La absolución de Lola Estrada

Enero de 2023. El Perú es un país convulsionado. Tras la asunción de Dina Boluarte como presidenta, miles de personas —campesinos, indígenas, estudiantes, activistas— se movilizan en todo el país para exigir nuevas elecciones generales y una nueva Constitución. Las fuerzas de seguridad responden con dureza: hay muertos, heridos, detenidos. El clima es de miedo, pero también de resistencia.

En ese escenario, la artista y activista Leonor Amelia Estrada Francke, conocida como Lola Estrada, decide actuar. Su herramienta es el arte, su escenario, el espacio público. Estrada, reconocida por su trabajo teatral y su activismo en derechos humanos, presenta una performance titulada “Presidenta Asesina”, en la que, a través de su personaje ficticio “Pina Balearte” —una sátira de la presidenta—, baila y pisa la bandera peruana en el parque Kennedy de Miraflores. La tela es la figura de una patria que se aplasta. El gesto es deliberado: denunciar la indiferencia y la violencia del gobierno frente a las ejecuciones extrajudiciales durante las protestas.

I. De la plaza al expediente

El acto artístico no pasa desapercibido. Dos activistas conservadoras, Mariela Bianchi (vinculada al movimiento “Con mis hijos no te metas”) y Cynthia Rebaza (fundadora de “Nadie Menos”), presentan una denuncia penal ante la Fiscalía por presunto ultraje a los símbolos patrios. El Ministerio Público recoge como prueba un video de apenas 30 segundos, editado y fuera de contexto, en el que se ve a Estrada bailando sobre la bandera mientras denuncia la represión estatal.

La Fiscalía acepta la denuncia y, el 8 de febrero de 2023, inicia diligencias preliminares contra Estrada por el delito de “ultraje a los símbolos y valores de la patria en agravio del Estado”. La acusación es grave: la Fiscalía solicita un año y cuatro meses de prisión efectiva, una multa de S/. 854.17 y una reparación civil de S/. 20,000 a favor del Ministerio de Defensa. El proceso se convierte en un símbolo de la criminalización de la libertad artística y del derecho a la protesta en el Perú.  Lo que para el arte es una imagen desgarradora, para la fiscalía se convierte en delito con peso político.

II. De mujer a personaje

Detrás de “Pina Balearte” está Leonor Amelia Estrada Francke —actriz, docente, activista, feminista, performer—, una artista que desde hace más de una década ha trabajado con el cuerpo como medio de expresión política, el espacio público como escenario, y la pedagogía como forma de intervención social. Su trabajo ha pasado por los circuitos formales del teatro limeño, pero también por plazas, marchas, ferias y universidades, siempre poniendo el cuerpo como punto de fricción entre arte y poder. La artista se sitúa con firmeza al lado de quienes han sido históricamente silenciados —mujeres, disidencias, pueblos indígenas, comunidades pobres, jóvenes asesinados por la policía—. Desde esos márgenes ha construido una trayectoria coherente, incómoda, y profundamente comprometida.

“Pina Balearte” no es una provocación gratuita: es un dispositivo escénico. El cuerpo de Pina viste de oscuro, porta una banda presidencial que no honra sino que denuncia, y se desliza con movimientos teatrales sobre una bandera peruana extendida en el suelo. El gesto, cuidadosamente diseñado, no es de destrucción, sino de dolor: la bandera se transforma en campo de batalla simbólica. No se enarbola como orgullo, sino que se convierte en estigma, señal, herida. Es un manto bajo el cual yacen, metafóricamente, los cuerpos abatidos de los manifestantes. Cada pisada es un acto de memoria.

Leonor Amelia Estrada Francke, en ese acto, no solo performó una denuncia: se ofreció como blanco. Expuso su cuerpo a la mirada pública, al escarnio mediático, al riesgo legal. Esa exposición es lo que hace de su arte algo más que una representación: lo convierte en vida política. Y por eso la respuesta judicial no la sorprendió, pero sí la interpeló profundamente. ¿Cuánto vale el cuerpo cuando decide decir algo? ¿Hasta dónde puede llegar una artista antes de ser considerada criminal?

III. El proceso judicial: persecución y resistencia

El caso avanza en medio de un clima de hostilidad. El 16 de septiembre de 2024 se inicia el juicio oral contra Estrada. Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Defensa se oponen a que el juicio sea público, argumentando que la exposición mediática podría generar protestas y presión social. Temen “plantones”; quieren que transcurra en silencio . Silenciar el juicio se convierte en parte del problema: ¿es la libertad de expresión tan peligrosa que debe ser juzgada a puerta cerrada?

La defensa de Estrada, liderada por el Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez, denuncia que el proceso es injusto y que las pruebas presentadas son débiles y tendenciosas, basadas en fragmentos de reportajes televisivos que buscan criminalizar la protesta social.

También sostiene que los actos en cuestión no constituyen delito alguno, pues no hubo intención de ultrajar los símbolos patrios, sino de ejercer el derecho a la libertad de expresión en un contexto de protesta legítima. Argumentan que el arte, históricamente, ha sido una herramienta vital para denunciar abusos y expresar descontento social, y que criminalizarlo constituye una amenaza para la democracia y los derechos humanos.

Mientras la justicia persigue a Estrada por una performance artística, los responsables de las 49 muertes ocurridas durante las protestas permanecen impunes. La paradoja es evidente: se criminaliza la ficción, se omite la sangre real.

En noviembre de 2024, el juez Jonathan Walter Pacherrez Lumbre, del 20° Juzgado Penal de Lima, llega a emitir una orden de captura nacional contra Estrada, quien en ese momento reside en Glasgow, Escocia, donde es docente de teatro en el Conservatorio Real de Escocia. Estrada teme que la orden se extienda a nivel internacional, lo que la dejaría imposibilitada de regresar a su país.

IV. La absolución: una grieta en el muro

El 21 de mayo de 2025, el Vigésimo Juzgado Penal de Lima absuelve, en adelanto de fallo, a Lola Estrada del cargo de ultraje a los símbolos patrios. La sentencia reconoce el carácter artístico y de protesta de la performance, y marca un respiro para la libertad de expresión en el Perú.

Sin embargo, la absolución no borra el intento de criminalizar la protesta ni repara el daño causado a Estrada, quien ha sufrido graves perjuicios emocionales, laborales y económicos tras más de un año y medio de proceso penal. Tampoco resucita a las víctimas de la represión estatal, ni garantiza que casos similares no se repitan en el futuro

El caso de Lola Estrada es un espejo de la sociedad peruana actual: un país donde el arte y la protesta siguen siendo peligrosos, donde la justicia persigue a quienes denuncian y protege a quienes matan. La bandera que Estrada pisó en el escenario es la misma que cubre los cuerpos de los muertos en las calles.

La absolución de Estrada es una victoria frágil, una grieta en el muro de la represión. Pero también es un recordatorio de que la memoria y el arte siguen vivos, y son, a la vez, herramienta y campo de combate.