El terruqueo en las elecciones 2026

Una de las marcas más persistentes de esta campaña electoral ha sido, una vez más, el terruqueo, utilizado como una estrategia deliberada para desplazar el debate político del terreno de las propuestas hacia el de la sospecha. Como ha ocurrido tantas veces en las últimas décadas, la discusión dejó de girar en torno a programas, ideas o proyectos de país para concentrarse en acusaciones destinadas a desacreditar a determinados actores antes que a confrontar sus planteamientos.

Y, como suele ocurrir, la estrategia funcionó parcialmente. Estas elecciones no pueden calificarse de plenamente democráticas, precisamente porque una parte significativa de la contienda se desarrolló en condiciones de asimetría fabricada: algunos actores políticos compitieron con todos sus derechos intactos, y con todos los poderes fácticos a su favor,  mientras otros debían destinar energía, tiempo y recursos a defenderse de acusaciones cuyo único propósito era mantenerlos a la defensiva.

Sin embargo, el problema del terruqueo no radica únicamente en la veracidad o falsedad de las acusaciones. Incluso si se demostrara la existencia de vínculos políticos, gremiales o personales que algunos consideran cuestionables, la pregunta de fondo seguiría siendo la misma: ¿debe la participación política de una persona depender de la aprobación ideológica de sus adversarios?

Esa es la cuestión central. Discutir indefinidamente si tal dirigente firmó o no firmó un documento, si asistió o no asistió a determinada reunión, o si mantuvo o no determinados vínculos políticos implica aceptar un marco de discusión que ya ha dejado de lado lo esencial. En una democracia, los derechos políticos no se ejercen después de demostrar inocencia frente a acusaciones sin sustento judicial. Se ejercen por el solo hecho de ser ciudadanos.

La campaña contra candidatos de Juntos por el Perú ha puesto de relieve una práctica que el sistema político peruano arrastra desde hace décadas: la existencia de un veto ideológico informal que opera fuera de los tribunales y antes de las urnas. No se trata de sancionar delitos ni de hacer cumplir sentencias, funciones que corresponden al Poder Judicial. Se trata de instalar la idea de que determinadas personas o corrientes políticas carecen de legitimidad para participar en la competencia democrática.

El mensaje es tan simple como preocupante: ciertas opciones políticas no deberían competir en igualdad de condiciones porque su sola presencia resulta sospechosa. Lo que se intenta obtener mediante la estigmatización es aquello que el ordenamiento jurídico no permite conseguir a través de los mecanismos legales. Tampoco resulta casual que este mecanismo se dirija con frecuencia contra actores que plantean transformaciones económicas o sociales que determinados sectores prefieren mantener fuera de discusión. 

Durante años, esta práctica buscó condicionar el comportamiento del electorado mediante el miedo; hoy parece orientarse cada vez más a delimitar quiénes pueden formar parte legítimamente de la discusión pública. Cuando la presencia de un actor político se convierte por sí sola en motivo de escándalo, el terruqueo deja de funcionar como un argumento y pasa a operar como un mecanismo informal de exclusión. 

Los señalados durante esta campaña son, en su mayoría, dirigentes sindicales, representantes gremiales y personas con una trayectoria política pública y documentada. En los casos presentados, lo que se cuestiona no son conductas sancionadas judicialmente, sino su participación en organizaciones sociales, su actividad política o su intervención en procesos electorales plenamente legales  (la existencia de restricciones legales para otros supuestos constituye una discusión distinta, que merece un análisis específico y será materia de otra discusión). Convertir esas actividades en motivo de sospecha implica trasladar al terreno de la criminalización conductas que forman parte del ejercicio normal de los derechos democráticos.

Ese desplazamiento resulta especialmente preocupante cuando encuentra eco en espacios de poder político, mediático o institucional. Cuando un actor puede participar en democracia, pero se intenta convertir su sola presencia en un escándalo político, el terruqueo deja de ser un argumento y pasa a funcionar como un mecanismo informal de exclusión.

Hay aquí también un agravio hacia el electorado que merece señalarse. Cuando se estigmatiza a un candidato o dirigente con el propósito de expulsarlo del debate público, no se afecta únicamente a esa persona. Se afecta a todos los ciudadanos que han decidido o podrían decidir respaldarlos. Se les dice, en los hechos, que su opción política no tiene derecho a existir, que su voluntad debe ser tutelada y corregida antes de expresarse. Eso, lejos de proteger la democracia, es negarla.

Desde la  fundación de elsalmon.info  hemos sostenido que una de las tareas fundamentales del periodismo y del debate democrático consiste en desafiar aquellos sentidos comunes que determinados sectores buscan imponer como verdades incuestionables. Creemos que una sociedad democrática no se construye restringiendo el pluralismo político ni estableciendo filtros ideológicos previos sobre quién tiene derecho a participar en la vida pública. Por el contrario, se fortalece cuando los ciudadanos pueden escuchar, contrastar y evaluar libremente las distintas posiciones que compiten en el espacio político.

Por esa razón, hemos rechazado de manera consistente las distintas formas de terruqueo que han atravesado la vida pública peruana durante las últimas décadas. No porque compartamos necesariamente las posiciones de quienes son objeto de esos ataques, sino porque consideramos que aceptar esa lógica supone renunciar a un principio democrático elemental: que la legitimidad de una propuesta política debe ser definida por la ciudadanía y en el debate público, no por campañas de estigmatización impulsadas desde espacios de poder.

El terruqueo volverá en las próximas campañas porque ha demostrado ser una herramienta eficaz para quienes buscan evitar determinados debates políticos. Precisamente por eso resulta indispensable identificar su lógica y rechazarla. Defender ese derecho, incluso cuando incomoda a quienes pretenden administrar los límites de lo políticamente aceptable, es una condición básica para la existencia de una democracia auténticamente plural, situación que no existe en nuestro país. La única forma de quitarle eficacia al terruqueo es dejar de jugar en su cancha.