La fuga de Jorge Cuba y el fantasma de Alan García

La Línea 1 del Metro de Lima fue, durante años, el emblema de una promesa cumplida. Inaugurada con bombos y platillos durante el segundo gobierno de Alan García, sirvió de ejemplo de gestión pública para los defensores del “shock de inversiones” que impulsó el mandatario aprista. Lo que no sabían los limeños que subían cada mañana al tren, era que su boleto llevaba impreso, en tinta invisible, el rastro de millones de dólares en sobornos. La obra estaba manchada desde sus rieles hasta sus directivos.

El hombre que lo sabía todo era Jorge Cuba Hidalgo, viceministro de Comunicaciones y operador clave del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre 2006 y 2011. Fue uno de los artífices del proyecto y, según la justicia peruana, también uno de los más beneficiados de los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht.

El pasado 24 de julio de 2025, el Poder Judicial lo condenó a 21 años y 8 meses de prisión por colusión agravada y lavado de activos. Pero ese día, Cuba no estaba en el banquillo. Se había fugado cuatro días antes del país, cruzando la frontera por Tumbes hacia Ecuador, sin restricciones legales ni vigilancia. Un prófugo más que abandona el Perú sin que nadie lo impida. Una página más en la historia nacional de impunidad.

¿Quién es Jorge Cuba y por qué importa?

Jorge Cuba no es un personaje menor en la política reciente. Economista, tecnócrata y militante aprista de vieja data, ascendió dentro del aparato público hasta ocupar uno de los puestos de mayor control en la infraestructura nacional. Fue viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, y estuvo directamente involucrado en los procesos de licitación y ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima, una de las obras más grandes y mediáticas del régimen.

Durante años, su figura fue discreta. Pero todo cambió con el estallido del escándalo Odebrecht y la delación de sus ejecutivos ante la justicia brasileña. Ahí apareció el nombre de Jorge Cuba vinculado a cuentas offshore, pagos ilegales y estructuras de lavado de dinero.

La Fiscalía peruana probó que recibió más de 8 millones de dólares en sobornos, canalizados por empresas de fachada y testaferros en paraísos fiscales. El dinero sirvió para compras inmobiliarias, cuentas en Andorra, transferencias sospechosas y hasta vuelos internacionales. El operador del Metro terminó siendo el operador de la corrupción.

La red: trenes, testaferros y traiciones

Cuba no actuó solo. Según la sentencia judicial, existió una red que incluyó a:

Edwin Luyo: expresidente del Comité de Licitación del Metro.

Mariela Huerta: exfuncionaria del MTC.

Miguel Navarro: asesor cercano a Cuba.

Su sobrino Víctor Muñoz Cuba: quien sirvió como testaferro en cuentas offshore.

El mecanismo era claro: Odebrecht ganaba la licitación a través de un proceso direccionado, y luego pagaba sobornos desde su División de Operaciones Estructuradas. Estos pagos iban a cuentas en Andorra, Suiza, Panamá y EE.UU., pasando por empresas pantalla y simulaciones de contratos.

Cuba fue el eslabón clave entre la voluntad política del gobierno y los beneficios empresariales de Odebrecht. Su rol no era solo técnico, sino profundamente político.

El silencio de los muertos: ¿y Alan García?

Toda esta historia gira inevitablemente alrededor de un nombre: Alan García Pérez.

Aunque nunca fue condenado, el expresidente Alan García tuvo pleno conocimiento del proyecto. No solo lo promovió en público, sino que, según el exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, “el presidente estaba al tanto y facilitó las gestiones”. Barata declaró que García pidió acelerar la adjudicación del Metro y que, durante una visita oficial a Brasil en 2008, conversó personalmente con Marcelo Odebrecht para reforzar los vínculos entre su gobierno y la constructora. En 2009, una nota diplomática enviada por el embajador brasileño en Lima a Itamaraty señaló que García había dado “vía libre” para que Odebrecht se encargara del proyecto.

La estructura que permitió estos actos, sostienen los fiscales, era política. Se trataba de un sistema de alianzas, influencias y encubrimientos que iba más allá de Jorge Cuba.

La fuga: un escape legal, una herida institucional

Jorge Cuba cruzó la frontera del Perú hacia Ecuador el 20 de julio de 2025, según Migraciones. No tenía impedimento de salida. Tampoco detención preliminar. A pesar de que la sentencia era inminente.

Esto fue posible gracias a una ley aprobada por el Congreso —con apoyo de bancadas como Fuerza Popular, APP y Renovación Popular— que impide que los jueces extiendan automáticamente las restricciones migratorias a los imputados en casos de corrupción. La consecuencia fue inmediata: Cuba se fue. Legalmente. Sin oposición. Sin policías ni alertas.

Cuando la justicia reaccionó, ya era tarde. La jueza Yesenia Quispe ordenó su captura a nivel nacional e internacional. Pero él ya no estaba.

¿Y ahora qué?

La Procuraduría del Estado ya anunció acciones internacionales. Se activará una alerta roja en Interpol y se pedirá la extradición si se confirma el paradero de Cuba. Su defensa, sin embargo, ha dicho que permanecerá en la clandestinidad “hasta que se resuelva la apelación”, es decir, por tiempo indefinido.

Pero el daño ya está hecho. La imagen de un condenado huyendo del país sin que nadie lo impida es demoledora. La confianza en la justicia vuelve a tambalear. Y la sombra de Alan García —tan hábil para evitar condenas en vida— vuelve a proyectarse sobre el presente.

El Metro de Lima sigue funcionando. Cada día, miles de personas suben a sus vagones sin saber —o recordando vagamente— que sus rieles fueron comprados con sobornos. Jorge Cuba ya no está. Su nombre se suma a la larga lista de prófugos, condenados y fugitivos que alguna vez ocuparon cargos públicos. Pero su caso no es solo personal. Es un síntoma.