El terruqueo penal continúa: detienen a tres más sin pruebas en Huánuco

Sin pruebas de actos violentos o apología a estos , el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la detención preliminar de Ramón Valverde Mirval, Yanac Rivera y Wagner Cóndor Benito, investigados por presunta pertenencia a organizaciones vinculadas a Sendero Luminoso. La medida fue solicitada por la fiscal Tamara Veruska Tello Verde, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y conexos del Distrito Fiscal de Huánuco, y aprobada el 2 de julio de 2025 por la jueza Soledad Barrueto Guerrero. La resolución se enmarca en una preocupante tendencia de criminalización de la disidencia política bajo el argumento del combate al terrorismo.

La resolución judicial se sustenta en la supuesta pertenencia de los detenidos a organizaciones vinculadas a Sendero Luminoso, específicamente al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) y al Frente de Unidad Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP). Según la fiscalía, estos grupos serían “frentes” de la organización terrorista, dedicados a labores de “agitación y propaganda”, como pintas y reparto de volantes en espacios públicos y universidades.

Sin embargo, la fundamentación del caso se apoya principalmente en informes de inteligencia, actas de constatación de pintas y la interpretación ideológica de las actividades políticas y sociales de los investigados. Las pintas referidas harían sido realizadas en el año 2018 y el contenido era alusivo a la amnistía general y la reconciliación nacional, dos de los planteamientos del disuelto MOVADEF.

No se presentan pruebas directas de actos terroristas ni de participación en hechos de violencia, lo que refuerza la percepción de un uso abusivo del sistema penal para criminalizar la protesta y la disidencia.

El megaoperativo fue ejecutado por policías de Huánuco y Lima, con la participación de diez fiscales y más de 50 agentes de la Región Policial de Huánuco. Se realizaron allanamientos simultáneos en inmuebles de Huánuco, Pillco Marca y Amarilis.

El patrón: de Perseo a Olimpo y Apolo

Este caso no es aislado. Forma parte de una serie de megaoperativos judiciales y policiales que han marcado la última década en el Perú.

Desde la Operación Perseo en 2014, que condujo a la detención de múltiples dirigentes del MOVADEF, hasta las operaciones Olimpo en 2020 y Apolo en los años recientes, el patrón se ha repetido: arrestos masivos respaldados por pruebas endebles basadas en la ideología, sin evidencias de actos terroristas concretos. En octubre de 2024 la Cuarta Sala Penal de Apelaciones concluyó el juicio sentenciando —por terrorismo— a activistas  del MOVADEF con penas entre 35 y 16 años de prisión, además de ordenar la disolución de dicha organización y el cierre de sus locales.

Esta resolución, lejos de borrar las críticas, las ha intensificado: juristas, intelectuales, artistas e incluso observadores internacionales denuncian que la sentencia refuerza el uso del “terruqueo” —esto es, criminalizar la disidencia política sin pruebas contundentes— bajo el manto del combate al terrorismo. La jurisprudencia generada genera preocupación porque podría legitimar futuras detenciones preventivas, influenciadas por ideologías o actividades públicas, y no por actos ilícitos comprobados, consolidando una vía para reprimir libertades civiles y políticas.

El derecho a la libertad y el debido proceso en juego

El propio Tribunal Constitucional peruano ha subrayado que la privación de la libertad personal debe ser la “última ratio” y solo puede justificarse en circunstancias verdaderamente excepcionales, con pruebas claras y procedimientos debidamente motivados. La Constitución y el Código Procesal Penal exigen que cualquier restricción a la libertad esté sustentada en elementos objetivos y respetando el principio de proporcionalidad.

En el caso de Huánuco, la detención de los tres investigados se basa en indicios y presunciones, sin que se haya acreditado su participación en delitos concretos. Esta situación pone en riesgo no solo los derechos de los involucrados, sino también el estándar democrático del país.

El peligro de normalizar el “terruqueo penal”

La reiteración de casos como Perseo, Olimpo, Apolo y ahora el de Huánuco, evidencia una preocupante normalización del “terruqueo penal” en el Perú. La criminalización de la protesta y la disidencia bajo acusaciones infundadas de terrorismo erosiona la confianza en la justicia y amenaza las libertades fundamentales. Es urgente que las autoridades judiciales y fiscales actúen con rigor, respeto al debido proceso y garantías constitucionales, evitando que el miedo y la estigmatización sustituyan a la evidencia y al derecho.