El Congreso peruano legisla a favor del crimen organizado. Y este informe lo prueba

En 2024, el país alcanzó el pico más alto de homicidios en más de siete años, con la mitad de los asesinatos ligados a sicarios, y las denuncias de extorsión siguen disparadas. Pero la verdadera noticia es otra: un Congreso que, lejos de combatir estos flagelos, ha desmantelado los mecanismos legales para enfrentarlos, según un informe de Human Rights Watch.

Más de la mitad de los congresistas peruanos están siendo investigados por corrupción u otros delitos

Según los hallazgos de Human Rights Watch, más de la mitad de los congresistas están actualmente bajo investigación penal por delitos de corrupción, lavado de activos, organización criminal, rebelión, abuso de autoridad, homicidio, colusión y peculado, reflejando una realidad política corrosiva capaz de desfigurar la legitimidad del sistema democrático. 67 legisladores acumulan, solo ellos, 729 imputaciones individuales. Estos escándalos, sumados a otros casos de congresistas vinculados al narcotráfico y la trata, han devastado la confianza ciudadana. Para marzo de 2025, el 95% de los peruanos manifestaba una opinión desfavorable del Congreso, cifra que marca un récord de desprestigio y revela el profundo divorcio entre la ciudadanía y sus representantes.

Este escenario es resultado, en parte, de reformas constitucionales recientes. Tras el referéndum de 2018 que suprimió la reelección inmediata y mantuvo el sistema unicameral, especialistas advirtieron que el nuevo marco incentivaría la búsqueda del beneficio personal en un único periodo de cinco años, ahondando la crisis de integridad. En 2024, el Congreso, desafiando el mandato popular, restableció la reelección con la esperanza de revertir su propio aislamiento, pero esa medida llegará demasiado tarde para restaurar la confianza perdida

Leyes a medida de la impunidad

El Congreso —cuyo propio historial legal resulta alarmante— dedicó los últimos años a erosionar intencionalmente el marco normativo que permite a fiscales y jueces investigar y sancionar el crimen organizado. Human Rights Watch identificó y revisó 88 disposiciones legales adoptadas desde diciembre de 2022, hallando que la mayoría de ellas debilitaron los sistemas de control, beneficiaron intereses privados y obstaculizaron la protección del medio ambiente.

Entre las reformas más graves destacan:

Limitaciones a la cooperación eficaz: Mediante leyes como la 31990, se recortaron drásticamente los plazos para que los delatores pudieran colaborar con la justicia y se instituyeron sanciones penales por la filtración de información, asfixiando así uno de los mecanismos más potentes para desarticular bandas y descubrir redes de corrupción.

Redefinición del crimen organizado: La Ley 32138 reformuló el tipo penal y excluyó los delitos de corrupción del ámbito de crimen organizado, dificultando así la labor contra redes de funcionarios corruptos aliados a organizaciones delictivas.

Obstáculos inéditos para los allanamientos y registros: Se estableció que toda diligencia de allanamiento o registro domiciliario debe contar obligatoriamente con la presencia del abogado defensor del imputado. En caso de ausencia del abogado particular, se asigna un defensor público. Esta medida, justificada con el argumento de evitar la indefensión, ha facilitado que investigados puedan preparar su defensa o destruir pruebas en coordinación con sus abogados, añadiendo trabas antes inexistentes para la obtención de evidencias en investigaciones clave.

Restricción de la detención preliminar judicial: En diciembre de 2024, una ley limitó la capacidad de los jueces de ordenar detenciones preliminares fuera de flagrancia, lo que paralizó numerosas investigaciones complejas de corrupción y crimen organizado. A raíz de la presión social y de las propias instituciones anticorrupción, esta restricción fue revertida en marzo de 2025, restableciendo la facultad para dictar detenciones preliminares en casos donde existan sospechas fundadas y peligro procesal más allá de la flagrancia.

También se adoptaron o reformaron leyes que:

Obstaculizan la extinción de dominio, restringiendo la incautación de bienes provenientes de actividades ilícitas hasta que haya sentencia firme.

Exoneran a partidos políticos de responsabilidad penal, generando un incentivo a la infiltración de fondos ilegales para campañas.

Legalizan la destrucción ambiental pasada y permiten regularizar la minería ilegal, limitando las posibilidades de persecución penal contra quienes deforestaron o destruyeron bosques a gran escala bajo la promesa de una formalización futura con criterios poco claros.Un Estado ausente y una población sin defensa

El informe no se detiene solo en el Congreso: el gobierno de Dina Boluarte ha sido mayormente pasivo. Su principal respuesta a la inseguridad ha sido la declaración de “estados de emergencia”, que suspenden derechos constitucionales… pero no han dado resultados. Los homicidios no han bajado, la violencia se incrementa y la extorsión se ha vuelto endémica en todas las regiones.

Minerales, oro y crimen ambiental

La minería, pilar económico del Perú, se ha visto cada vez más infiltrada por la ilegalidad. Se calcula que la mitad del valor de las exportaciones de oro en 2024 provino de actividades ilegales, generando más de 6,800 millones de dólares en 2024. El mercurio contamina los ríos y las comunidades amazónicas viven bajo el asedio de mafias y la corrupción de autoridades.

Periodistas y activistas, bajo amenaza

La persecución y hostigamiento a periodistas y organizaciones civiles se profundizó a través de campañas de desprestigio, amenazas legales y aprobaciones de normas “anti-ONG”. El caso de Gustavo Gorriti, sometido a investigación judicial, es solo la punta del iceberg. Defensores ambientales e indígenas enfrentan intimidaciones, violencia y asesinatos mientras el Estado permanece indiferente: solo entre 2020 y 2023, al menos 19 defensores del ambiente y el territorio fueron asesinados—en ningún caso hubo una investigación ni condena ejemplar.

¿Qué leyes agravaron la crisis?

Ley	Fecha	Descripción y Efecto Principal	Estado Actual
Ley N° 31751	mayo 2023	Reduce los plazos de prescripción en delitos de corrupción, facilitando la impunidad y aumentando sobreseimientos.	Vigente
Ley N° 31990	octubre 2023	Recorta plazos y restringe la colaboración eficaz en casos de crimen organizado y corrupción, penaliza filtraciones y limita el uso de herramientas clave para delaciones y confesiones.	Vigente
Ley N° 32138	febrero 2024	Modifica el concepto de “crimen organizado” en el Código Penal, excluye delitos de corrupción, obstruyendo la aplicación de herramientas procesales e investigativas.	Vigente
Ley N° 32108	febrero 2024	Exige presencia obligatoria del abogado defensor en allanamientos y registros domiciliarios; si el defensor particular no asiste, interviene un defensor público.	Vigente
Ley N° 31973	diciembre 2023	Facilita la regularización de la deforestación ilegal previa y excluye tierras agrícolas de regulación forestal, frenando procesos penales contra responsables de daños ambientales.	Vigente
Ley N° 32054	enero 2024	Exonera a partidos políticos de responsabilidad penal, permitiendo financiamiento ilícito en campañas sin consecuencias para las organizaciones.	Vigente
Ley N° 32181	diciembre 2024	Restringió la detención preliminar judicial solo para casos de flagrancia, paralizando investigaciones complejas de crimen organizado y corrupción.	Derogada (marzo 2025)
Ley N° 32255	marzo 2025	Restituye la posibilidad de que jueces ordenen detención preliminar judicial cuando existan indicios razonables y peligro de fuga u obstaculización, incluso sin flagrancia.	Vigente
Ley N° 32326	abril 2025	Permite la incautación de bienes de origen ilícito solo después de sentencia firme, dificultando el decomiso preventivo y la extinción de dominio.	Vigente
Ley N° 32301 (Ley “anti-ONG”)	mayo 2025	Otorga amplias facultades al Estado para fiscalizar y sancionar organizaciones y medios que reciban fondos extranjeros, restringiendo el espacio cívico y controles independientes.	Vigente
Modificaciones al REINFO (Reg. especial minería)	2024-2025	Permite regularización fácil de mineros ilegales inscritos, impidiendo persecución penal y ambiental a grandes desforestadores y operadores informales.	Vigente

La independencia judicial, herida de muerte

El Congreso, mientras tanto, ha interpuesto mayores controles sobre el sistema judicial y órganos autónomos, debilitando los contrapesos institucionales. Ha destituido y suspendido jueces y fiscales de alto nivel mediante procedimientos sumarios y opacos, y busca ampliar aún más su poder disciplinario. Incluso organismos internacionales como la OCDE presionan ahora para exigir garantías de independencia judicial y separación de poderes antes de aceptar la adhesión de Perú.

El drama humano: pobreza y éxodo

A esta asfixia institucional se suma un contexto social devastador:

La pobreza alcanza el 27.6% de la población y la extrema el 5.5% en 2024.

Más de 180,000 peruanos emigraron en 2023; la cifra en 2024 ronda las 160,000 personas.

El 76% de los jóvenes entre 18 y 25 años quiere dejar el país por falta de oportunidades.

¿Puede la presión internacional cambiar el rumbo?

Frente a este dramático panorama, Human Rights Watch exige la derogación inmediata de todas las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen organizado y la corrupción: desde la restricción de la cooperación eficaz, pasando por la redefinición de los delitos como “crimen organizado”, los impedimentos a los allanamientos efectivos, la exigencia de presencia de abogado en diligencias críticas, hasta el restablecimiento de plenas facultades para la detención preliminar de sospechosos fuera de flagrancia. Reclama, además, garantías plenas para periodistas, defensores y organizaciones civiles.