La Policía bajo sospecha: el “Monstruo” y más

La captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, en San Lorenzo (Paraguay) el 24 de septiembre de 2025 supone un triunfo operativo, pero también un símbolo: las autoridades paraguayas planificaron partes de la operación en guaraní porque, según sus propios responsables, existía la sospecha fundada de que información sensible llegaría con rapidez al entorno del perseguido si se comunicaban en español. Ese gesto táctico —cambiar de idioma para proteger un operativo conjunto— no es una anécdota: es la manifestación de una confianza quebrada entre fuerzas aliadas y una advertencia sobre filtraciones ya documentadas en investigaciones previas.

Filtraciones que no son teoría: antecedentes operativos frustradosEl operativo paraguayo no surgió del vacío. Fuentes policiales extranjeras indicaron que, en al menos tres intentos anteriores entre 2023 y 2024, la captura de El Monstruo se frustró por alertas previas al fugitivo. Por ejemplo, en junio de 2023, un operativo coordinado entre la DIRINCRI y la policía boliviana debió abortarse tras una denuncia anónima que alertó a Moreno Hernández sobre la inminente detención, lo que provocó que el criminal abandonara a último momento una vivienda en Santa Cruz. En otro caso, en noviembre de 2024, una orden de allanamiento en Lima fue cancelada cuando un informante interno alertó sobre el movimiento policial, liberando al objetivo antes del operativo.

Esta historia encaja en un patrón documentado en múltiples investigaciones fiscales y periodísticas: operaciones que terminan “misteriosamente” mal por avisos previos, allanamientos abortados o pruebas manipuladas. Por ejemplo, el caso “Operación Catrina” denunciado en 2023 reveló que un policía de la unidad Depincri provocó la fuga de un prófugo clave al filtrar la planificación del operativo. Estas irregularidades no prueban culpabilidades individuales sin proceso, pero sí constituyen la base factual por la cual otras policías optaron por reservar información e incluso por limitar los canales de comunicación con la PNP en misiones sensibles.

En los últimos años se han multiplicado las investigaciones contra miembros de la PNP por vínculos con el narcotráfico. Reportes rigurosos muestran centenares de efectivos bajo pesquisa: hasta 2025 más de 400 policías han sido indagados por presuntos nexos con el tráfico ilícito, incluyendo casos notables como el de 2024 cuando el coronel retirado Juan Paredes fue detenido por proteger rutas de cocaína en el VRAEM, y la detención en 2023 de agentes que alteraban actas para favorecer embarques ilegales en el puerto del Callao. Esta cifra y detalles como el uso de inmuebles policiales para ocultar cargamentos o la colaboración para facilitar rutas explican por qué agencias extranjeras y la Fiscalía mantienen alertas estrictas sobre qué información compartir y con quién.

Redes criminales transnacionales y policías que facilitan rutas

La expansión de organizaciones como el Tren de Aragua en la región puso en evidencia otra fragilidad: agentes que actúan como facilitadores logísticos. En 2024 y 2025, operativos conjuntos entre Perú, Paraguay y EE.UU. permitieron la captura de más de veinte miembros de esa red criminal venezolana, así como la desarticulación provisional de rutas de tránsito por la frontera norte peruana. En paralelo, la Fiscalía formalizó investigación contra seis policías y ex policías acusados de intentar introducir cargamentos de droga y establecer puntos de apoyo para la red criminal, como documentan las autoridades norteamericanas en reportes recientes. Estos episodios evidencian la confluencia entre fortalezas criminales internacionales y la presencia de apoyos locales, que en ocasiones son policías o ex policías, facilitando operaciones ilícitas.

Extorsión y manipulación de operativos: ejemplos que erosionan la confianza públicaEn municipios periurbanos de Lima y provincias, se han conocido casos donde agentes fueron acusados de exigir dinero a detenidos, fabricar flagrancias o manipular evidencias. En 2024, la Fiscalía de Lima Norte solicitó penas máximas contra cinco policías de Puente Piedra que colocaban droga para simular delitos y exigían coimas para liberar a intervenidos, según informes oficiales de la Inspectoría. Un caso paradigmático fue el de 2025 en Comas, donde un suboficial fue condenado por fabricar pruebas falsas para perjudicar a un empresario local. Estos procesos, con cobertura pública por parte del Ministerio Público, subrayan por qué tanto la ciudadanía como pares internacionales perciben a una parte cuestionada de la PNP como un actor dual: garante del orden y, en ciertos casos, facilitador activo de ilegalidades.

Investigaciones internas y cifras que hablan de un problema extendido

La Inspectoría General y reportes periodísticos han consignado que, solo en los últimos tres años, más de mil policías fueron denunciados por faltas y delitos diversos, y decenas de unidades especializadas (Depincri, Dircocor, entre otras) han sido intervenidas por presunta corrupción interna. Un informe conjunto de la Contraloría y la Fiscalía en 2025 expuso la precariedad del control interno en unidades clave, donde faltan auditorías frecuentes, y la impunidad favorece la corrupción sistémica. Aunque no se puede extrapolar culpabilidades masivas sin proceso, estas cifras exhiben una crisis institucional grave, donde redes delictivas corrompen con mayor facilidad canales dentro de las fuerzas del orden.

En términos concretos, la suma de denuncia, procesos penales y operativos abortados por filtraciones configuran un paisaje institucional donde la confianza, base esencial para la cooperación internacional contra el crimen organizado, está seriamente dañada.

La desconfianza entre cuerpos policiales limita el intercambio efectivo de inteligencia, retrasa detenciones clave y obliga a aliados extranjeros a operar con cautela, prolongando la impunidad de criminales con alcance transnacional. En el caso de El Monstruo, la intervención paraguaya y el uso de canales seguros terminaron por lograr la captura; sin embargo, la narrativa predominante —que la detención se logró “a pesar” y no “gracias” a la PNP— evidencia la pérdida de liderazgo operativo de la policía peruana en investigaciones complejas. Esa pérdida se traduce en costos reales: mayor riesgo de fuga de información, operaciones menos coordinadas y, en última instancia, más espacio para que organizaciones criminales se expandan.

Es imprescindible subrayar que las noticias y procesos citados refieren a investigaciones y acusaciones en curso; la separación entre hechos probados y presunciones legales debe mantenerse.