Ley Chlimper 2.0: el retorno de los privilegios fiscales para las agroexportadoras

En medio de una crisis fiscal creciente y con el país aún arrastrando secuelas económicas de la pandemia y de un Estado debilitado, el Congreso de la República del Perú ha puesto sobre la mesa una iniciativa legislativa que ha generado alarma entre economistas, gremios laborales, y sectores sociales: la llamada Ley Chlimper 2.0. La norma, bautizada en referencia al empresario agroexportador y exministro de Agricultura José Chlimper, propone restablecer y extender beneficios tributarios millonarios para las grandes empresas del sector agroindustrial.

Lo que para sus promotores es una estrategia para "fomentar la competitividad y la inversión", para sus detractores es una reedición del modelo de exoneraciones fiscales a medida, con un elevado costo para el erario público y sin beneficios claros para el grueso del sector agrario nacional, dominado por pequeños agricultores.

¿Qué propone exactamente la Ley Chlimper 2.0?

El proyecto legislativo plantea cambios estructurales al régimen tributario del sector agroexportador:

• Reducción del Impuesto a la Renta (IR) del 29.5% al 15% para empresas agrícolas, agroindustriales y forestales.

• Exoneración temporal y extensible del pago de tributos a la inversión.

• Depreciación acelerada para infraestructura y maquinaria.

• Recuperación anticipada del IGV, incluso en casos de proyectos que aún no generan ingresos.

• 
  

El aspecto más polémico es que estos beneficios ya no estarían limitados a un periodo de diez años, como era en versiones anteriores del régimen. Esta vez, se plantea que puedan ser permanentes o renovables sin mayor control del Congreso.

¿Quiénes se benefician?

Según cifras de la propia SUNAT, de más de 2 millones de unidades agropecuarias existentes en el Perú, apenas unas 500 empresas concentran más del 90% de las exportaciones agrarias. Se trata de grandes firmas como Camposol, Danper, Gloria, Agroindustrial Cerro Prieto, entre otras.

Estas empresas ya se han beneficiado durante décadas de regímenes tributarios especiales y de una legislación laboral flexible (como el tristemente célebre “Régimen Agrario”), que permitió contratos temporales indefinidos, sin beneficios proporcionales para los trabajadores.

El costo para el Estado

De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el impacto fiscal de la Ley Chlimper 2.0 ascendería a aproximadamente S/1.850 millones anuales, lo que significaría una pérdida total de más de S/18.000 millones en la próxima década. Para ponerlo en perspectiva: este monto equivale al presupuesto de dos años del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

En un contexto donde el Estado lucha por financiar la salud, la educación y la infraestructura rural, muchos analistas consideran que no hay justificación económica ni técnica para sacrificar tal cantidad de recursos sin una contraprestación tangible.

El procedimiento: otra vez al caballazo

Lo que también ha causado indignación ha sido el modo en que el Congreso ha intentado aprobar la ley. La congresista Sigrid Bazán denunció públicamente que el dictamen fue agendado directamente para el Pleno, sin pasar por la Comisión de Economía, evitando así el debate técnico y las recomendaciones del MEF, SUNAT y otras entidades. “Es un intento de aprobarla al caballazo, sin análisis de impacto fiscal ni consulta a la ciudadanía”, declaró.

Reacciones sociales y laborales

Diversos gremios han manifestado su rotundo rechazo. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) han señalado que esta ley representa una claudicación del Congreso frente a los intereses empresariales. Además, la CGTP advirtió que la ley debilitaría el rol de fiscalización de la SUNAFIL en sectores donde ya se violan sistemáticamente los derechos laborales. “En lugar de garantizar derechos, se perpetúan abusos”, sostuvieron en un comunicado.

¿Y la agricultura familiar?

El contraste no podría ser más grande. Mientras el Congreso agiliza beneficios para las agroexportadoras, la agricultura familiar, que representa el 97% de las unidades productivas y emplea a más de 4 millones de personas, continúa sin acceso a financiamiento, mercados ni políticas diferenciadas. El censo agropecuario más reciente muestra que más del 70% de estas familias vive en situación de pobreza o vulnerabilidad.

La Ley Chlimper 2.0 es, en los hechos, una legislación hecha a la medida de un puñado de conglomerados agroindustriales que ya dominan el mercado de exportación. En nombre de la “competitividad”, se propone sacrificar ingresos públicos que podrían ser usados para cerrar brechas sociales, mejorar la educación rural o modernizar el agro familiar.

Mientras tanto, los verdaderos agricultores del país –aquellos que producen los alimentos que consumen las familias peruanas cada día– siguen esperando políticas serias, sostenibles y equitativas.