Gobierno premia a policías que participaron en la represión del 15 de octubre

En la sede de la Unidad Histórica de la Policía Montada “El Potao”, en el distrito del Rímac, el presidente de la República, José Jerí, participó en una ceremonia de reconocimiento a la Policía Nacional del Perú (PNP). En el acto estuvieron también el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el ministro del Interior. Durante la ceremonia, Arriola anunció que todos los efectivos que participaron en el operativo del 15 de octubre recibirán “canastas de víveres” como reconocimiento. Jerí, por su parte, afirmó: “Hay un pleno respaldo del Gobierno a la Policía Nacional (…) tengan la plena convicción de que todos somos uno, hechos concretos y particulares no deben entenderse como un descrédito a nuestra institución”.

Este reconocimiento, aunque presentado como un gesto simbólico, se desarrolla en un contexto en el que ocurre lo contrario: una manifestación masiva el 15 de octubre, enfrentamientos, al menos una muerte reconocida públicamente (la de Eduardo Ruiz Sanz) y múltiples reportes de uso excesivo de la fuerza policial. ¿Por qué resulta especialmente grave este gesto del Estado? Porque convalida la represión, mientras se exige al mismo tiempo que los ciudadanos marchen pacíficamente.

La marcha, la represión y las señales contradictorias del Estado

La movilización convocada para el miércoles 15 de octubre congregó a miles en el Centro Histórico de Lima, reclamando al Gobierno y al Congreso. Durante las horas de la protesta, se produjeron enfrentamientos con la PNP que dejaron un saldo significativo de heridos y acusaciones de excesos. Según reportes periodísticos, policías fueron grabados disparando perdigones al cuerpo de manifestantes, apuntando armas de fuego, pateando cabezas e incluso amenazando con matar.  En ese marco, uno de los hechos más graves: Eduardo Ruiz Sanz fue baleado por un agente de la PNP, el suboficial de tercera Luis Magallanes, en la Plaza Francia durante la protesta.

En entrevistas previas a la marcha, Arriola había declarado que la PNP “no sale a agredir, sino a acompañar al prójimo” y que garantizaría el ejercicio del derecho de manifestación. Sin embargo, el reconocimiento otorgado días después a los efectivos que intervinieron pone en evidencia un contraste brutal: se exige a los manifestantes que actúen pacíficamente, mientras se premia a quienes intervinieron con violencia. En palabras del primer ministro, Ernesto Álvarez, “hemos visto que han sido agredidos” los policías, refiriéndose al operativo.

El reconocimiento institucional en ese contexto revela algo más que una torpeza moral: confirma la existencia de una política represiva sostenida desde el poder. El Estado no solo tolera la violencia policial, sino que la legitima como herramienta de control social. Premiar a quienes participaron en la represión equivale a enviar un mensaje inequívoco: la fuerza es el método, la disidencia se castiga y la autoridad se mide por la capacidad de imponer silencio.

"Se escribirá en piedra"

Cuando Arriola anunció la entrega, lo hizo en términos que parecían más de orgullo que de reflexión. Dijo: “El compromiso es con todos los que estuvieron, absolutamente con todos”. Y agregó: “Que la canasta valga aunque sea el 1 % de lo que ustedes han hecho. Lo que ustedes han hecho vale el aplauso de todos los peruanos, de la gran mayoría de peruanos”.  En ese mismo acto afirmó: “Han tenido un 15 de octubre que se escribirá en piedra”.

Lo que destaca es la elevación del operativo de seguridad a un acto heroico. Pero ese gesto héroe es el mismo que está siendo cuestionado por la sociedad civil, por los manifestantes y por organismos de derechos humanos, porque los hechos ocurridos el 15 depositan una carga ética distinta. Al premiar con víveres —un gesto de reconocimiento menor en términos económicos—, el Estado convierte el cumplimiento del deber policial en mérito, sin abrir al mismo tiempo una rendición de cuentas pública por los excesos cometidos.

Este doble rasero —exigir paz a los manifestantes, premiar la intervención policial en una jornada violenta— actúa como una forma de impunidad simbólica. El reconocimiento neutraliza o diluye el impacto de las denuncias de violencia policial, y manda un mensaje a futuras movilizaciones: la fuerza policial será respaldada sin importar las circunstancias, mientras quienes protestan enfrentan el riesgo de represión.

El reconocimiento del Gobierno a los policías que participaron en la represión del 15 de octubre no es un gesto simbólico, sino una señal política peligrosa. En lugar de investigar las muertes y abusos registrados, el Estado opta por premiar a los responsables inmediatos, consolidando una política que confunde orden con impunidad. Al condecorar y recompensar a los agentes, se envía un mensaje inequívoco: la violencia institucional no solo es tolerada, sino alentada. Ese respaldo oficial erosiona la confianza ciudadana, debilita la democracia y crea las condiciones para nuevas jornadas de represión y más muertes. En el Perú de José Jerí, la canasta se convierte en metáfora del poder que agradece a quien golpea y castiga a quien protesta.