Gobierno prepara estado de emergencia para frenar marchas

El gobierno interino presidido por José Jerí anuncia que declarará un estado de emergencia en el área metropolitana de Lima Metropolitana, argumentando un “aumento de la criminalidad y la violencia urbana”. Sin embargo, fuentes y cronologías de acontecimientos muestran que la verdadera motivación del Ejecutivo es contener las masivas marchas y protestas sociales que han tomado la capital.

Un anuncio en contexto de manifestaciones

La tarde del 15 de octubre una movilización nacional, convocada principalmente por jóvenes y otros sectores ciudadanos, derivó en enfrentamientos con la policía cerca del Congreso y dejó al menos un fallecido y más de cien heridos. Posteriormente, el primer ministro Ernesto Álvarez informó que se declarará la emergencia en los próximos días, que incluirá la participación de las fuerzas armadas en patrullaje urbano y la restricción de derechos de reunión, tránsito e inviolabilidad del domicilio. Aunque el gobierno habla de inseguridad como eje central, el momento elegido, inmediatamente después de grandes marchas sugiere que la declaratoria busca impedir nuevas protestas, más que atacar únicamente el crimen organizado.

Medidas anunciadas y efectos esperados

Según el Ejecutivo, la emergencia permitirá:

• Desplegar a las fuerzas armadas junto a la Policía Nacional del Perú para patrullaje y control del orden interno.

• Limitar el derecho de reunión y la libertad de tránsito en las zonas declaradas.

• Considerar un toque de queda, así como otras restricciones en distritos de Lima.

La inseguridad como excusa, las marchas como detonante

El discurso del gobierno insiste en la “lucha contra la inseguridad” como justificación para imponer el estado de emergencia. Pero los hechos muestran otra cosa: la medida se anuncia justo cuando miles de ciudadanos —jóvenes, sindicatos, transportistas y organizaciones sociales— llenan las calles exigiendo la salida de José Jerí, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y un verdadero freno a la violencia e impunidad que afecta al país.

Las marchas no son un problema de orden público, sino un reclamo político legítimo frente a un gobierno sin respaldo social. Aun así, el Ejecutivo responde con amenazas de toque de queda, patrullaje militar y detenciones preventivas, medidas que buscan silenciar la protesta más que enfrentar la delincuencia.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que, en este tipo de emergencia, la suspensión de derechos —libertad de reunión, tránsito, inviolabilidad del domicilio— abre la puerta a una represión de movilizaciones legítimas. Esta preocupación se agrava al entender que la declaratoria llega justo cuando la ciudadanía ejerce presión en las calles.