Laura Arroyo: la dignidad no se deporta

El pasado 29 de julio, la periodista peruana Laura Arroyo fue blanco de un mensaje público en redes sociales por parte de José Manuel Vallejo Aznar, excandidato del partido Vox por Huesca y exfuncionario vinculado a los cuerpos policiales españoles. En dicho mensaje, Vallejo Aznar escribió: “Haremos realidad tu sueño de no ser española (…) te devolveremos a tu país. Si te dieron un DNI español que no quieres, no sufras; te lo quitaremos”.

Las declaraciones se dieron en respuesta a críticas expresadas por Arroyo en un programa de televisión sobre el avance del discurso xenófobo en la política europea. El mensaje no solo cuestionaba sus opiniones, sino que apuntaba directamente a su nacionalidad de origen, sugiriendo que debía ser expulsada del país por no adherirse a una visión complaciente del nacionalismo español.

Más que un exabrupto

Lo dicho por Vallejo Aznar no puede reducirse a una reacción aislada ni a un exabrupto individual. Se trata de un discurso que forma parte de una estrategia más amplia, promovida por sectores de la ultraderecha, donde el señalamiento de figuras críticas —especialmente si son mujeres, migrantes o de izquierda— se convierte en herramienta política.

No es la primera vez que Vox u operadores cercanos al partido apuntan contra comunicadores por motivos de origen nacional. Sin embargo, el mensaje a Arroyo marca un escalón más grave al sugerir directamente el retiro de la ciudadanía y la expulsión del país, lo cual, más allá de ser impracticable jurídicamente, delata una visión excluyente del ejercicio de la ciudadanía y la libertad de expresión.

¿Quién es Laura Arroyo?

Laura Arroyo Gárate es una politóloga peruana que desde hace más de una década reside en España. Ha trabajado como asesora de comunicación política, profesora universitaria y conductora de medios. Es directora del programa El Tablero en Canal Red, medio impulsado por Pablo Iglesias, y ha participado como analista política en espacios como La Hora de La 1 de RTVE.

En los últimos años se ha hecho conocida por su capacidad de análisis político desde una perspectiva crítica, con particular atención al discurso público, el lenguaje, la agenda mediática y las dinámicas de poder. Su estilo apuesta por el argumento, la precisión conceptual y una claridad que incomoda, precisamente porque evita la simplificación.

Tras el ataque, Arroyo señaló con sobriedad que se trataba de un mensaje con tintes racistas y antidemocráticos, y que, lejos de afectarla en lo personal, debía alertar sobre la normalización del discurso de odio en el debate público. Su respuesta fue breve, firme y proporcional, en coherencia con su trayectoria.

Lo destacable no es solo su temple ante el ataque, sino la manera en que ubicó el hecho en un marco político mayor: no como una agresión anecdótica, sino como parte del ascenso de una retórica que amenaza el pluralismo democrático. Su intervención —en medios y redes— no buscó generar victimización, sino restituir el debate al terreno de los derechos y la ciudadanía.

El riesgo de la despolitización del racismo

Una de las consecuencias más insidiosas del auge del discurso ultra en Europa ha sido el vaciamiento del racismo como categoría política. En lugar de reconocerse como estructura de exclusión y violencia, el racismo es presentado por sectores conservadores como una simple “opinión” o “crítica legítima”. En ese marco, denunciar el racismo pasa a ser interpretado como una forma de censura o de victimismo ideológico.

El caso de Laura Arroyo revela hasta qué punto esta lógica ha calado: alguien plenamente integrada en el debate público, puede ser atacada como si su origen fuera motivo suficiente para silenciar su participación política. Lo que se le impugna no es su pasaporte, sino su derecho a pensar desde otro lugar.

Más allá de lo que le han dicho a Laura Arroyo, lo que debería preocupar es lo que esto revela sobre el estado del debate público en Europa. Que una figura con ciudadanía, formación académica y visibilidad mediática pueda ser atacada de ese modo, no por lo que dice, sino por quién es, habla de un retroceso grave.

Cuando se pretende definir quién puede opinar en función de su lugar de nacimiento o de su acento, no estamos ante una diferencia política, sino ante una amenaza al principio básico de igualdad democrática. Y frente a eso, lo mínimo que corresponde es tomar posición. Nuestra completa solidaridad con Laura Arroyo.