El monstruo de Armendáriz

La obra que quiso ser colosal, pero terminó por desnudar el fracaso de la gestión municipal de Carlos Canales.

Cuando el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, anunció la construcción de un puente peatonal que uniría el Malecón de la Reserva con el Malecón Paul Harris en Barranco, lo presentó como una obra emblemática: un “corredor turístico” que integraría dos distritos, que sería símbolo de modernidad y de reconciliación urbana. En los planos, la estructura parecía audaz, un diseño de acero con pasarelas de vidrio que atravesaría la bajada Armendáriz como un trazo futurista en el cielo limeño.

Pero muy pronto la ilusión chocó con la realidad. En febrero de 2024, un informe de la Contraloría encendió las alarmas: incongruencias en los planos estructurales, deficiencias en el expediente técnico, fallas en las redes de agua, electricidad y riego. El documento no era ambiguo: advertía que las deficiencias podían comprometer la calidad, encarecer los costos y retrasar la entrega. El proyecto, valorizado en 33 millones de soles, que debía estar listo para agosto de ese año, empezó a ser visto como un símbolo de improvisación.

El propio Canales debió reconocer meses después que el avance físico apenas alcanzaba el 70 % y que el contrato con la empresa constructora se había roto por incumplimientos. La obra quedó paralizada, con una grúa instalada como recordatorio incómodo de la promesa incumplida. El municipio anunció un nuevo expediente técnico y un reinicio por administración directa. Todo mientras el puente se convertía, en el imaginario barranquino y miraflorino, en un armatoste sin vida, en el “monstruo de Armendáriz”.

Una inauguración sin fiesta

Pese a las advertencias técnicas y a la resistencia vecinal, en agosto de 2025 el alcalde decidió inaugurar el puente. Lo bautizó “Puente de la Paz”, con un discurso en el que insistió en que la obra era una apuesta por la integración y el turismo. Pero la inauguración no fue recibida con aplausos ni celebraciones: más bien fue percibida como una imposición.

El puente, de 112 metros de largo y ocho de ancho, con pasarelas de vidrio, parecía un cuerpo extraño clavado en la bajada Armendáriz. Vecinos y arquitectos denunciaron que la estructura rompía el paisaje natural de uno de los accesos más emblemáticos de Lima, que generaba contaminación lumínica excesiva y que carecía de respaldo en un plan urbanístico serio. El periodista Rafael León lo definió como una obra sin planificación ni transparencia, un monumento al capricho antes que al desarrollo urbano.

Un vecino resume la indignación: “Ese puente nunca fue propuesto en el plan de gobierno de Canales. Simplemente entró a la municipalidad y a los tres meses salió con el tema de que había conseguido financiación. Nadie lo pidió, nadie lo discutió, pero ahí está, impuesto”.

A ese escenario se suma el Coliseo Manuel Bonilla, que debería ser el principal espacio deportivo de Miraflores y que, en lugar de promover el deporte y la actividad comunitaria, permanece abandonado y convertido en estacionamiento para vehículos municipales. El recinto, que alguna vez acogió torneos internacionales y fue referencia en la infraestructura deportiva limeña, hoy presenta filtraciones de agua, humedad en sus estructuras y un largo historial de proyectos frustrados. La Contraloría detectó irregularidades en los expedientes de remodelación, los arbitrajes legales paralizaron los intentos de inversión y, en medio de la inacción municipal, la promesa de rehabilitación quedó en nada. En la práctica, el coliseo ya no funciona como espacio público para el deporte ni para la cultura, sino como una evidencia más del deterioro institucional y del abandono que marcan la gestión de Canales.

El espejo roto de la gestión

El “monstruo de Armendáriz” se ha convertido en metáfora de la gestión de Carlos Canales: promesas vistosas, ejecución deficiente, cuestionamientos constantes. Porque no fue el único frente de críticas.

Desde 2024, la Contraloría y medios de investigación alertaron sobre licitaciones sospechosas en la municipalidad. Empresas recién creadas, sin experiencia, con vínculos familiares o personales con funcionarios y empresarios cercanos al alcalde, obtuvieron contratos millonarios. Casos como los de Moore Construcciones o MA & CA Asociados E.I.R.L. generaron indignación: firmas constituidas poco antes de adjudicarles proyectos de alto presupuesto, algunas con sanciones o deudas previas. La prensa reveló además conexiones con Mario Neumann, empresario vinculado a Canales, que habría favorecido a empresas como Roentiz SAC y Trust Servicios Generales.

Las consecuencias de esas adjudicaciones se vieron en las calles. La remodelación de la avenida Comandante Espinar, con un presupuesto de 10.9 millones de soles, terminó siendo señalada como un desastre: ciclovías inconexas, semáforos fuera de servicio, veredas estrechas, áreas verdes reducidas. Obras similares en las avenidas Bolognesi, Porta y Varela fueron cuestionadas por su baja calidad y por estar en manos de consorcios relacionados con los hermanos Crucinta, un apellido que empezó a sonar en cada denuncia vecinal sobre favoritismo.

El frente cultural y la represión simbólica

Si el urbanismo de Canales levantaba sospechas, su política cultural levantaba alarmas. A pocos meses de asumir, su gestión cerró espacios comunitarios, galerías al aire libre y skateparks bajo el argumento de “ordenar el espacio público”. El caso más emblemático fue el cierre temporal del Lugar de la Memoria (LUM), justo cuando se iba a presentar un informe de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos en Perú. La medida fue interpretada como un gesto de censura.

Artistas y colectivos denunciaron además hostigamiento constante: trámites burocráticos imposibles para obtener permisos, fiscalizadores que impedían actuaciones callejeras, restricciones en parques y plazas. En redes sociales, vecinos señalaban que en Miraflores ya no se podía grabar libremente ni hacer presentaciones artísticas sin ser hostigados. “Cualquier goce del espacio público está vigilado y sancionado”, escribió un usuario, describiendo la sensación de vivir en un distrito asediado por fiscalizadores más que por delincuentes.

El descontento en las calles

El acumulado de críticas derivó en movilización vecinal. En junio de 2024, vecinos iniciaron formalmente el proceso de revocatoria contra el alcalde. Argumentaron inseguridad creciente, baja ejecución del presupuesto, contratos cuestionados, falta de transparencia y represión cultural. La ONPE entregó los planillones y desde entonces las protestas se volvieron frecuentes.

En varias ocasiones, centenares de ciudadanos marcharon por Miraflores con pancartas, intervenciones artísticas y hasta una figura gigante de rata como símbolo de la corrupción y el malestar. En una de esas protestas, más de 500 personas exigieron la renuncia de Canales. La prensa recogió el clima de indignación y lo describió como un fenómeno inusual en un distrito acostumbrado a alcaldes más bien discretos y técnicos.

Lejos de aquietarse, el descontento se intensificó en 2025, cuando el puente fue inaugurado en medio de protestas. Para muchos vecinos, el “Puente de la Paz” se había convertido en el “monstruo de Armendáriz”, una obra que simbolizaba no la integración, sino la distancia entre la autoridad municipal y la ciudadanía.

Carlos Canales llegó a la alcaldía de Miraflores con el discurso de ordenar el distrito y potenciarlo como destino turístico. Dos años después, su nombre está más asociado a las denuncias de corrupción, a las obras deficientes y a la confrontación con vecinos y artistas. El puente que debía ser emblema de modernidad terminó convertido en un símbolo del malestar: un monstruo de fierro que divide más de lo que une.

La historia de su gestión sigue abierta. Pero lo que ya es evidente es que Miraflores, un distrito que alguna vez se presentó como vitrina de la ciudad moderna, hoy vive atrapado entre promesas incumplidas, contratos sospechosos y un clima de desconfianza. Y en el centro de esa historia, como cicatriz en el paisaje urbano, queda el puente de Armendáriz, recordándole a la ciudad que a veces las obras no construyen, sino que rompen.