivo de fuerzas federales en Los Ángeles remite inevitablemente a uno de los episodios más oscuros del siglo XX: los disturbios de Watts en 1965. A raíz de un arresto policial a un joven afroamericano, la comunidad explotó en seis días de protestas, incendios, saqueos y enfrentamientos que dejaron 34 muertos, más de 1.000 heridos y un saldo de 3.438 arrestos. En ese entonces, el gobernador Pat Brown movilizó a más de 14.000 miembros de la Guardia Nacional para restablecer el orden. Pero, a diferencia de la situación actual, la intervención fue solicitada por autoridades locales y bajo control estatal, respetando el equilibrio constitucional.

También durante los disturbios de Rodney King en 1992 —tras la absolución de policías que lo golpearon brutalmente— se activó la Guardia Nacional, pero con cooperación entre los niveles local y federal. Lo que diferencia el escenario de 2025 es el unilateralismo del poder federal, la intención política explícita de Trump y la utilización del conflicto como herramienta electoral y simbólica.

Implicancias constitucionales: ¿puede un presidente militarizar sin consenso?

La legalidad del uso del Título 10 para intervenir en un estado sin su consentimiento es altamente debatida. Aunque la Constitución permite al gobierno federal actuar para proteger bienes y personal federales, hacerlo de forma prolongada y sin coordinación estatal erosiona los principios del federalismo. Más aún, utilizar a los marines —un cuerpo entrenado para combate exterior— en tareas de control civil es contrario a la tradición democrática de separación entre funciones militares y policiales.

Lo que está en juego: derechos, narrativa y democracia

Trump ha enmarcado los disturbios como una “invasión interna” y ha prometido “fuerza letal si es necesario”. Pero para académicos, defensores de derechos humanos y juristas, esta postura representa un deslizamiento hacia una narrativa de seguridad que justifica el autoritarismo. Al priorizar el despliegue militar frente a soluciones judiciales, legislativas o sociales, la presidencia redefine la protesta como insurrección y al ciudadano como enemigo interno.

Además, el uso de $134 millones para financiar este despliegue ha generado críticas entre ciudadanos que ven cómo ese dinero podría haberse destinado a salud pública, vivienda, educación o veteranos. En un país con profundas desigualdades sociales, gastar cifras multimillonarias para silenciar el descontento parece, para muchos, una provocación.

¿Cruzaron la línea?

La militarización de Los Ángeles bajo la administración Trump no solo es un episodio aislado de violencia institucional. Es el reflejo de un modelo de gobernabilidad basado en la fuerza, el miedo y la imposición unilateral. Frente a un proceso electoral, el presidente parece usar el caos como justificación para ampliar su control, tensionando los límites de la legalidad y sentando un precedente que podría debilitar los pilares democráticos de la nación.