Los sobornos que llevaron a Vizcarra a prisión preventiva

El expresidente Martín Vizcarra, quien llegó al poder en 2018 con el discurso de la lucha anticorrupción, enfrenta hoy un proceso judicial que podría significar hasta 15 años de cárcel. El Poder Judicial dictó contra él cinco meses de prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio por presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador de Moquegua (2011–2014).

Los proyectos bajo sospecha

La Fiscalía lo acusa de haber recibido S/ 2,3 millones en coimas de constructoras a cambio de facilitar licitaciones. Dos grandes obras están en el centro del caso:

• Proyecto Lomas de Ilo: un sistema de riego adjudicado al consorcio Obrainsa–Astaldi. Según la investigación, Vizcarra habría recibido un millón de soles en dos pagos.

• Hospital Regional de Moquegua: la construcción fue encargada al consorcio liderado por ICCGSA, y los fiscales sostienen que se entregaron 1,3 millones de soles en efectivo para asegurar la buena pro.

  
  

Estas obras, emblemas de su gestión regional, son ahora las pruebas más concretas en su contra.

Las pruebas presentadas

La acusación que terminó por acorralar a Martín Vizcarra se sostiene principalmente en los testimonios de colaboradores eficaces que, según la Fiscalía, ofrecen un relato coincidente y respaldado por pruebas documentales. Entre ellos, destaca la declaración de Elard Tejeda Moscoso, exgerente de la constructora Obrainsa, quien aseguró que entregó personalmente a Vizcarra un millón de soles en efectivo cuando este era gobernador de Moquegua. Tejeda no solo relató la mecánica de los pagos, sino que también reveló haber puesto a disposición del entonces funcionario una avioneta de la empresa, lo que mostraría un vínculo directo y cercano entre el mandatario regional y la compañía beneficiada con contratos millonarios de obras públicas.

Otro testimonio clave es el de José Manuel Hernández, exministro de Agricultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien admitió haber actuado como intermediario en la entrega de dinero proveniente de las constructoras interesadas en adjudicarse proyectos en Moquegua, en particular la construcción del hospital regional. Según su versión, los pagos se realizaban en coordinación con el círculo cercano de Vizcarra y eran presentados como un requisito tácito para garantizar la continuidad de las obras.

La Fiscalía recogió además testimonios de choferes, asistentes y personal de confianza que describieron escenas en las que se transportaban maletines cargados de efectivo hasta el domicilio del gobernador. Algunos aseguraron haber presenciado cómo esos paquetes se ingresaban directamente a la residencia de Vizcarra, lo que refuerza la tesis de que no se trataba de un acuerdo abstracto, sino de entregas físicas y periódicas de dinero.

Como parte de los indicios, el Ministerio Público presentó también mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y apuntes de reuniones, donde se dejaba constancia de encuentros entre funcionarios de Moquegua y representantes de las empresas constructoras. Estos elementos tecnológicos no solo corroboran la existencia de reuniones que Vizcarra había negado en un inicio, sino que además sitúan a intermediarios y colaboradores en los mismos tiempos y espacios descritos en las declaraciones. En conjunto, los fiscales sostienen que estos elementos no son simples coincidencias, sino piezas que encajan dentro de un esquema de pago de sobornos a cambio de contratos de obras públicas.

Lo que pide la Fiscalía

El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó una condena de 15 años de prisión: seis por el caso Lomas de Ilo y nueve por el hospital. También ha pedido:

• 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

• Una multa cercana a S/ 150 mil.

• Una reparación civil de más de S/ 4,6 millones a favor del Estado, que deberá pagarse en conjunto con las empresas involucradas.

  
  

La decisión judicial

El 13 de agosto de 2025, el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó que Vizcarra cumpla cinco meses de prisión preventiva. La medida se sustentó en tres factores principales:

• Riesgo de fuga: se argumentó que el expresidente no contaba con arraigo laboral ni familiar suficiente.

• Gravedad de los delitos: las pruebas presentadas fueron consideradas “graves y fundadas”.

• Peligro procesal: el juez estimó que Vizcarra, en libertad, podría interferir en la investigación.

Con ello, Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate, donde ya cumplen condena otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. La decisión, sin embargo, abrió un intenso debate: aunque existen testimonios y pruebas indiciarias que el juez consideró relevantes, el riesgo de fuga parecía limitado, tratándose de una figura pública con alta exposición mediática y sin antecedentes de incumplir órdenes judiciales. En ese contexto, muchos se preguntan si no hubiera bastado con medidas menos restrictivas —como la comparecencia con restricciones o el arresto domiciliario— para asegurar el proceso. El carácter severo de la prisión preventiva, sumado al evidente interés político por apartarlo de la vida pública, refuerza la idea de que la medida no solo responde a criterios jurídicos sino también a cálculos de poder.

La defensa de Vizcarra

El expresidente rechaza los cargos y denuncia una “persecución política”. Asegura que las declaraciones de colaboradores eficaces son contradictorias y sin respaldo documental. Además, sostiene que nunca firmó los contratos cuestionados y que los pagos señalados son inventados.

¿Es una acusación sólida?

La solidez de la acusación, según la Fiscalía, radica en que no se trata únicamente de versiones aisladas. Los testimonios de los colaboradores eficaces coinciden en detalles específicos —fechas, montos, lugares y hasta la forma de entrega del dinero— y fueron respaldados por otros testigos periféricos que no tenían un interés directo en la causa. Para los jueces, esa coincidencia resulta difícil de atribuir a la invención o la coordinación previa entre los declarantes.

A ello se suma la evidencia tecnológica y documental: los mensajes de WhatsApp, los registros de llamadas y las agendas de reuniones que confirman encuentros entre Vizcarra, sus allegados y los representantes de las constructoras. Aunque no constituyen una prueba directa del pago de sobornos, sí refuerzan la credibilidad de los testimonios al mostrar un patrón de contacto constante y oportuno con los supuestos intermediarios. En conjunto, estos elementos fueron considerados suficientes por el tribunal para dar por probado el esquema de pagos ilícitos y condenar al expresidente.

Sin embargo, más allá de lo judicial, es innegable que el caso tiene también un trasfondo político. La figura de Martín Vizcarra continúa siendo incómoda para diversos sectores, tanto por su popularidad en la opinión pública como por su rol en el cierre del Congreso en 2019. En ese contexto, no pocos analistas advierten que existe un interés manifiesto en inhabilitarlo políticamente y bloquear cualquier posibilidad de su retorno a la arena electoral. Esa doble dimensión —la solidez de las pruebas por un lado y el interés político por el otro— explica por qué el caso ha generado tanto debate y por qué la sentencia contra Vizcarra no se percibe solo como un asunto judicial, sino también como un movimiento con profundas implicancias en el tablero político peruano.