El expediente vigente contra Patricia Benavides

La restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema, ordenada esta semana por la JNJ, reaviva las alarmas en defensa de la integridad del Ministerio Público. Aunque se ampara en presuntas fallas de procedimiento en su destitución, el fallo no despeja los graves cuestionamientos que la rodean. Por el contrario, su regreso agrava la crisis institucional: no se trata solo de una figura polémica, sino de una funcionaria investigada por encabezar una red de corrupción desde la cúspide del sistema judicial.  Este hecho es visto como una victoria de los sectores conservadores del Congreso, muchos de los cuales han sido señalados por mantener vínculos opacos con Benavides.

Una destitución con fundamento ético y legal

Patricia Benavides fue destituida el 22 de mayo de 2024 por la propia Junta Nacional de Justicia, tras una investigación interna que concluyó que cometió faltas muy graves en el ejercicio de su cargo. La más grave: haber intervenido de forma directa en investigaciones fiscales que comprometían a su entorno más cercano, incluyendo a su hermana, la jueza superior Enma Benavides Vargas, acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos.

Uno de los hechos más escandalosos fue la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien lideraba la investigación contra Enma. Benavides argumentó una supuesta baja productividad, aunque el informe técnico de la JNJ, elaborado por la magistrada Inés Tello, concluyó que esa justificación era falsa. Se trató, más bien, de una maniobra para apartar a una fiscal incómoda. Este acto, por sí solo, bastó para encender las alarmas sobre abuso de poder y conflicto de intereses.

La "Operación Valkiria V": la red criminal que sacudió la Fiscalía

En noviembre de 2023, el equipo fiscal Eficcop, liderado por Marita Barreto, hizo pública una investigación bajo el nombre de “Operación Valkiria V”. El contenido fue explosivo: chats entre asesores de Benavides y parlamentarios revelaban coordinaciones para manipular votaciones en el Congreso, a cambio de favores judiciales. Uno de los protagonistas de esta red fue Jaime Villanueva, entonces asesor de confianza de la fiscal, quien no solo admitió haber sido intermediario, sino que aportó pruebas clave para la Fiscalía.

Las imputaciones fueron claras: Patricia Benavides habría encabezado una organización criminal al interior del Ministerio Público, cuyo fin era garantizar impunidad a congresistas a cambio de apoyo político. Se trataba de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad desde la cúpula misma del sistema judicial. Pocos casos han descrito con tanta crudeza el maridaje entre política y justicia. Ante estas graves denuncias, Benavides no ofreció explicaciones claras: guardó silencio sobre los chats, no desmintió a su exasesor Jaime Villanueva con pruebas y redujo su defensa a un discurso de persecución política.

Nepotismo descarado y encubrimiento familiar

Pero los vínculos turbios no se limitan a los chats. El caso de Enma Benavides sigue siendo un emblema de cómo Patricia utilizó el poder fiscal para blindar a su familia. Enma fue investigada por liberar a narcotraficantes a cambio de pagos ilegales. Y aunque la evidencia era contundente, fue precisamente bajo la gestión de su hermana que la investigación perdió fuerza. El retiro de la fiscal Revilla selló esa jugada.

El conflicto de intereses fue evidente, pero Patricia Benavides nunca se inhibió ni mostró intención de preservar la imparcialidad del proceso. Lejos de ello, desplegó mecanismos internos para silenciar la investigación. A los ojos de la ciudadanía, aquello fue nepotismo en su forma más cruda. Y, sin embargo, nada ocurrió. Hasta hoy, el caso sigue sin una resolución firme.

¿Títulos académicos inexistentes?

En abril de 2023, la JNJ abrió otra investigación contra Benavides: esta vez por presunta falsedad en sus títulos de maestría y doctorado. La Universidad Alas Peruanas admitió que no conserva copia de sus tesis, mientras que la Sunedu y la USMP señalaron no tener registros suficientes que acrediten sus grados. Consultada al respecto, Benavides respondió: “No seré yo quien entregue el producto de largos meses de intenso trabajo, para que hagan escarnio de él”.

Una declaración que buscaba evadir una pregunta básica: ¿dónde están sus trabajos académicos? La sospecha de que sus títulos fueron fabricados no ha sido desmentida hasta hoy con documentación concreta. La investigación sigue abierta, pero el daño ya está hecho. Para muchos, el ascenso de Benavides no fue producto del mérito, sino de una simulación cuidadosamente construida.

Opacidad en viajes y uso de fondos públicos

A las acusaciones anteriores se suman al menos diez viajes internacionales realizados por Benavides durante su gestión, sin que existan registros claros de sus fines institucionales. El más polémico: un viaje al Vaticano, con un costo de más de 16 mil soles, sin agenda oficial ni informe de actividades. Benavides afirmó haber sostenido una audiencia papal, pero nunca presentó evidencia de esa reunión ni precisó si fue coordinada por la Cancillería peruana.

¿Qué significa su retorno?

La reincorporación de Patricia Benavides no cierra una etapa, la reabre. Aún no ha reasumido formalmente como Fiscal de la Nación, pero ya ha recuperado su plaza de fiscal suprema. La posibilidad de que intente regresar a la cúpula del Ministerio Público no es remota, y de concretarse, empujaría al sistema judicial hacia una nueva crisis. En un contexto donde la ciudadanía reclama justicia, su retorno simboliza lo contrario: la confirmación de que el poder puede ser ejercido sin rendición de cuentas, incluso por quienes tienen el mandato de perseguir el delito.