La lenta privatización de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la más antigua de América y estandarte de la educación pública en el Perú, atraviesa una de sus etapas más complejas. Lo que se presume como “modernización” o “eficiencia administrativa” encuentra una expresión más profunda: un proceso silencioso de privatización encubierta, que no se declara en leyes espectaculares, sino que se teje sutilmente en reglamentos, convenios y cobros que gradualmente erosionan el carácter gratuito y democrático de la institución.

Ley Universitaria: de financiamiento mixto a dependencia

La Ley Universitaria N° 30220, promulgada en 2014, introdujo un cambio importante en el modelo de financiamiento de las universidades públicas en Perú. Antes, estas instituciones dependían mayoritariamente del presupuesto público asignado por el Estado, lo que garantizaba una provisión relativamente estable y enfocada en la gratuidad y el acceso masivo a la educación superior. Sin embargo, esta ley promovió un esquema de financiamiento mixto que combina recursos provenientes del Estado con “recursos complementarios”, los cuales las universidades pueden generar por sí mismas. La intención original era otorgar mayor autonomía financiera a las universidades, para que puedan diversificar sus ingresos y gestionar con más independencia sus proyectos y necesidades.

No obstante, en la práctica, esta apertura se transformó en un impulso hacia la mercantilización del sistema público, ya que permitió que proliferaran convenios con empresas privadas, así como el cobro por servicios académicos, programas de posgrado costosos y otras formas de ingresos que dependen directamente de los estudiantes o agentes externos, debilitando así la accesibilidad y la función social de la universidad pública.

Este modelo de financiamiento mixto se consolidó con la aprobación del reglamento vigente desde el año 2025, que regula la relación entre universidades públicas y el sector privado para facilitar la realización de alianzas estratégicas. Dichas alianzas pueden orientarse a la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa o al financiamiento de proyectos de investigación. Sin embargo, en la práctica, este reglamento ha derivado en una mayor dependencia de los recursos directamente recaudados, trasladando la responsabilidad económica a los sectores privados y a las propias instituciones universitarias.

Además, las empresas que actúan como financistas a menudo tienen acceso a espacios físicos dentro de las universidades y pueden influir en decisiones sobre la asignación y uso de los recursos obtenidos. Paralelamente, la normativa permite que los “recursos propios” generados a través de matrículas especiales, cursos adicionales o asesorías se utilicen para cubrir gastos corrientes, lo que consolida un modelo donde las universidades dependen en gran medida del autofinanciamiento, es decir, de los aportes directos de estudiantes o terceros, más que de fondos públicos garantizados.

A pesar de que el discurso oficial de las universidades y del Estado insiste en preservar la gratuidad de la educación pública, la experiencia concreta para gran parte del estudiantado es bastante diferente. Se están generalizando una serie de cobros indirectos que suponen una carga económica considerable para muchos estudiantes, especialmente aquellos provenientes de sectores sociales menos favorecidos. Estos cobros incluyen trámites administrativos que antes eran gratuitos, expedición de constancias o certificados y cursos de nivelación obligatorios para acceder a ciertas carreras.

Lo que en un principio se consideraba una excepción justificada por la autonomía financiera ahora se normaliza como una característica permanente del sistema. Todo esto representa una vulneración indirecta del derecho a la educación gratuita, y afecta especialmente a los estudiantes de las clases populares, quienes históricamente han sido los pilares que sostienen el prestigio y la función pública de universidades emblemáticas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cobros y prohibiciones en cambios de especialidad y traslados internos

Un claro ejemplo del giro hacia la mercantilización de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se observa en el Reglamento de Admisión para el ciclo 2026-I. Según este reglamento, los aspirantes que quieran postular a una segunda carrera deben pagar un pago adicional de 1,000 soles solo para inscribirse en el examen de admisión, además de afrontar una mensualidad de aproximadamente 300 soles si son admitidos. Este cobro explícito introduce barreras económicas que afectan directamente el principio de gratuidad en la educación pública superior, segmentando a los postulantes en dos grupos: quienes tienen la posibilidad de asumir estos costos y quienes quedan excluidos por motivos económicos. Estos costos no solo limitan la igualdad de oportunidades, sino que consolidan una estructura de acceso diferenciada que favorece a sectores con mayor poder adquisitivo, contraviniendo el mandato constitucional de educación gratuita y accesible.

La exclusión se profundiza con la implementación de nuevas restricciones en el marco normativo relacionado a la admisión. Por ejemplo, aquellos estudiantes que ya hayan egresado, titulado o graduado de cualquier universidad están automáticamente excluidos del examen ordinario de admisión para nuevos programas académicos. En su lugar, deben acceder mediante modalidades especiales que suelen ser más limitadas en número de vacantes y que implican mayores costos económicos y burocráticos.

Aun más rígidas son las sanciones que recaen sobre estudiantes que hayan desertado, repetido o intentado reingresar previamente: si deciden presentarse al examen ordinario sin cumplir con los requisitos específicos, pueden enfrentar procesos disciplinarios que criminalizan estas situaciones.

Esto representa una restricción grave y regresiva que penaliza trayectorias académicas no lineales y dificulta la reinserción educativa, obstaculizando la continuidad y recuperación de estudios de numerosas personas que por diversas razones tuvieron interrupciones en su formación. Este tipo de normativas evidencia un endurecimiento en la politización de la admisión, que privilegia la exclusión sobre el acceso y la equidad educativa.

Asimismo, resulta profundamente preocupante que la normativa universitaria excluya de facto del derecho a la educación superior a quienes han cumplido penas por terrorismo o apología al terrorismo. Esta disposición, más que proteger el bien común, penaliza de modo persistente trayectorias de reinserción social, consolidando una lógica de castigo prolongado que vulnera principios básicos de equidad y rehabilitación.

Por otra parte, la lógica de mercantilización se extiende también a los cobros internos por trámites académicos y administrativos que tradicionalmente eran gratuitos en la universidad pública. Un caso concreto es el de la Facultad de Educación de la UNMSM, que durante el semestre 2025-II empezó a exigir un pago de 25 soles para solicitar un cambio de especialidad dentro del mismo ciclo académico. Aunque la cifra pueda parecer moderada en términos absolutos, es significativo porque representa la institucionalización de un cobro por un trámite que debería considerarse un derecho básico para el estudiantado dentro de una universidad pública, especialmente considerando el contexto socioeconómico de la mayoría de estudiantes.

Este tipo de tarifas graduales, que se añaden a múltiples otros gastos indirectos, terminan acumulándose y generando una carga financiera importante para los alumnos, contribuyendo a una barrera económica soterrada que menoscaba la igualdad de acceso y permanencia.

Además, el Reglamento de Admisión vigente desde el ciclo 2022-II establece reglas severas respecto a los traslados internos entre carreras dentro de la UNMSM. Una vez que un estudiante ha formalizado su inscripción en una carrera determinada, no puede solicitar traslado a otra especialidad en ningún caso, y los pagos realizados por matrícula o procesos de admisión no son reembolsables bajo ninguna circunstancia. Esto implica que un error vocacional o una reconsideración en la elección de carrera se traduce en una pérdida económica total para el estudiante, lo que representa una barrera económica concreta y tangible que desincentiva cambios o ajustes necesarios en la formación académica. Esta medida limita notablemente la movilidad académica interna y desconoce las necesidades y condiciones reales del estudiantado, fomentando una rigidez institucional que afecta especialmente a quienes no cuentan con respaldo económico para asumir los costos derivados de un posible reingreso o cambio fuera del sistema formal.

En conjunto, estas políticas y regulaciones reflejan un proceso sistemático de privatización encubierta dentro de la universidad pública peruana, que pone en riesgo su misión histórica y su condición de espacio público y de acceso libre para sectores populares. La acumulación de cobros directos e indirectos, la exclusión de perfiles estudiantiles no lineales y la reducción de controles estatales evidencian un modelo que privilegia la lógica del mercado y la rentabilidad sobre la función social del conocimiento y la educación superior pública.

La rectoría de Jeri Ramón como rostro institucional del cambio

La responsabilidad formal recae en la actual rectora, Jeri Ramón, cuya gestión ha facilitado —y defendido— esta agenda privatizadora. Se le acusa de firmar convenios con empresas para construir auditorios o financiar programas académicos, justificando esto como respuestas a la falla presupuestal del Estado. Pero para el estudiantado y muchos académicos, se trata de una renuncia histórica al principio público de la universidad. “Administra como si fuera una empresa. Habla de clientes, no de estudiantes”, acusan los estudiantes.

Hacia un modelo excluyente

El proceso que hoy vive San Marcos no es único. En Chile y Colombia, universidades públicas históricas enfrentaron recortes, privatización parcial y endeudamiento masivo, transformándose en instituciones donde miles acceden por créditos y no por mérito. San Marcos parece emular ese modelo, en el que lo gratuito se convierte en ficción y el acceso depende de recursos externos, académicos o financieros.

¿La privatización de San Marcos no se plasmará en una venta o estatuto explícito. Emana de una serie de reglamentos que establecen cobros y exclusiones. Autofinanciamiento obligatorio, cobros administrativos, exclusión de trayectorias atípicas, convenios con empresas: esa es la ecuación. Cada uno de estos elementos se integra para formar un modelo cada vez menos público.

Frente a este escenario, la resistencia estudiantil no es exageración, sino defensa activa de lo que representa la universidad pública. Estudiantes saben que sin su intervención, San Marcos puede transformarse en un campus condicionado, donde la matrícula gratuita pase a ser una ilusión. En su visión, la batalla es histórica.